El Gobierno de Filipinas prohíbe a María Ressa viajar a recoger su Nobel de la Paz
Naciones Unidas exige a Rodrigo Duterte que permita que la periodista viaje a Oslo
La periodista María Ressa durante una entrevista sobre su galardón. | Eloisa López (Reuters)
El Gobierno de Filipinas mantiene retenida en el país a la periodista María Ressa, galardonada con el premio Nobel de la Paz en 2021. Ressa tendría que viajar a la capital de Noruega, Oslo, para recoger el galardón, concedido «por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión». Sin embargo, el Ejecutivo filipino considera que existe «riesgo de fuga» por el que ha prohibido que realice el viaje.
La ONU ha señalado que «como una organización que ha recibido el Premio Nobel de la Paz» está «muy preocupada» por las restricciones de viaje impuestas a Ressa. «Instamos al Gobierno de Filipinas a que retire inmediatamente esas restricciones y le permita viajar a Oslo», donde se celebrará la entrega de premios el mes que viene, ha señalado en rueda de prensa el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric.
Ressa fue condenada en junio de este año por ‘ciberdifamación’. El fiscal general del país, José Calida, ha presentado un recurso de apelación al permiso a viajar, aprobado por el Tribunal Supremo. Calida ha reconocido que si bien el Nobel de la Paz «es un premio prestigioso» que se otorga a aquellos que han aportado algo a la humanidad, Ressa «no ha presentado ningún argumento convincente» o «evidencias que demuestren la necesidad y la urgencia de su viaje a Oslo».
La periodista visitó la semana pasada la ciudad de Boston, en Estados Unidos, para participar en una serie de conferencias. Aunque tenía previsto desplazarse de vuelta a Filipinas, la periodista solicitó a las autoridades modificar su itinerario de viaje para poder ir a Oslo de manera directa desde Estados Unidos.
Ressa, muy crítica con el Gobierno de Rodrigo Duterte
Ressa participó en 2012 en la fundación del portal Rappler, crítico con el Gobierno de Rodrigo Duterte y con algunas de sus políticas, como su guerra contra las drogas, investigada por la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI). La Policía filipina ha acabado con la vida de unas 30.000 personas según las organizaciones en favor de los derechos humanos cuando intentaba acabar con el narcotráfico en el país.
La periodista fue condenada en junio de 2020 junto a su compañero de profesión Reynaldo Santos por un artículo publicado en este medio en mayo de 2012 en el que se relacionaba al empresario y demandante Wilfredo Keng con el tráfico de personas y el contrabando de drogas.
Aquel texto se publicó cuatro meses antes de que el Gobierno promulgara una ley contra la ‘ciberdifamación’ en septiembre de 2019, lo que ha generado las críticas de varias organizaciones de prensa y de Derechos Humanos al considerar que la legislación es un nuevo intento de silenciar a periodistas y críticos de Duterte.
