La grave crisis que afronta Perú, donde gran parte de la ciudadanía rechaza al Gobierno transitorio de Manuel Merino tras la destitución de Martín Vizcarra por el Congreso muestra el hartazgo ante una clase política a la que se acusa de corrupta y de velar sólo por sus intereses particulares.
Esa opinión es compartida por peruanos de todas las edades, clases sociales y tendencias ideológicas, que exigen un cambio en el manejo de su país, inmerso además en una grave crisis sanitaria y económica por la pandemia de la covid-19.
A continuación las principales claves que explican la tensa situación que se presenta en el país sudamericano:
Legitimidad en duda
Manuel Merino de Lama, quien era presidente del Congreso, asumió este martes la jefatura del Estado en reemplazo de Vizcarra, al quien el Legislativo acusó de «incapacidad moral» tras ser denunciado por presunta corrupción, porque este no tenía vicepresidentes y en cumplimiento de lo que indica la Constitución peruana.
Estrictamente el proceso cumplió con el procedimiento legal ya que Vizcarra fue destituido con el voto de 105 de los 130 parlamentarios, aunque son numerosos los juristas, constitucionalistas y políticos que remarcan que si bien tuvo legalidad, carece de legitimidad.
Esto se explica porque la ciudadanía no acepta la decisión tomada por el Legislativo, ya que considera que Vizcarra debió concluir su mandato hasta el próximo 28 de julio para luego ser investigado y, de ser necesario, procesado por la Justicia.
En ese sentido, existen muchas voces moderadas que reconocen que el Gobierno de Merino «tiene legitimidad de nacimiento», pero una observación «objetiva» en la calle demuestra que hay miles de personas que no lo reconocen.
La defensa de la democracia
Las manifestaciones ciudadanas, que incluyen marchas, cacerolazos y bocinazos nocturnos, enfatizan que no lo hacen en defensa de Vizcarra sino «de la democracia», al considerar que el Congreso ha dado un golpe de Estado encubierto para copar el poder y cambiar normas fundamentales en el país.
Entre esos temores están que se modifique el calendario de las elecciones generales que deben celebrarse en abril del próximo año y que se cambien o anulen normas que cuentan con gran aprobación social, como la reforma de la educación universitaria.
Durante las últimas décadas, el Congreso es una de las instituciones más desaprobadas por la ciudadanía y el actual, que comenzó sus funciones en marzo pasado, está atomizado en nueve bancadas e incluso tiene legisladores no agrupados.
Por ese motivo, existe la opinión generalizada de que los actuales congresistas, que no pueden postular a la reelección en 2021, solo buscan atender sus intereses particulares y de los sectores que favorecieron su elección.
Casos concretos de corrupción
La ciudadanía considera que la defensa que hace el Congreso de la lucha contra la corrupción solo es una coartada para encubrir intereses subalternos que guían sus decisiones, que van desde la búsqueda de respaldo para sus líderes hasta beneficios económicos.
Se da el caso de que el congresista y secretario general del partido Unión por el Perú (UPP), José Vega, fue el promotor de la moción que llevó a la destitución de Vizcarra, pero este defiende la liberación de su líder, Antauro Humala, un exmilitar ultranacionalista y hermano del expresidente Ollanta Humala que cumple 19 años de prisión por una asonada golpista.
Tras la salida de Vizcarra, Vega anunció públicamente que le iba a pedir a Merino que indulte a Antauro y también dijo que se debe cambiar la Constitución peruana para incluir la pena de muerte para presidentes y políticos vinculados en casos de corrupción.
Crisis internas en los partido
El mayor ejemplo de que la crisis también se extiende al interior de los mismos partidos lo presenta Acción Popular (AP), la agrupación de Merino, que se ha dividido en pugnas internas que han llevado a que su secretario general, Mesías Guevara, desconozca al nuevo mandatario.
Guevara rechazó el voto de los integrantes de su bancada a favor de la destitución de Vizcarra y afirmó que esta medida afecta gravemente la gobernabilidad porque no ha puesto por delante la institucionalidad de su país.
Podemos Perú fue otro de los partidos que apoyaron con mayor vehemencia la salida de Vizcarra, más aún después de que la fiscalía ordenó el arresto de su fundador, José Luna Gálvez, acusado de haber corrompido a funcionarios para inscribir oficialmente a su partido.
Hartazgo ante la corrupción
En Perú la ciudadanía está harta de la corrupción que alcanza a gran parte de su clase política, una situación que estalló en el año 2000, al conocerse el gran escándalo que derribó al gobierno de Alberto Fujimori, y que volvió al primer plano en los últimos años con la investigación de los casos Lava Jato y Odebrecht.
Los peruanos han visto como todos sus expresidentes han sido comprometidos en investigaciones vinculadas con los sobornos y pagos irregulares que hizo Odebrecht para conseguir grandes licitaciones de obras públicas.
Las investigaciones fiscales han implicado a Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), a los que se ha unido en las ultimas semanas Martín Vizcarra (2018-2020), mientras que Alan García (2006-2011) se suicidó el año pasado, cuando iba a ser detenido.
Procedimientos legales paralizados
La crisis política que afronta Perú también ha mostrado la lentitud de los procedimientos legales en el país, ya que muchos afirman que se podría haber evitado si el Tribunal Constitucional (TC) se hubiera manifestado a tiempo sobre la demanda que presentada hace un mes y medio el Gobierno de Vizcarra.
Ese pedido buscaba que el máximo intérprete de la Constitución se pronunciase sobre la facultad que tiene el Congreso de destituir a un jefe de Estado por «incapacidad moral permanente», un extremo que ya se había intentado aplicar al exgobernante en septiembre pasado.
Sin embargo, Vizcarra fue sometido este lunes a un segundo juicio político bajo los mismos términos sin que se conociera el pronunciamiento del TC sobre el tema de fondo.
Ante las críticas ciudadanas y el pedido de organismos internacionales como la OEA para que se pronuncie, el TC convocó a una audiencia para ver el caso, tras lo cual señaló que no podía incumplir los plazos que ordena la ley, entre ellos dar un mes al Congreso para que responda por escrito a la demanda.
Además, se remarcó que Vizcarra no presentó ninguna nueva demanda para intentar paralizar el segundo juicio político al que iba a ser sometido, por lo que el TC no podía pronunciarse.
Aunque el TC ha manifestado su preocupación por el «ambiente político polarizado» que ahora afronta Perú, también ha dejado en claro que su pronunciamiento final sobre la «incapacidad moral» no afectará la decisión que ya tomó el Congreso contra Vizcarra, porque sus resoluciones no son retroactivas.
