El eurodiputado socialista belga Marc Tarabella niega las acusaciones de sobornos de Qatar
Actualmente ejerce como vicepresidente de la delegación para las relaciones con la Península Arábiga en el Parlamento Europeo
El eurodiputado socialista belga Marc Tarabella se ha defendido en la noche de este domingo al negar las acusaciones sobre presuntos sobornos de Qatar a personas que pudieran influir en la toma de decisiones del Parlamento Europeo.
Tarabella ha aseverado que «nunca» ha recibido un regalo de Qatar, situación en la que, asegura, habría denunciado a los sobornadores, informa la periódico Le Soir.
«Nunca he recibido un regalo de Qatar, los hubiera denunciado», ha explicado tras conocerse que durante la noche del sábado la Policía belga había registrado su domicilio en el marco de la investigación sobre presuntos sobornos de Qatar.
Tras el registro, los investigadores se han incautado de equipo informático y su teléfono móvil, mientras que no ha sido privado de su libertad.
Además, ha asegurado que no tiene «nada que ocultar» y que quiere colaborar en la investigación. No obstante, el Partido Socialista Europeo ha decidido convocar una Comisión de Vigilancia para que explique el cómo y el por qué del registro de su domicilio.
El eurodiputado, de 59 años de edad y miembro del grupo Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento, ejerce como vicepresidente de la delegación para las relaciones con la Península Arábiga en el Parlamento Europeo y de sustituto en la delegación para las relaciones con China, según su perfil en la web institucional de la Eurocámara.
Más eurodiputados acusados
El Parlamento Europeo ya había anunciado este sábado la suspensión a la socialista griega Eva Kaili de todas sus competencias y poderes como vicepresidenta de la Eurocámara, aunque no del cargo en sí mismo, en relación a esta trama. La Policía belga registró el viernes el domicilio de Kaili, quien también fue interrogada.
La Fiscalía federal informó también de la detención de cuatro personas y de hasta 16 registros llevados a cabo en varios barrios de Bruselas en el marco de una investigación sobre una «presunta organización criminal de corrupción y blanqueo de dinero» que desde hace meses buscaba en nombre de un país del Golfo influir en las decisiones «económicas y políticas» de la Eurocámara.