La Administración Biden demanda a Texas por su ley del aborto
El diseño de la ley, que pone el peso en los ciudadanos particulares, podría reducir las opciones del Gobierno federal de ganar el litigio
El diseño de la ley, que pone el peso en los ciudadanos particulares, podría reducir las opciones del Gobierno federal de ganar el litigio
El Departamento de Justicia de Estados Unidos demanda a Texas por su nueva ley que prohíbe abortar en el estado a partir de la sexta semana de gestación, sin excepciones para los casos de incesto o violación.
El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, está bajo presión de grupos feministas y de algunos demócratas, que han pedido que el Departamento de Justicia haga todo lo posible por frenar las restricciones al acceso al aborto en el estado sureño.
La nueva ley de Texas, que entró en vigor hace una semana, ha sido bautizada por sus impulsores como «ley del latido», por ser a las seis semanas de embarazo el momento en que el corazón del feto comienza a funcionar.
Además, permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición, y ofrece indemnizaciones de hasta 10.000 dólares al demandante si gana el juicio.
Una demanda complicada
El lunes, el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, aseguró que estaba explorando de forma urgente todas las opciones para responder a la ley de Texas, con el fin de «proteger los derechos constitucionales de las mujeres y otras personas, incluido el aborto», legalizado por el Tribunal Supremo estadounidense en 1973.
Mientras tanto, afirmó que el Gobierno planea aplicar una ley federal de 1994 que protege el libre acceso a las clínicas que practiquen abortos, y castiga a quienes causen daños materiales de forma intencionada a centros que ofrezcan servicios reproductivos.
Expertos legales citados por el diario advirtieron de que la forma en la que está diseñada la ley, que pone el peso de su implementación en los ciudadanos particulares que busquen recompensas y no en las autoridades de Texas, podría reducir las opciones del Gobierno federal de ganar el litigio, porque no está claro a quién se debe demandar.
Fuente: EFE.