El Gobierno transpone la directiva europea de derechos de autor para «corregir desequilibrios»

El Gobierno ha aprobado la transposición de la directiva europea de Derechos de Autor en el entorno digital que «corrige algunos desequilibrios para los titulares de derechos en el mercado con la aparición de intermediarios».

«Se tiene en cuenta el comportamiento de usuarios y se corrigen algunos desequilibrios con la aparición de intermediarios en el entorno digital, que han provocado en el mercado algunos prejuicios para titulares de derechos de autor», ha señalado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Rodríguez ha añadido que se trata de «sumarse» al resto de estados miembros de la UE para que los contenidos digitales «ganen oportunidades para competir en un mercado único digital». «Con esto, damos respuesta a demandas del sector cultural», ha indicado.

Una de las principales medidas aprobadas por el Real Decreto es que se permitirá a cada de editor y titular de derechos gestionar sus derechos de autor, bien de manera individual mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio.

En cuanto a la protección de las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos digitales, el Real Decreto-ley reconoce un nuevo derecho conexo para editores y autores de prensa. También se regula la actividad consistente en la reproducción de un fragmento de la publicación (snippet) por parte de agregadores de contenido/noticias, para su posterior puesta a disposición en sus propias páginas o plataformas.

La negociación de las autorizaciones a los agregadores de contenido para la utilización de estos materiales se realizará de acuerdo con «los principios de buena fe contractual, diligencia debida, transparencia y respeto a las reglas de la libre competencia, excluyendo el abuso de posición de dominio en la negociación».

Además, el Real Decreto-ley establece una serie de normas que pretenden garantizar que los autores y artistas intérpretes o ejecutantes obtengan «una remuneración adecuada y proporcionada» por la cesión de sus derechos.

Investigadores y docentes

Así, se podrán establecer los denominados límites o excepciones a los derechos exclusivos de carácter patrimonial. El texto contempla una excepción en beneficio de organismos de investigación e instituciones responsables del patrimonio cultural, para que puedan llevar a cabo, con fines de investigación científica, minería de textos y datos de obras u otras prestaciones a las que tengan acceso lícito.

Para aquellos casos distintos, se prevé la posibilidad de que el titular de derechos de la obra afectada establezca una reserva de derechos y, en este caso, se requerirá una licencia. Ninguno de los dos límites anteriores lleva aparejado una remuneración a favor de los titulares de derechos.

Se permitirá el uso digital de obras y prestaciones a efectos de ilustración con fines educativos, en centro de enseñanza reconocido por un Estado miembro, independientemente del nivel educativo, en la medida en la que los usos se justifiquen por la finalidad no comercial de la actividad docente.

También posibilita a las instituciones responsables del patrimonio cultural la reproducción con fines de conservación de obras que se encuentren permanentemente en sus colecciones.

Por último, se prevé que las entidades de gestión colectiva puedan conceder licencias de derechos de autor no exclusivas, con fines no comerciales, para la reproducción, distribución o comunicación pública, cuando se encuentren de forma permanente en la colección de una institución de patrimonio cultural.

Precisamente, la semana anterior el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, destacó que «desde luego» España no se va a separar del consenso europeo, ya que, en sus palabras, «se tardaron cinco años» en establecer el consenso europeo, por lo que van a «aprovechar el camino que ya se emprendió».

Retraso en la aplicación

España no ha transpuesto en el plazo previsto esta directiva europea, cuya fecha dada por Bruselas era del 7 de junio de 2021. El anterior ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, justificó este retraso en parte por estar a la espera de que la Comisión Europea diera unas orientaciones generales para todos los países.

A principios del pasado mes de octubre, el propio Iceta ya adelantó que la trasposición de la directiva europea de la propiedad intelectual en el mercado digital no supondrá «una gran revolución» para los derechos de autor.

Así, la propuesta se centrará en los agregadores de noticias que afectan especialmente a la prensa escrita y digital. «Parece que tuviésemos que hacer una gran revolución en todos los derechos de autor, pero no, nos vamos a centrar en lo que es el mandato de la UE», explicó entonces el ministro.

Iceta defendió también la necesidad de «romper una lanza por los creadores que pretenden vivir de su creación y los derechos de autor». «Combatir la piratería y hacer que las personas que nos han regalado a todos la creatividad puedan tener un justo retorno», señaló Iceta, quien insistió en que «quien no paga derechos de autor está privando a todos de un presente y un futuro». La transposición de esta directiva ha generado confrontación en distintos sectores, que han reclamado introducir algunas medidas.