El Parlamento Europeo estudia su respuesta al escándalo 'Qatargate'
Las instituciones europeas tiemblan ante la avalancha de casos que se podrían desatar si se tira del hilo y ya se investiga a otros países
Eva Kaili. | Reuters
El escándalo de corrupción y sobornos en el seno del Parlamento europeo no ha hecho mas que empezar. Las instituciones europeas tiemblan ante la avalancha de casos que se podrían desatar si se tira del hilo y ya se investiga a otros países, como Marruecos, y otras instituciones, como la Comisión Europea, en el entramado del Qatargate. La Fiscalía belga, la Fiscalía Europea y la Oficina Europea Antifraude trabajan conjuntamente con las policías italiana y griega y el Parlamento Europeo, que va a iniciar un investigación interna como si se tratara de una causa general.
Un portavoz de la presidenta Roberta Metsola ha confirmado que «el Parlamento Europeo está evaluando todas las implicaciones de este caso y tomará una decisión al respecto a su debido tiempo». Metsola anunció en la sesión plenaria celebrada en Estrasburgo, hace dos semanas y con la eurodiputada Eva Kali en prisión preventiva, que iniciaría una investigación y que la Eurocámara se presentaría como perjudicada en las actuaciones judiciales. Y añadió que «este procedimiento se regirá por la legislación belga».
El mensaje desde la oficina de la Presidenta del Parlamento Europeo es claro. «Necesitamos conocer a fondo todos los hechos y disponer de toda la información relevante para poder tomar decisiones. El Parlamento Europeo está evaluando en este momento todas las reuniones, iniciativas, etc. relacionadas con Qatar. Como ha anunciado recientemente la presidenta, se pondrán en marcha todas las herramientas necesarias para evitar que en el futuro se repita un caso como éste».
«Todo el peso de la ley»
Fuentes de la Presidencia añaden que, «sin embargo, y aunque el Parlamento Europeo intentará aumentar las medidas disuasorias y la transparencia, siempre habrá alguien para quien una bolsa de dinero en efectivo merezca la pena. Lo esencial es que estas personas sepan que se les descubrirá. Que nuestros servicios funcionan y que se enfrentarán a todo el peso de la ley. Como ha ocurrido en este caso».
Desde que en 2010 la FIFA nombró a Qatar como sede del Mundial de Fútbol 2022, primer país de Oriente Medio en acoger este evento deportivo, comenzaron las denuncias por infracción de los derechos humanos y por los derechos de los trabajadores en este país. Las protestas de los organismos internacionales se iban sumando a medida que los accidentes laborales sumaban por miles los muertos durante la construcción de las infraestructuras civiles y los estadios donde se jugarían los partidos.
Por ejemplo, en el pleno de Estrasburgo del 21 de noviembre de 2013, el Parlamento aprobaba un resolución sobre la situación de «trabajo forzoso» de los trabajadores inmigrantes en Qatar, preocupado por la «detención de personas únicamente porque se han ‘fugado’ de sus empleadores«. Y pedía a las autoridades qatarís «que detengan tales prácticas». Estas quejas irían cesando con el tiempo a medida que el lobby de Bruselas se puso en acción.
El eurodiputado desde 2004 a 2019 Pier Antonio Panzieri era claro conocedor de esta situación desde su posición privilegiada como presidente del comité de Derechos Humanos del Parlamento. En la presenta legislatura, dejó el cargo electo pero no Bruselas. Se instaló como Presidente y fundador de la ONG ‘Fight Impunity’ (‘Lucha contra la impunidad’), junto a su ex asistente parlamentario Francesco Giorgi, de 35 años, poco antes de que éste conociera a su pareja, la eurodiputada Eva Kaili, de 44 años, con la que tiene una niña de dos años.
El cóctel estaba servido. En la presente legislatura, desde 2019, Giorgi era el vínculo entre Panzeri y el Parlamento, ya que el joven asistente formaba parte de la oficina parlamentaria del eurodiputado Andrea Cozzolino, hasta que fue detenido junto a su mujer. Cozzolino, también del grupo socialista como los anteriores, forma parte del subcomité de Derechos Humanos.
Los Derechos Humanos y el Mundial
El pasado 22 de noviembre, Cozzolino formó parte de la moción de resolución «sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar«. Este documento era la antesala para que en el pleno de Estrasburgo del 12 de diciembre se le considera a Qatar la exención de visado para entrar a la Unión Europea.
Aunque crítico, el tono había cambiado. La resolución «alienta a Qatar a seguir trabajando con la OIT, los trabajadores y los empleadores para apoyar aún más la alineación de las leyes y prácticas de Qatar con las normas laborales internacionales» y «acoge con beneplácito el compromiso del ministro de Trabajo de Qatar, Ali Bin Samikh Al Marri, con el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento (DROI) sobre las reformas en curso». Los eurodiputados de la subcomisión de Derechos Humanos mantuvieron un debate al respecto con este ministro qatarí el lunes 14 de noviembre.
El 5 de diciembre el Comité de Libertades daba el visto bueno para que el Parlamento aprobara en el siguiente Pleno la propuesta de Reglamento del Parlamento y del Consejo «por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1806, que enumera los terceros países cuyos nacionales deben estar en posesión de visados al cruzar las fronteras exteriores y aquellos cuyos nacionales están exentos de ese requisito (Kuwait, Qatar)». La diferencia más significativa con la propuesta de la comisión era la exigencia de que los ciudadanos qatarís que entren en el espacio Schengen posean un pasaporte biométrico.
