Putin liquida la memoria

Treinta años después del fin de la Unión Soviética, Vladímir Putin cumple más de 20 en el poder sin más discurso que una retórica de resentimiento, nacionalismo herido por la grandeza perdida, propaganda antioccidental y fuertes dosis de represión política. La liquidación la semana pasada de la organización de defensa de los derechos humanos Memorial, creada en 1987 al hilo de la glásnost (transparencia) impulsada por Mijaíl Gorbachov para documentar los crímenes del estalinismo, marca un punto de inflexión en el tránsito del régimen ruso desde una autocracia más o menos consensuada tras el caos económico y social del mandato de Borís Yeltsin a una dictadura basada en la represión y el miedo.

La Rusia de Putin gasta actualmente un tercio de su presupuesto en seguridad interna  y los miembros de la policía y otros servicios de seguridad superan desde 2014 al número de soldados en activo. Al tiempo, el número de presos políticos duplica –410 frente a 200, según Memorial– al que había al final de la era soviética.

Memorial, que investigaba tanto la represión en tiempos soviéticos como durante la Rusia moderna, desde las purgas de los años 30 a las guerras de Chechenia, fue declarada en 2016 «agente extranjero», como el régimen califica a todos los que se le oponen sean periodistas, abogados, ecologistas  o activistas de los derechos humanos, y ha sido condenada ahora por no destacar suficientemente en todas y cada una de sus publicaciones, incluidas las de las redes sociales, este rótulo en letras mayúsculas:

«ESTE MENSAJE (MATERIAL) ES CREADO Y/O DISEMINADO POR UN MEDIO EXTRANJERO EJERCIENDO LAS FUNCIONES DE UN AGENTE EXTRANJERO (O) ENTIDAD LEGAL RUSA EJERCIENDO LA FUNCIÓN DE AGENTE EXTRANJERO»

Ley de agente extranjero

Con la misma etiqueta han sido marcados tan solo en el año que acaba de terminar la Alianza de Médicos, por sus críticas a las cifras oficiales de la pandemia; los medios independientes Dozhd, Meduza y Proekt  Media, por investigar el patrimonio de miembros del entorno del Kremlin y OVD-Info, una organización periodística y de derechos humanos, que monitoriza la represión y proporciona ayuda legal a sus víctimas. La ley de agente extranjero, que fue aprobada en 2012, se aplica también a personas y obliga a los afectados, además de a publicar ese rótulo, a informar con detalle de sus actividades y finanzas cada seis meses. Las últimas en sumarse a la lista han sido dos miembros del grupo de pop-punk Pussy Riot, famoso por enfrentarse al Kremlin.

Otro baldón de las autoridades para los opositores  es el de «indeseable», calificación que han recibido Proekt Media, Gulagu, que recientemente había publicado vídeos de torturas en las cárceles, y Open Rusia, organización prodemocracia fundada por el magnate Mijaíl Jodorkovsky, que fue primero encarcelado y posteriormente exiliado. Obligada a  cerrar, su antiguo jefe Andrei Pivovarov, afronta una condena de seis años de cárcel por publicar varios mensajes en Facebook. No hace falta insistir en que a la etiqueta de «agente extranjero» o «indeseable» sigue la retirada de los anunciantes, la fuga de los suscriptores y la muerte de la publicación.

Putin, que reformó la Constitución el año pasado para poder seguir en el poder hasta 2036, firmó en 2019  una ley de soberanía en Internet que obliga a los proveedores de la red a instalar equipos especiales que permitan al Estado bloquear, filtrar o ralentizar los contenidos de las webs, y este verano se erigió también en historiador y jefe de la memoria colectiva rusa. A su largo artículo del pasado 12 de julio titulado Sobre la unidad histórica de ucranios y rusos, siguió en agosto la orden de crear una Comisión Intergubernamental sobre la Educación Histórica con el objetivo de «prevenir los intentos de falsificar la historia» y vigilar a las organizaciones extranjeras «que dañen los intereses nacionales de Rusia en el campo histórico», y la firma de otra ley que declara delito hacer comparaciones entre la URSS y la Alemania nazi.

Última fase de represión

La última fase de la represión empezó con la detención en enero de 2020 del líder opositor Alexéi Navalni, que había sido envenenado en agosto del año anterior, la ilegalización de su organización y la persecución de sus dirigentes, muchos de los cuales tuvieron que huir al extranjero. A la represión, que parece no tener marcha atrás, se ha correspondido una mayor agresividad en el exterior como la anexión ilegal de Crimea y la guerra de Ucrania en 2014 o la actual amenaza de invasión que pende sobre este país.

El endurecimiento de Putin en su segunda década en el poder obedece al estancamiento económico –la renta per cápita no ha mejorado desde hace 10 años y la cuota de Rusia en la producción mundial ha declinado desde 2008-  y a la caída de su popularidad como se puso de manifiesto en las grandes protestas que estallaron en 2011, 2017 y 2019. Desde entonces, asegura The Economist, el recurso del régimen ante la erosión de su legitimidad ha sido incrementar la propaganda nacionalista y antioccidental, convirtiéndose en una suerte de nueva dictadura basada en la corrupción y el cinismo, pero «que no necesita del culto a la personalidad ni de la movilización  de las masas»  y cuyo único fin es «retener el poder». El semanario británico llega a afirmar que la Rusia actual «carece de dinamismo para generar un crecimiento económico  sostenido» y ve «difícil que el sistema de Putin le sobreviva».  

El caso de la implosión de la URSS ejemplifica la vertiginosa, -contra lo que se suele creer- caída de los imperios y la dificultad de éstos para pasar a ser simples naciones. Durante años, políticos y periodistas centraron su interés en el presente y futuro de la Rusia postsoviética, en su necesidad de llevar a cabo reformas económicas y políticas, olvidando cómo las rebeliones en el Báltico y el Cáucaso socavaron la estrategia de Gorbachov a finales de los años 80 y cómo éstas despertaron al nacionalismo ruso hasta el punto de que se llegase a fundar el Partido Comunista de Rusia, que nunca había existido, en 1990.

El pasado 12 de diciembre Putin afirmó que aquella hecatombe «fue la desintegración de la Rusia histórica bajo el nombre de la Unión Soviética» y calificó de «gran tragedia humanitaria» la situación de los 25 millones de rusos que quedaron atrapados en las nuevas repúblicas. «Nos convertimos en un país completamente diferente y lo que había sido construido durante más de 1.000 años se ha perdido en gran parte».  Cerrar Memorial, que en el año 2.000 logró confeccionar la primera lista completa de los presos del gulag, es cancelar la historia. Como ha escrito Anne Applebaum, Putin liquida el pasado para seguir en el poder y legitimar la violencia.