Por qué matan a los periodistas en México

La presidencia de Donald Trump empezó épicamente. Ante la evidencia de que la asistencia pública a su toma de posesión había sido sustancialmente menor que la de Barack Obama, la inolvidable consejera Kellyanne Conway utilizó la expresión alternative facts para defender las mentiras del jefe de prensa, Sean Spicer, que aseguraba que el público en el evento de Trump había sido mayor. Es lógico que ese proceso sistemático de negación de la realidad terminara con un golpe de Estado blando animado desde la Casa Blanca contra un inexistente fraude electoral.

«Hechos alternativos» podría ser también la divisa del actual Gobierno mexicano, con la salvedad de que México no le importa a casi nadie. Y de que el presidente Andrés Manuel López Obrador goza de la patente de corso de encabezar un gobierno progresista en la opinión pública internacional. Así, la destrucción de la democracia más grande de Hispanoamérica ha pasado (casi) desapercibida. Ante cualquier dato objetivo (y oficial) que contradiga el optimismo de su Gobierno (mayor índice per cápita de muertes por covid en el mundo, menor crecimiento del PIB de un miembro de la OCDE, índice de violencia de un país en guerra), López Obrador no responde con hechos alternativos sino con el aún más personalista «yo tengo otros datos».

En México, la reelección está prohibida constitucionalmente. Y el presidente no obtuvo el respaldo necesario en el Congreso para reformarla. Ni en la elección con la que llegó al poder en 2018 ni en los comicios legislativos intermedios de 2021. La ciudadanía le dio el poder, pero no todo el poder. Qué alivio. Tendríamos un López Obrador vitalicio atornillado a la silla presidencial. Aun así, el Gobierno vive en campaña permanente para garantizar la continuidad del que designe su heredero, reviviendo de paso la añeja tradición priista del dedazo presidencial para elegir sucesor.

La entrega de la gestión de negocios e instituciones civiles a los militares (aeropuertos, aduanas, puertos, bancos del bienestar, seguridad ciudadana…) y el pacto con los criminales (destruyendo la verdadera razón de ser del Estado, que debe ostentar el monopolio de la violencia) hacen cada día más difícil que el Gobierno acepte una posible derrota en las urnas en las cruciales elecciones del 2024. Todas las personas con armas en México, legales e ilegales, son seducidas desde el poder y respaldan a un Gobierno que va cruzando barreras y quebrando normas a un ritmo trepidante e impune.

La democracia en México garantiza la alternancia, el respeto a las minorías, el pacto federal, las libertades civiles, el imperio de la ley, los contrapesos legislativos y judiciales y una opinión pública libre y crítica. Para López Obrador, que afirma encarnar al pueblo de México, estos postulados son un disfraz discursivo de los eternos traidores a la patria en defensa de sus intereses espurios. Por eso no encabeza un partido político (una parte del todo) sino un movimiento de regeneración (un todo ideal, el pueblo). Fuera de Morena (acrónimo de Movimiento de Regeneración Nacional) todos son iguales al servicio de las élites y sus negocios. Con ese discurso es imposible que acepte una hipotética derrota electoral frente al bloque opositor, aún en ciernes.

En los hechos, el Gobierno de México es una máquina de demolición que destruye todo lo que funcionaba (como las estancias infantiles, el turno vespertino en las escuelas, el incipiente seguro médico universal…) y que no construye nada que sirva (como el aeropuerto Felipe Ángeles), que termine a tiempo y en presupuesto (la refinería de Dos Bocas ya ha duplicado su presupuesto original y le falta al menos un lustro para operar, pese a su reciente ‘inauguración’ por el presidente) o que obedezca a un plan razonable de costo/beneficio (como el llamado Tren Maya). En el discurso, es un Gobierno que encabeza una transformación histórica.

Ataque indiscriminado a sus adversarios

Una de las evidencias de la pulsión autoritaria del presidente es el ataque constante a los medios y a los periodistas, a las voces críticas, a los intelectuales y a los expertos con trayectoria y prestigio, a los académicos y científicos independientes, a las informaciones objetivas, a los órganos reguladores, a los índices apartidistas. Es decir, todo lo que documente, registre, investigue, explore o analice la realidad de manera objetiva.

En esa línea de ataque a la libertad de expresión están las mañaneras, esas grotescas ruedas de prensa diarias, a las siete de la mañana, que utiliza el presidente no para informar de su Gobierno, sino para gobernar en vivo y en directo –como el programa sabatino Aló, Presidente de Hugo Chávez– y para señalar, con nombre y apellidos, a su creciente lista de adversarios. También
son propaganda los mítines disfrazados de giras de trabajo, los obsesivos informes de Gobierno y casi todos los actos públicos del presidente.

La base de su razonamiento es una falacia: criticar es defender viejos privilegios, así que nadie que diga algo contra el Gobierno tiene legitimidad moral para hacerlo. Por ende, todo lo que el Gobierno hace está bien. Incluso cuando rectifica. Dos más dos, igual a cinco. Esa construcción de una realidad alterna, falsa pero verosímil, tiene un motor central: el narcisismo de una sola
persona.

