La Justicia belga retoma las sesiones para decidir si Valtonyc es extraditado
El rapero acude al juicio sin la posibilidad de ser extraditado hasta la próxima sesión, aún por fijar
El rapero Valtonyc en una fotografía de archivo. | (EFE)
La Justicia belga continúa hoy con los juicios en relación a la extradición del rapero mallorquín Valtonyc a España. Josep Miquel Arenas, nombre real del músico, se presentará en los tribunales tras la decisión del Constitucional belga de no contemplar el delito de injurias al Rey en relación con su caso.
En la nueva cita judicial, el tribunal de segunda instancia tendrá ya en la mano la respuesta a la pregunta prejudicial que elevó al Constitucional, que declaró contrario a la Carta Magna la defensa especial del monarca. De la vista no saldrá en principio una decisión sobre la extradición, pero sí servirá para fijar una fecha para resolver el caso del cantante balear.
En todo caso, Valtonyc, que huyó de España en junio de 2018, encara la fase final de su posible entrega a la Justicia española, que le reclama tras ser condenado por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. Su extradición ya fue rechazada en primera instancia hace ahora tres años.
El pasado mes de octubre, en respuesta al caso de Valtonyc, el Tribunal Constitucional de Bélgica declaró inconstitucional la ley belga que persigue los insultos al Rey al considerar que colisiona con la libertad de expresión. El tribunal de Gante preguntó al alto tribunal si cabía aplicar la ley sobre delitos contra la Corona de 1847. Dicha norma es incompatible con la protección constitucional a la libertad de expresión, según declaró el órgano, que afirmó que la normativa «no satisface una necesidad social urgente y es desproporcionada con el objetivo de proteger la reputación de la persona del Rey». Este fallo puede conducir a que haya cambios en la legislación belga y fue celebrada por la defensa de Valtonyc como una «victoria» y un «paso histórico» en la interpretación de la libertad de expresión en el país.
A pesar de ello, la Justicia de Bélgica considera se debería proceder a la ejecución del mandato de la entrega a las autoridades españolas porque los delitos por los que se le reclama están recogidos en el código penal belga en artículos sobre calumnia, difamación e injuria.
