Jové se niega a hacer una prueba de caligrafía para determinar su papel en el procés

El diputado de ERC en el Parlament y exsecretario de Vicepresidencia, Josep Maria Jové, no reconoce como suyos el manuscrito de la agenda Moleskine ni la presentación de Power point que presuntamente esbozaban la hoja de ruta del procés, y se ha negado a someterse a una prueba caligráfica que aclare si elaboró el guion del proceso independentista.  Según han informado fuentes jurídicas, Jové, uno de los detenidos en la operación que el juez ordenó el 20 de septiembre de 2017 contra la preparación del referéndum, ha declarado este viernes como investigado ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Maria Eugènia Alegret, por su papel en la organización del 1-O, informa Efe.

En el interrogatorio, Jové se ha acogido a su derecho a contestar solo a las preguntas de su defensa y se ha negado a someterse a una prueba caligráfica para determinar si las notas manuscritas de la Moleskine son de su puño y letra y a otra de reconocimiento de voz para cotejarla con las conversaciones telefónicas que le intervinieron, tal y como le ha planteado la magistrada.

El exsecretario general de la consellería que dirigió Oriol Junqueras, que fue investigado por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona hasta que su causa se remitió al TSJC tras resultar elegido diputado del Parlament en las elecciones del 21D, ha acudido a declarar arropado por Lluís Salvadó, exnúmero dos de su Departamento -también detenido el 20S-, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y el del Parlament, Roger Torrent, además de otros dirigentes de ERC y de la CUP.

El registro del domicilio de Jové proporcionó a la Guardia Civil dos documentos que han resultado claves para imputar rebelión a la cúpula independentista juzgada en el Tribunal Supremo, la presentación de Power point denominada «Enfocats» y la agenda Moleskine con anotaciones manuscritas que, según la Fiscalía, recogían reuniones del sanedrín que pilotaba el procés y establecían escenarios de una supuesta hoja de ruta unilateral a la independencia.

De esos presuntos guiones del proceso independentista se desmarcaron los líderes soberanistas, quienes en su declaración en el Tribunal Supremo desdeñaron su contenido y adujeron que se trataba de documentos apócrifos. En la misma línea de defensa se ha situado hoy Jové, al no reconocer los documentos intervenidos por la Guardia Civil en su domicilio y negarse a someterse a una prueba pericial caligráfica propuesta por la magistrada para determinar si es el autor de las anotaciones sobre el procés.

La defensa del exsecretario general de Economía y Vicepresidencia impugna, además, la validez de los documentos que la Guardia Civil se incautó en su despacho de la consellería el 20S, en un registro al que no asistió ni el propio Jové ni su abogado. El exnúmero dos de Economía, que fue detenido por la Guardia Civil a primera hora de la mañana y conducido para presenciar los registros ordenados por el juez, desistió de asistir al de su despacho en la sede del Departamento de Economía ya al término de la jornada del 20S, cuando miles de manifestantes se agolpaban ante el edificio en un episodio en el que la Fiscalía del Supremo basa su acusación de rebelión.

También pone en entredicho la defensa de Jové las escuchas telefónicas ordenadas por el juez -que incluyen conversaciones sobre momentos clave del proceso independentista- y rechaza que se someta al reconocimiento de voz que le ha planteado la magistrada para acreditar que sea uno de los interlocutores.

A preguntas de su abogada, el secretario general ha recalcado que cesó de su cargo el 22 de septiembre, dos días después de su detención, tras recibir un requerimiento del Tribunal Constitucional que le imponía una multa coercitiva y le prohibía seguir adelante con los preparativos del 1-O, lo que le desvincula de los momentos más cruciales del procés, como la celebración del 1-O o la Declaración Unilateral de Independencia.

Jové ha declarado ante el TSJC como imputado por malversación, desobediencia y revelación de secretos, tres de los delitos -junto a falsedad documental y prevaricación- por los que están procesados una treintena de cargos y técnicos en el juzgado de instrucción que investiga los preparativos del 1-O, una causa en la que la Fiscalía también quiere acusarlos de organización criminal.