La muerte de dos menores que estaban siendo utilizados como escudos humanos por el Ejército de Birmania durante combates con una guerrilla en el oeste del país es parte de una «larga historia de uso de niños en conflictos armados», ha denunciado la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
En contexto: el suceso ocurrió el pasado 5 de octubre en el conflictivo estado de Arakán (al oeste del país), donde un grupo de soldados obligó a varios campesinos a caminar delante de ellos para que despejaran el terreno de minas y actuaran como escudos humanos cuando estalló un tiroteo con la guerrilla del Ejército de Arakán (AA) en el que los dos niños murieron en el fuego cruzado.
«Es deplorable usar civiles inocentes de esta forma y, sobre todo niños. Birmania tiene que exigir públicamente a sus Fuerzas Armadas que dejen de emplear estas repugnantes prácticas y enjuiciar a quienes las lleven a cabo», ha señalado Manny Maung, investigadora de HRW en Birmania.
En un comunicado publicado el pasado miércoles, HRW denuncia que «este incidente reciente muestra que el Tatmadaw (el Ejército birmano) continúa usando a niños en hostilidades», a pesar de que en junio el secretario general de la ONU decidió eliminarlo de su «lista de la vergüenza» anual, que incluye a los países que perpetran violaciones de los derechos humanos contra niños.
A finales de octubre, las Fuerzas Armadas birmanas anunciaron que investigarían las muertes de los dos jóvenes, cuya identidad no ha transcendido, aunque se sabe que pertenecen a la perseguida etnia rohinyá. Sin embargo, Manny Maung ha señalado que «el Ejército se ha abstenido en repetidas ocasiones de llevar a cabo investigaciones imparciales e independientes cuando sus soldados han sido acusados de violaciones de los derechos humanos».
Arakán es el escenario desde hace dos años de una encarnizada guerra entre las Fuerzas Armadas y el AA, guerrilla etnonacionalista que lucha por la autonomía de los rakáin, etnia predominantemente budista y mayoritaria en el estado, conflicto que ha desplazado a decenas de miles de civiles de sus hogares.
Los rohinyás, etnia a la que pertenecían los niños asesinados, son una minoría predominantemente musulmana a los que en su mayor parte el Gobierno arrebató la ciudadanía a principios de los noventa y ha sometido durante décadas a un régimen de discriminación por considerarlos inmigrantes ilegales de Bangladés, a pesar de haber vivido en el país por generaciones.
En 2017, el Ejército birmano lanzó una operación militar contra los rohinyás que provocó el éxodo de más de 730.000 personas de esta etnia a Bangladés, donde permanecen en el mayor campo de refugiados del mundo, y por la que Birmania se enfrenta a la acusación de genocidio en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.