La Segunda Enmienda: el derecho a portar armas en Estados Unidos

Uno de los rasgos más característicos de la política y de la sociedad estadounidense es el hecho de que sus leyes reconocen el derecho de los ciudadanos a portar armas. Se trata de una cuestión que puede antojarse sorprendente en pleno siglo XXI, pero que está profundamente enraizada en la historia de Estados Unidos.

Y es que el derecho a ir armado quedó consagrado en la idiosincrasia americana casi desde su misma génesis legislativa. Sólo cuatro años después de la aprobación de la Constitución de Estados Unidos, una serie de diez enmiendas, conocidas como el Bill of Rights, se añadieron para completar el texto. Pues bien, la Segunda Enmienda establece que se protegerá el derecho de los ciudadanos “to keep and bear arms” (a tener en propiedad y a portar armas).

Pero las tablas de la ley de la Constitución no son el único lugar donde el derecho a ir armado quedó cincelado. La pervivencia de esta costumbre tampoco podría entenderse sin tener presente la corta historia de Estados Unidos y, en concreto, el periodo correspondiente a la conquista del oeste americano. Y es que el avance colonizador hacia el salvaje oeste no puede explicarse sin el Colt 45 y el Winchester 73.

Junto con la propia Guerra de la Independencia, esta etapa ha pasado a formar parte del mito de la fundación de Estados Unidos. Un relato que, además, ha quedado reforzado gracias a la capacidad del cine de influir en el imaginario colectivo. Y no hay género más clásico en el séptimo arte americano que el wéstern.

Un problema cotidiano y crónico

No obstante, el asunto de las armas en Estados Unidos dista mucho de ser algo meramente folclórico. El país norteamericano tiene a todas luces un problema que se pone de manifiesto cada vez que un desequilibrado provoca una masacre en la calle, en un bar o en un instituto.

Durante casi doscientos años, la Segunda Enmienda no tuvo especial relevancia en la opinión pública, pero los asesinatos del presidente Kennedy (1963), de su hermano Robert (1968) y de Martin Luther King (1968) hicieron surgir el debate sobre el control de armas.

Claro que los magnicidios son sólo la punta del iceberg. Según una investigación de The Washington Post, desde el año 1966 se han producido en Estados Unidos 189 tiroteos masivos (de cuatro o más víctimas) que se han saldado con un total de 1.246 muertos. Esto supone de media un tiroteo cada cuatro meses. El peor de ellos se produjo el 1 de octubre de 2017, cuando un hombre desató el infierno durante el festival de música Route 91 que se celebraba en Las Vegas. El resultado, 58 muertos y 422 heridos por arma de fuego.

Pero los tiroteos masivos, aunque copan los espacios televisivos y las portadas de los periódicos, apenas representan un 1,6% de las muertes totales por arma de fuego. El verdadero problema se traduce en los homicidios (31% de las víctimas por armas) y en los suicidios (63%), con números que superan con mucho a las estadísticas del resto de países desarrollados.

Esta tragedia silenciosa pero diaria, junto con los sonados tiroteos, ha llevado a la sociedad americana a tomar una postura a favor de poner límites a la adquisición de armas. Así pues, una mayoría de estadounidenses, tanto entre los que son dueños de un arma como entre los que no, apuesta por establecer un control más severo a la hora de la compra.

Algunas medidas que se han propuesto al respecto son hacer una comprobación de antecedentes (los llamados background checks) antes de cualquier adquisición de armas, retirar del mercado los rifles de asalto o prohibir la venta a personas con enfermedades mentales.

No obstante, casi a la par que algunos sectores de la opinión pública empezaron a abogar por la regulación en el acceso a las armas, comenzó a tomar fuerza uno de los actores más importantes en este debate, la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés). Se trata de un grupo de presión o de lobby que se presenta a sí mismo simplemente como defensor de un derecho constitucional, pero que al mismo tiempo recibe millones de dólares de los fabricantes de armas.

Con el debate tan embarrado, surge una pregunta: ¿es posible revocar la Segunda Enmienda? El artículo 5 de la Constitución de Estados Unidos recoge el procedimiento por el que el texto puede ser reformado, lo que incluiría derogar una enmienda aprobada anteriormente. No obstante, en la práctica es casi imposible que una cuestión tan sujeta a la polémica pudiera llegar a buen puerto. Esto es así porque se requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso y una de tres cuartos en entre los estados. Al menos de momento, la decisión de revocar la Segunda Enmienda no gozaría ni de lejos del consenso necesario.