La nueva ley antiokupa que propone Francia: de uno a tres años de cárcel y multas de hasta 45.000 euros

La propuesta ha suscitado una fuerte reacción en contra por parte de la oposición de izquierdas, que señalan que «cada año hay únicamente unos 200 casos»

Los diputados franceses comienzan este lunes el debate de una proposición de ley que intenta luchar contra las ocupaciones de viviendas, en particular con un aumento de las penas, de uno a tres años de cárcel, y de las multas de 15.000 a 45.000 euros.

Esta proposición, iniciativa de diputados de la mayoría del presidente, Emmanuel Macron, cuenta además con el apoyo de otros parlamentarios del grupo conservador de Los Republicanos, lo que da muchas posibilidades de que pueda salir adelante en una tramitación que se inicia esta tarde en el plenario de la Asamblea Nacional.

En su exposición de motivos, los ponentes justifican las medidas en que las penas y multas actuales para los que ocupan de forma ilícita una vivienda (un año de cárcel y 15.000 euros de multa) son «paradójicamente» muy inferiores a los tres años de cárcel y 45.000 euros de multa a los que pueden ser condenados los que expulsan a esos ocupantes sin recurrir a la fuerza pública.

El texto busca la creación de un «delito de ocupación» para los que están en la vivienda de otra persona sin derecho y violando una decisión judicial basado en el derecho a la propiedad, que viene a sustituir a la formulación actual, que tiene como referente la protección de la privacidad. Se trata así de facilitar al propietario las acciones judiciales contra los ocupantes ilegales.

Además, se estipula como obligatoria en los contratos de alquiler una cláusula de extinción de forma que se acelera el proceso de desahucio al limitar la forma en que los jueces pueden aplicar el plazo que tienen los inquilinos morosos, que puede durar hasta tres años.

Los promotores de esta modificación legislativa insisten en que un 64% de los propietarios tienen únicamente una vivienda en alquiler y un tercio del total son pensionistas para los que los ingresos que obtienen de esa forma «son absolutamente indispensables para garantizarles una jubilación tranquila«.

Añaden que, a diferencia de los grandes propietarios, no tienen medios para que empresas de vigilancia protejan sus viviendas de okupas o contratar a agencias que gestionen sus bienes. La proposición de ley, en cualquier caso, ha suscitado una fuerte reacción en contra por parte de la oposición de izquierdas, e incluso de una antigua ministra de Vivienda en el primer mandato de Macron, Emmanuelle Wargon, que considera que se puede romper el equilibrio que se logró con una última reforma legislativa. Wargon explicó que cada año hay únicamente unos 200 casos de ocupaciones y con esa reforma adoptada en 2020 se pueden tratar y al mismo tiempo se han contenido los desahucios de inquilinos.

La ley también cubre un problema diferente, y con otra dimensión, que es el de los impagos de alquileres, que en el primer trimestre afectaban a 288.000 hogares, según la Caja Nacional de Subsidios Familiares, y cuyo número podría aumentar con la escalada de la inflación.

Uno de los autores de la proposición de ley, Guillaume Kasbarian replicó este lunes en una entrevista a la emisora France Info que el texto busca, sobre todo, abordar la situación de los morosos que llevan más de un año sin pagar que afectan mucho a pequeños propietarios por la duración de los procedimientos judiciales.

Fuente: EFE