La oposición en Nicaragua denuncia un Estado de excepción y de terror

Actualmente en Nicaragua hay más de 200 personas consideradas «presos políticos», incluido el mediático obispo Rolando Álvarez

Un grupo de 13 organizaciones opositoras nicaragüenses acusaron este lunes al presidente del país, Daniel Ortega, en el poder desde 2007, de establecer «un Estado de excepción de facto y terror», así como de «partido único» en Nicaragua.

Consideraron que las recientes capturas de al menos 10 disidentes sandinistas y sus familiares «son parte de las acciones para terminar de instituir su modelo de partido único». Los disidentes detenidos pertenecen a la organización política Unión Democrática Renovadora (Unamos), anteriormente llamado Movimiento Renovador Sandinista (MRS) -que nació como una escisión del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)-.

«Ortega ha iniciado esta nueva oleada represiva en un nuevo intento por detener y acallar cualquier voz contraria a su discurso régimen, el cual solo se mantiene en el poder haciendo uso de la violencia», indicaron las organizaciones, incluidas la Fundación Nicaragüense Americana para el Desarrollo de la Educación y la Cultura (Funadec), la Asociación Médica del Exilio de Nicaragua, y Nicaragua Freedom Coalition.

Según datos avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), actualmente en Nicaragua hay más de 200 personas consideradas «presos políticos», como producto de la crisis sociopolítica local.

Piden la liberación del obispo Rolando Álvarez

Además, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) demandó este lunes la liberación del obispo Rolando Álvarez, crítico del Gobierno del presidente Ortega y quien permanece en arresto domiciliario en Managua desde el 19 de agosto pasado, sin que hasta ahora se le hayan formulado cargos. «Monseñor Rolando Álvarez lleva 46 días secuestrado. Exigimos su inmediata libertad y respeto a su integridad física y psicológica», abogó el Cenidh en una declaración pública.

Álvarez, de 55 años y obispo de la diócesis de Matagalpa, administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, fue sustraído la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales del palacio episcopal provincial junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.

La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, acusa al alto jerarca de intentar «organizar grupos violentos», supuestamente «con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales», aunque de momento no han ofrecido pruebas.

Fuente: EFE.