Este giro de 180 grados no había pasado desapercibido y no sólo las asociaciones humanitarias estaban alerta. También las agencias de inteligencia de cinco países europeos seguían la pista del dinero. Haciendo caso del refrán francés «Cherchez l’argent, cherchez la femme» -«para buscar el dinero, buscad la mujer», en traducción libre- la investigación policial llegó hasta la eurodiputada socialista griega Eva Kaili, en prisión preventiva desde el pasado 9 de diciembre y prorrogada durante un mes desde este jueves tras prestar declararon en la Chambre du Conseil, ante la Fiscalía Federal belga.
Los servicios secretos de Bélgica estaban sobre la pista desde el verano de 2021, cuando pidieron colaboración a otras agencias de inteligencia de Polonia, Italia, Francia y el CNI español. Los sospechosos movimientos de dinero en efectivo en grandes cantidades llevaban sello diplomático del Parlamento Europeo, cuyos diputados pueden usar de este privilegio para cruzar aeropuertos con valija diplomática, sin pasar por los controles policiales. Así lo hizo público a la prensa belga su ministro de Justicia, Vicent Van Quickenborne, confinado en su casa bajo protección, hasta que la policía federal averigüe de dónde proceden las amenazas de muerte dirigidas a él y su familia de forma anónima.
Pero esta pista no sólo conducía hacia personas físicas ligadas al Parlamento Europeo, sino que el vínculo se extendía a informes y resoluciones parlamentarios propuestos, y aprobados en muchas ocasiones, por la Eurocámara. El dinero comenzaba a tomar forma con nombre de delito tipificado en la ley: asociación criminal, blanqueo de capitales y corrupción. Éste último se refiere a los sobornos de Qatar a los eurodiputados y asesores parlamentarios implicados, además de los lobistas que hicieron de intermediarios para que se blanqueara la imagen de este país del Golfo ante las instituciones europeas.
Exención de visados
La investigación europea conjunta llegó a su cenit hace seis meses, cuando el Comité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo propuso llevar a pleno la exención de visados, como órgano colegislador que es el Parlamento. Los beneficarios serían los ciudadanos de este país, que podrían entrar en territorio europeo sólo con un pasaporte biométrico. Los servicios de seguridad belga habían detectado un aumento de movimientos desde el verano, con una “visita” al domicilio de un persona cercana al Parlamento Europeo, donde se hallaron 750.000 euros en efectivo.
La proximidad del Campeonato del Mundo de Fútbol en Qatar y la inminente aprobación durante su celebración de la exención de visados, supuesto objeto de los sobornos, pusieron en marcha la operación policial y el viernes 8 de diciembre la policía entra en el domicilio de Eva Kaili y de su pareja, Francesco Giorgi. El lunes siguiente se iniciaba el pleno en Estrasburgo donde se aprobaría la resolución. La detención horas antes del padre de la eurodiputada a la salida de un hotel creando a su domicilio y a la sede del Parlamento en Bruselas, propició la entrada y registro del apartamento de Kaili por delito flagrante, único supuesto de exención de la inmunidad parlamentaria. Ese viernes, la policía belga rodeó el Parlamento.
El pleno del Parlamento se inició en Estrasburgo el lunes siguiente con Kaili en prisión, a la que despojaron de su cargo de vicepresidenta, y un discurso de la presidenta Metsola condenando la corrupción y la promesa de revisar el ‘affaire Qatar’, además de personarse como parte perjudicada en el Qatargate ante las autoridades judiciales belgas.
«Escándalo sin precedentes»
Al día siguiente, el Parlamento aprobaba una «Resolución sobre las sospechas de corrupción de Qatar y la necesidad más amplia de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones europeas», pidiendo una investigación ante este «escándalo sin precedentes», para que el Parlamento «revise drásticamente sus procedimientos de trabajo». Con este propósito, «se compromete a establecer una comisión de investigación dedicada a investigar la corrupción y la influencia de terceros países en el Parlamento Europeo».
Además, «instruye a todos los miembros y al personal a abstenerse de las reuniones con grupos de presión no registrados y a publicar reuniones de cabildeo». También «se compromete a agregar al presidente, los vicepresidentes, los presidentes de delegaciones y líderes de grupos a la lista de titulares de cargos obligados a publicar sus reuniones con representantes de interés». En el punto de mira están también los «lazos financieros “ y los “grupos de amistad informales específicos de países o regiones”.
Dos días después, el Pleno del Parlamento aprobaba una moción conjunta de resolución «sobre las sospechas de corrupción de Qatar y la necesidad más amplia de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones europeas». En esta resolución, se pide urgentemente que se suspenda el acceso al Parlamento a los «representantes de los intereses de Qatar», hasta que las investigaciones judiciales proporcionen información, y «todo el trabajo sobre los archivos legislativos relacionados con Qatar, en particular en lo que respecta a la liberalización de visados y las visitas planificadas».
En prisión y bajo sospecha
En estos momentos, siguen en la prisión de Saint Gilles la eurodiputada Eva Kaili, su pareja, el asistente parlamentario cesado Francesco Giorgi, el ex eurodiputado y lobista Pier Antonio Panzeri. Un cuarto detenido sin identificar podría ser Niccolò Figà-Talamanca, conocido lobista y secretario general de la ONG ‘No peace without justice’, que comparte edificio con la ONG de Panzeri y Giorgi. En libertad condicional y vigilada con brazalete electrónico están el padre de Kaili y el sindicalista Luca Visentini, secretario general de la Confederación Sindical Internacional (CIS).
La esposa y la hija de Panzeri fueron detenidas en Italia y están pendientes de extradición después de que las autoridades belgas emitieran una euroorden. Bajo sospecha, después de haber sido registrados sus domicilios y/o oficinas parlamentarias, están los eurodiputados Marc Tarabella, Pietro Bartolo y Andrea Cozzolino, además de la asistente belga Marie Arena, ya cesada de su cargo. Estos últimos han sido interrogados y han dimitido de sus cargos institucionales, que no de su escaño.
