Ecuador propone incrementar el IVA del 12% al 15% para combatir el crimen organizado
El país se encuentra inmerso en medio de una renovada espiral de violencia tras la fuga de un líder del ‘narco’
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. | Europa Press
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha remitido a la Asamblea Nacional un proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica por el que se propone un incremento del Impuesto de Valor Añadido (IVA) del 12% al 15% con el fin de costear los recursos necesarios para hacer frente al crimen organizado.
La presente ley tiene como finalidad la recaudación de tributos para atender las obligaciones del Estado en la implementación de planes, programas, acciones y políticas públicas para los sectores sociales de Ecuador, así como estabilizar las finanzas públicas, redistribuir los ingresos y afrontar la necesidad de recursos ante la «grave crisis» que vive el país.
El texto ha sido enviado con carácter urgente para que sea debatido, discutido y aprobado por la Asamblea cuanto antes, en el contexto actual de violencia e inseguridad que ha venido padeciendo en los últimos años el país y que estos días ha alcanzado un repunte sin precedentes, coincidiendo con la salida de la cárcel de un líder criminal.
Ecuador se encuentra inmerso en medio de una renovada espiral de violencia tras la fuga del líder de Los Choneros, Adolfo Macías, alias ‘Fito’. Después de que el Gobierno declarara el estado de emergencia para retomar el control de las cárceles, cundió el caos tanto fuera como dentro de los presidios, obligando al Gobierno a tomar medidas de excepción, como el uso de las Fuerzas Armadas, o toques de queda.
En declaraciones radiofónicas el pasado jueves, Noboa aseguró que la guerra contra el crimen organizado «tiene un coste», por lo que se esperaban este tipo de medidas económicas para poner a disposición recursos con los que combatir desde el Estado. Están sujetos a las disposiciones de la presente ley todas las personas naturales y jurídicas que residan y realicen actividades económicas en Ecuador, tantos entes públicos com privados y extranjeros que operen en el país.
