La organización internacional Human Rights Watch ha denunciado este miércoles que las condiciones del campamento para inmigrantes del muelle de Arguineguín (Gran Canaria) «no respetan la dignidad de esas personas ni sus derechos básicos», y tampoco «representan bien a España».
Por qué es importante: esta ONG no solo critica el hacinamiento e insalubridad que su representante observó en el muelle de Arguineguín cuando había la mitad de acogidos que en la actualidad, sino que advierte además sobre otras vulneraciones de derechos, que conciernen a la asistencia jurídica o la información sobre el derecho de asilo.
En un informe publicado en su web tras la visita que realizó a Gran Canaria la semana pasada su directora para Europa, Judith Sunderland, HRW reconoce los esfuerzos y «la buena intención» de quienes trabajan en ese campamento de primera acogida, pero subraya que las condiciones del muelle son «completamente inadecuadas» y hacen imposible guardar las precauciones básicas frente al coronavirus.
«Improvisar un campamento de recepción e identificación en un muelle nunca fue una buena idea y, en este momento, el caos que existe en él representa una amenaza real para los derechos de estas personas, su salud y su seguridad. Los tiempos son difíciles, pero España puede y debería ofrecer una respuesta humana a las personas que llegan a sus costas», asegura Sunderland, que pide a España que busque «rápidamente» una alternativa a Arguineguín.
En su informe, recuerda que ese campamento fue montado originalmente para albergar a unas 400 personas mientras se les tomaba la filiación y se les hacían las pruebas de coronavirus. Sin embargo, alojaba a 835 personas cuando ella visitó Arguineguín y llegó a tener en sus tiendas a más de 2.000 tras los rescates del pasado fin de semana, cuando se batieron los récords históricos de llegadas a Canarias en 48 horas.
En primer lugar, subraya que, de acuerdo con las leyes españolas, ese período de primera retención de los inmigrantes llegados de forma irregular a la costa no puede superar las 72 horas, pero en Arguineguín hay personas que han pasado allí hasta dos semanas. Sunderland cita, en concreto, a dos mujeres de Mali que le mostraron pruebas de que llevaban en el muelle desde el 22 de octubre, durmiendo sobre el suelo y con la única protección de una carpa, o de varios jóvenes ya transferidos a complejos turísticos que le dijeron que habían pasado hasta diez días en el puerto.
Sobre las condiciones del campamento, relata que está conformado por 14 tiendas con capacidad para 30 o 40 personas, cada una de ellas con un baño químico. No obstante, con aforos como el que se produjo este fin de semana, de más de 2.000 personas, el ratio de ocupantes por tienda o baño es mucho mayor. «Mantener la distancia social es virtualmente imposible», constata esta directiva de HRW, que asegura haber hablado con dos mujeres que habían dado positivo en las pruebas PCR, pero todavía compartían tienda con otras inmigrantes y algunos niños.
Tampoco hay camas, añade, sino que cada inmigrante tiene que arreglárselas para dormir con las dos mantas que le proporciona la Cruz Roja: una para extenderla sobre el suelo y otra para cubrirse.
HRW advierte también sobre los defectos que ha apreciado en la información que reciben los inmigrantes a su llegada: se les entrega la orden de expulsión, ha constatado, pero «sin información clara y en su lengua que puedan comprender y sin acceso a un abogado«. «La mayoría de los entrevistados no entendían el significado de ese documento, no recuerdan haber recibido una explicación en su lengua que pudieran entender, ni tampoco pudieron hablar con un abogado antes de que les pidieran que lo firmaran», añade.
Además, Sunderland denuncia que ninguna de los inmigrantes con los que habló «recibió información de la Policía o de cualquier otra persona sobre su derecho a solicitar asilo». HRW reconoce que la mayoría de las pateras son rescatadas por un servicio público, como es Salvamento Marítimo. A pesar del «infatigable esfuerzo» de sus tripulaciones, apunta su directora para Europa, la ruta migratoria desde África a Canarias «se ha convertido rápidamente en la más peligrosa del mundo«, con más de 600 muertos o desaparecidos en lo que va de año, según ACNUR.