Trapero se desmarca de Puigdemont en el juicio por el papel de los Mossos en el 1-O

La Audiencia Nacional empieza hoy a juzgar el papel de los Mossos d’Esquadra en el procés[contexto id=»381726″], por el que responderán como acusados sus máximos responsables durante el 1-O: el mayor Josep Lluís Trapero, su jefe político Pere Soler y el que fuera segundo en la Consellería de Interior, César Puig.

El mayor de los Mossos d’Esquadra Trapero ha asegurado, al inicio de su interrogatorio, que su relación personal con el entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont no era «estrecha», ni «buena ni mala». También ha asegurado que el expresidente no tuvo «nada que ver» con su ascenso al máximo rango en la policía catalana pocos meses antes del 1-O.

Trapero ha indicado que no sabía por qué los Mossos estuvieron casi una década sin mayor, pero ha precisado que entiende y comparte la tesis de Batlle de que se debía «dignificar» al máximo la función del comisario jefe para darle «autoridad» en el cuerpo. Por este motivo, ha descartado que existiese alguna «necesidad excepcional» que justificara su nombramiento, como le ha preguntado el fiscal, ya que «lo irregular» era que el cuerpo no hubiese tenido mayor durante tanto tiempo, lo que le «cuesta entender».

Ha defendido también al dispositivo de los Mossos d’Esquadra por su actuación ante la protesta contra el registro en la sede de Economía del 20S. Ha declarado que en la jornada «excepcional» del 20S optaron «en todo momento» por evitar que la situación se les «escapara de las manos». Ha negado que hubiese «pasividad» en la actuación de los Mossos y ha justificado su estrategia.

«Si nos equivocamos, no lo sé, pero, si se nos hubiese escapado de las manos, a lo mejor lo estaríamos lamentado», ha apuntado Trapero, que ha asegurado que actuaron «con la mejor de las voluntades» y ha lamentado que la Guardia Civil no les avisara de que ese día iban a practicar más de 40 actuaciones simultáneas que requerirían la movilización de efectivos de orden público.

Sobre la legalidad de esas concentraciones, ha asegurado que desconocía si estaban o no autorizadas y también ha dicho que tampoco supo de los llamamientos a concentrarse a través de las redes sociales para impedir la labor de la comitiva judicial.

El fiscal le ha preguntado también sobre el papel de Jordi Sànchez, expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y que ha sido condenado a 9 años cárcel por el Supremo, y ha admitido que se erigió en una especie de mediador, si bien ha afirmado que sólo le conocía de una o dos reuniones cuando era adjunto al Síndic de Greuges y ha negado cualquier otro tipo de relación personal con él.

«Era una de las voces cantantes de la independencia, por lo que sale por la tele cada día», ha precisado Trapero, al ser preguntado si sabía de quién se trataba, aunque ha dejado claro que no impuso «ninguna condición» a la policía en su dispositivo el 20S.

Los tres se sentarán en el banquillo por un delito de rebelión, por el que la Fiscalía pide a cada uno 11 años de cárcel, mientras que una cuarta acusada, la intendente de los Mossos Teresa Laplana, se enfrenta a cuatro años de cárcel por sedición por su actuación durante el cerco a la Consellería de Economía el 20 de septiembre de 2017 con motivo de un registro judicial para frenar el 1-O.

La principal incógnita con la que comienza este juicio es si la fiscalía modificará su acusación de rebelión después de que el Supremo descartara condenar por ese delito a los impulsores políticos del procés, en contra del criterio del ministerio público. En su escrito de conclusiones provisionales, la fiscalía relata cómo entre septiembre y octubre de 2017 los acusados «constituyeron una pieza clave para, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los tribunales de Justicia con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista».

En ese plan, dice el escrito, cobró especial relevancia el papel desempeñado por los Mossos d’Esquadra, «imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum, dedicándose a funciones impropias de un cuerpo policial como fue la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y en algunos casos, incluso, oponerse físicamente».