Un ejemplo entre miles. En diciembre de 2018 México enfrentó una inédita escasez de gasolina que paralizó al país en mitad de las vacaciones navideñas. López Obrador llevaba veinte días al mando. Las causas están documentadas. Por razones exclusivamente ideológicas, el Gobierno canceló los pedidos de gasolina importada de Estados Unidos y quiso satisfacer la demanda con las refinerías nacionales, incapaces de producir el volumen requerido. Cuando descubrió la magnitud del problema, unas semanas después, reactivó las compras. Del incidente se conocen los contratos a los que no dieron continuidad, las advertencias por escrito de las autoridades de energía salientes, las fotos satelitales con la ausencia de buques cisternas en los puertos del Golfo de México y la fila de buques intentado entrar cuando se reactivaron las compras. Pese a estas evidencias y muchas otras, el Gobierno logró vender al público la temeraria idea de que la falta de combustible era una consecuencia de su lucha contra las mafias que controlan el contrabando de combustible. Estas mafias existen, sin duda, ya que el único ente autorizado para importar y distribuir el combustible en México es la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y, como administradores de los ductos, muchos empleados permiten las tomas clandestinas y forman parte de este inmenso e increíble negocio que continúa imperturbable. A los pocos días de normalizarse el suministro, tras el triunfo del Gobierno en su guerra de palabras, en una de estas tomas clandestinas, ¡protegida por el Ejército!, una chispa fatal produjo un accidente inmenso, con centenares de muertos. Ni con los calcinados ante sus ojos, dejó la gente de creer en la palabra presidencial.

Incluso se ha documentado en la prensa y los tribunales que los ‘empresarios’ que trafican con el combustible apoyan a Morena en las elecciones que ha habido desde entonces. La gente quedó convencida de que la escasez era por una causa superior y los índices de apoyo al presidente crecieron, pese a las ocho horas de fila para recargar gasolina en bidones o pese a quedarse sin gasolina para volver a casa: vacacionistas varados como ballenas en la arena manifestaban su orgullo de apoyar al presidente en su lucha.

«Alrededor del 98% de los delitos en México quedan irresueltos: saltarse la ley sale gratis»

En la evaporación de la verdad y los hechos objetivos, base de todo debate racional, hay muchos cómplices necesarios: periodistas palmeros en las mañaneras (traidores al pacto deontológico de su profesión) que hacen preguntas a modo previamente acordadas; caricaturistas que olvidaron su tarea de ridiculizar al poder y que ahora se ensañan (ya sin gracia) con los
presidentes anteriores; algunos –muy pocos– intelectuales orgánicos, premiados con sinecuras del tamaño del Fondo de Cultura Económica; medios públicos regidos por un sectarismo vergonzoso, como el Canal 22 y el Canal 11 y, sobre todo, la radio y la televisión privadas que normalizan el asalto a nuestras libertades, cavando sin saberlo sus propias tumbas. Como en su momento lo fue Venevisión en Venezuela, Televisa y Televisión Azteca son cómplices necesarios. No me refiero a los programas de análisis, donde hay acertadas críticas, sino al día a día de los noticieros, que hacen parecer ordinarias para el público masivo las acciones y omisiones de un Gobierno anómalo.

El país más inseguro del mundo para los periodistas

En este contexto, los asesinatos de periodistas en México cobran una nueva magnitud. Tragedia heredada de las dos administraciones anteriores, en esta ha encontrado un terreno fértil para crecer y enraizarse más que nunca. Desde luego, la causa profunda es la impunidad. Alrededor del 98% de los delitos en México quedan irresueltos: saltarse la ley sale gratis.

En un país tan inmenso y poblado, la prensa es un cuerpo informe, no orgánico, compuesto tanto por grandes medios masivos como por minúsculos periódicos locales, medios digitales de una persona y grandes conglomerados televisivos y radiofónicos. Son cientos de miles de trabajadores. Muchos de ellos en condiciones de pobreza, subempleados o con otros trabajos a la par. Casi todos sin derechos ni garantías, documentan con enorme valentía y riesgo el abuso de poder: concesiones mineras contaminantes, tala clandestina de bosques, colusión en el contrabando de drogas entre servidores públicos y criminales. Esta primera línea de lucha por la verdad es la más necesaria y la más expuesta.

Según el Comité para las Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones que documenta los abusos contra la prensa a nivel mundial, México es el país más inseguro del mundo para ejercer la profesión. Este año, incluso con la guerra en Ucrania, uno de cada cuatro periodistas asesinados en el mundo es mexicano. Lo que hace que la documentación del CPJ sea tan valiosa es que investiga cada crimen contra periodistas, valora el trabajo publicado o el proceso de investigación en el que estaba involucrado y determina, cuando puede confirmarlo, si el crimen es además de un asesinato un atentado a la libertad de expresión. El perfil del periodista asesinado en México es el de un reportero de provincia, que trabaja en la sección de crimen (nota roja) y que ha denunciado un ilícito en el que hay funcionarios o empresarios locales coludidos. Desde el año 2000, dice Reporteros Sin Fronteras, en México han asesinado a unos 150 periodistas. Solo en 2022, doce. Detrás de los guarismos escalofriantes hay nombres y vidas truncadas: Yessenia Mollinedo, Sheila García Olivera, Luis Enrique Ramírez, Armando Linares, Juan Carlos Muñiz, Heber López, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, Roberto Toledo, José Luis Gamboa, Jorge Luis Camero y Antonio de la Cruz.

Bajo el Gobierno de López Obrador, aquel empresario mafioso que sea descubierto, el carismático gobernador coludido con lo ilícito, el presidente municipal voluntariamente ciego a la violencia en su territorio, tienen un doble aval para sus amenazas y crímenes contra los periodistas: la impunidad (lacra heredada) y el clima de confrontación desde la presidencia contra la prensa
(aportación del Gobierno actual).

La palabra presidencial, incluso sometida al desgaste diario, tiene un enorme peso específico, cuenta mucho en un país como México. Usarla para atacar la libertad de expresión es un delito democrático imperdonable y de alto riesgo para todos. ¿Qué pasará si un partidario enardecido malinterpreta los insultos presidenciales y agrede a un periodista previamente señalado en una mañanera? O, peor aún, ¿si alguno de sus enemigos, que no adversarios, decide cargarle un muertito a su cuenta? En ese nivel de peligro estamos. Una democracia herida y en caída, dañada desde el poder.