El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, procesado por espionaje ilegal
La Justicia considera que el exmandatario elaboró una red para influir en la opinión pública
El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, durante una conferencia de su partido. | Esteban Osorio (Europa Press)
El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, ha sido procesado por espionaje ilegal a las familias de los afectados por el accidente del ARA San Juan. Macri tiene prohibido abandonar el país, aunque ahora se encuentra en Chile de visita oficial al presidente Sebastián Piñera, por lo que la sanción se iniciará cuando regrese.
El juez argentino Martín Bava, al frente de la investigación, considera que el Gobierno del que fuera el líder del país ordenó a sus servicios de inteligencia el espionaje a los familiares de las víctimas del submarino, por lo que ha encontrado al exmandatario «penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor» en «concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público».
A esto se suma que el juez, en la sentencia, ha prohibido a Macri «ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal».
Macri acusa a la justicia de haber elaborado «una persecución política»
Por su parte, el exmandatario argentino ha denunciado estar viviendo un caso de «persecución política» en su contra aunque, sin embargo, esto es «mucho más incómodo» para la propia Justicia argentina. «He dicho que es una persecución política que termina en esto que todos sabíamos, pero más incómodo es para la propia Justicia argentina tener jueces como el juez Bava. Eso es mucho más incómodo», ha señalado Macri.
Además, respecto al embargo de los casi 875.000 euros (otra de las decisiones del juez al frente del caso), ha asegurado que cumplirá con la norma «como corresponde», aunque ha avanzado que apelará la decisión.
Un espionaje descubierto cuatro años después
A Macri se le imputan seis presuntos hechos delictivos por toma de fotografías, búsquedas en redes sociales, seguimientos, infiltraciones en marchas y testimonios, actuaciones que según el juez no guardaban relación con la seguridad del presidente sino que se trataban de tareas de «inteligencia ilegal» que buscaban controlar las protestas e influir en la opinión pública frente a las demandas de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan pidiendo medios para encontrar a sus los militares.
La última comunicación con el ARA San Juan fue durante la mañana del miércoles 15 de noviembre de 2017, mientras navegaba en el golfo de San Jorge rumbo a mar del Plata con 44 personas a bordo, cuando la nave informó de que realizaría una inmersión para que descansara la tripulación tras el esfuerzo de navegar en superficie en medio de una tormenta. Un año después, el 11 de noviembre, el submarino fue encontrado.
