México investiga al expresidente Peña Nieto por transferir a España 1,2 millones de euros

El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto podría encontrarse en un aprieto judicial. La Fiscalía General de la República (FGR) está investigando al que fue mandatario mexicano entre 2012 y 2018 por posibles «operaciones con recursos de procedencia ilícita» que ascenderían a 1,2 millones de euros (26 millones de pesos). El motivo: diferentes trasferencias realizadas de México a España, donde Peña Nieto tiene ahora su residencia, que no han sido debidamente justificadas por el expresidente.

«La información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República, que ha abierto ya una carpeta de investigación«, ha revelado este jueves Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México. Esta autoridad independiente, que depende de la Secretaría de Hacienda, habría «detectado un esquema» donde el expresidente «obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales» cuyo origen se desconoce y que incluso podrían tener «una procedencia ilícita»

En concreto, las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos (casi 760.000 euros) el 21 de agosto de 2019, además de dos por cinco millones de pesos cada una (más de 237.000 euros) el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021. «Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea, desde una cuenta en México hacia España, además, dicha familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario, al enviarle cheques», ha detallado Gómez.

Según los investigadores, esta familiar del expresidente habría retirado, sin que se conociera la fuente de ingresos, un total de 189 millones de pesos en efectivo (8,9 millones de euros) y habría realizado depósitos por 47 millones de pesos (2,16 millones de euro) entre 2013 y 2022.

«No estamos hablando aquí de hechos relacionados con servidores públicos, sino que estamos hablando de cuestiones que pueden tener relación con la función pública, pero eso no está establecido en este momento», ha añadido Gómez.

El propio Peña Nieto ha querido pronunciarse al respecto de la investigación en su cuenta de Twitter, donde ha asegurado que no tiene nada que ocultar y que se pone al servicio de la Fiscalía. «En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia», ha asegurado.

Al ser preguntado al respecto, el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha aseverado que que su Gobierno tiene la obligación de entregar información a la FGR de personas «expuestas políticamente», pero pidió «no hacer juicios sumarios».»No es para salir a decir: se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero, no. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo», ha argumentado AMLO.

Dos empresas con irregularidades

Además, la UIF detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos con dos empresas, de las que no reveló su nombre, con «irregularidades fiscales y financieras». Sin embargo, si que han informado de que la compañía denominada como «A», tenía como accionistas tanto a Peña Nieto como a familiares consaguíneos, los cuáles llevan a cabo operaciones con cantidades normalmente elevadas. Eso sí, aclaró que la empresa existe antes de que el entonces candidato presidencial por el PRI ganara las elecciones de 2012.

Con respecto a la empresa denominada como «B», la UIF ha precisado que esta fue constituida por Peña Nieto y sus familiares también antes de que el primero ganara la presidencial. Eso sí, han detectado relaciones con una compañía transnacional que fue beneficiada con contratos durante el Gobierno de Peña Nieto.

En concreto, esta firma transnacional, proveedora de servicios al gobierno, obtuvo desde 2013 y hasta 2018 importantes beneficios económicos, mientras que la empresa «B» realizaba transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido. Además la empresa «B» tiene una cuenta bancaria en la Unión Europea en conjunto con la firma transnacional, mediante la cual se enviaron dos transferencias a Irlanda de casi 165.000 euros.

El abogado de Peña Nieto

La investigación de la Fiscalía mexicana por posibles transferencias ilícitas se produce el mismo día en el que el diario El País ha revelado que Juan Ramón Collado, abogado del expresidente mexicano, posee en el exclusivo Centro Canalejas, situado en pleno corazón de Madrid, una vivienda de 233 metros cuadrados con trastero y dos plazas de garaje. El piso del letrado estaría valorado en entre 4,8 y 5,8 millones de dólares (entre 4,7 y 5,7 millones de euros).

El principal problema es que este abogado fue arrestado en México en julio de 2019 por delincuencia organizada y lavado de dinero. Una detención que forzó la reapertura de una causa en Andorra por blanqueo de capitales por la que, según las autoridades del principado pirenaico, se ha detectado que el abogado movió 111 millones de dólares (109 millones de euros) entre 2006 y 2015 a través de 24 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA).

En este sentido, la Policía de Andorra considera probable que parte de los fondos que Collado manejó en Andorra, que ascendían a más de 117,7 millones de euros, fueran de terceras personas. Uno de los posibles señalados es precisamente el expresidente mexicano Peña Nieto, aunque el abogado ha defendido también a otras figuras de primera línea del país norteamericano, como el líder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps; al exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); o a Raúl Salinas de Gortari, empresario y hermano del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari.