Putin contra los tártaros de Crimea
La comunidad se esfuerza de manera heroica en preservar su identidad cultural y religiosa con prácticas cotidianas
Tártaros en Crimea.
Los tártaros de Crimea son una minoría étnica dentro de la península de Crimea. No siempre fue así, pero la historia les ha maldecido teniendo que enfrentar un larguísimo trauma de persecución y represión. Desde la anexión rusa de Crimea en 2014, su situación ha empeorado drásticamente. Bajo el gobierno de Vladimir Putin los tártaros de Crimea sufren una sistemática violación de sus derechos humanos, una forzada rusificación y una amenaza constante a su identidad cultural y religiosa.
Breve historia
Los tártaros de Crimea son un pueblo que ha habitado la península de Crimea desde el siglo XIII. Surgieron de la mezcla de diversas tribus turcas, mongolas y poblaciones locales después de la disolución del Imperio Mongol. En el siglo XV, establecieron el Kanato de Crimea, un territorio independiente gobernado por la dinastía Giray, que se convirtió en un estado vasallo del Imperio Otomano.
El Kanato de Crimea fue una potencia regional durante más de tres siglos, involucrado en políticas y conflictos en Europa del Este. Sin embargo, en 1783, el Imperio Ruso anexó Crimea bajo el mandato de Catalina la Grande. Se estima que, por entonces, los tártaros representaban aproximadamente entre el 80% y el 90% de los habitantes, pero la nueva etapa marcó el inicio de un periodo oscuro para los tártaros. Muchos emigraron o fueron forzados a abandonar sus tierras, y su población en la península disminuyó significativamente.
Durante el siglo XX, bajo el régimen soviético, los tártaros de Crimea enfrentaron nuevamente persecuciones severas. El episodio más trágico ocurrió en 1944, cuando Iósif Stalin los acusó colectivamente de colaborar con las fuerzas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Como resultado, más de 200.000 tártaros fueron deportados en masa a regiones remotas de la Unión Soviética, principalmente a Uzbekistán y a Kazajistán. Se estima que casi la mitad murió debido a las duras condiciones durante el traslado y el exilio.
No fue hasta 1985, durante la Perestroika, que se les permitió regresar a Crimea. Sin embargo, hubieron de enfrentar incómodas cuitas, como la recuperación de propiedades y la reconstrucción de sus comunidades. Tras la independencia de Ucrania en 1991, los tártaros de Crimea trabajaron para restablecer su identidad cultural y política, estableciendo instituciones como el Mejlis, una asamblea representativa para defender sus derechos y coordinar esfuerzos para la restauración cultural y social. Se enfocaron en revivir su lengua, reconstruir mezquitas y promover la educación entre los jóvenes.
La anexión de Crimea y vuelta a la represión
En 2014, se estima que había aproximadamente 250.000 tártaros viviendo en la península Crimea. Esta cifra representaba alrededor del 12% de la población total de Crimea, que era de aproximadamente dos millones de habitantes en ese momento. En marzo de 2014, tras la ocupación militar de Crimea por fuerzas rusas y la realización de un referéndum bajo control militar, considerado ilegítimo y no reconocido internacionalmente, Rusia procedió a anexar la península de Crimea. Esta acción, efectuada sin el consentimiento del gobierno ucraniano y en violación del derecho internacional, fue ampliamente condenada por la comunidad internacional por usurpar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
La península es de vital importancia estratégica para Rusia, ya que alberga la base naval de Sebastopol, sede de la Flota del Mar Negro. Para justificar lo injustificable Putin apeló a los «lazos espirituales» y recordó que Crimea formó parte del Imperio ruso desde 1783 y que fue transferida a la República Socialista Soviética de Ucrania en 1954 por decisión de Nikita Jrushchov. Según el jerarca ruso, esta transferencia se realizó sin considerar la voluntad del pueblo de Crimea, por lo que la anexión corregía una injusticia histórica.
El golpe marcó un punto de inflexión para los tártaros de Crimea, quienes en su mayoría se opusieron a la anexión identificándose como ciudadanos ucranianos. Desde entonces, han sido objeto de una campaña de intimidación y represión por parte de las autoridades rusas en Crimea. Los líderes comunitarios y activistas tártaros fueron particularmente perseguidos. El Mejlis, órgano representativo de los tártaros de Crimea, fue declarado organización extremista y prohibido en 2016. Los dos presidentes que ha tenido la institución, Mustafa Dzhemilev y Refat Chubarov, fueron expulsados de Crimea y enfrentan cargos penales en Rusia. «En términos de represión contra los tártaros de Crimea, Putin está concluyendo la política de Stalin. Pero el lema de Crimea sin tártaros ya lo anunció la emperatriz Catalina la Grande», explicó Chubarov en una entrevista concedida a EFE hace unos meses. Otros activistas han sido detenidos bajo acusaciones fabricadas de extremismo y terrorismo.
Desde que Rusia intentó lanzar una ofensiva sobre Ucrania a gran escala en febrero de 2022, la represión contra los tártaros de Crimea se ha intensificado significativamente. El Mejlis del Pueblo Tártaro de Crimea condenó a la Federación rusa, describiéndola como «un Estado terrorista». Esta acusación es mutua, y Rusia utiliza leyes antiterroristas y anti-extremistas para silenciar a los disidentes, reflejando el cinismo que siempre acompaña a las autoridades rusas. Se han llevado a cabo redadas en hogares, mezquitas y escuelas, buscando cualquier excusa para arrestar a miembros de la comunidad tártara. Los juicios carecen de garantías procesales y a menudo resultan en largas condenas de prisión.
También se han documentado múltiples casos de desapariciones forzadas de tártaros de Crimea. Jóvenes activistas y críticos del régimen han sido secuestrados por hombres armados sin identificación. Algunos han reaparecido detenidos, otros han sido encontrados muertos y muchos permanecen desaparecidos. Se les acusa de traición y rusofobia. O de pertenecer a organizaciones fundamentalistas islámicas. Testimonios de algunos de los detenidos o de sus familiares denuncian el uso de torturas y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad. Se han reportado casos de palizas, asfixia, descargas eléctricas y amenazas contra familiares para obtener confesiones falsas. Estas prácticas violan flagrantemente los derechos humanos y generan un clima de miedo dentro de la comunidad.
Organizaciones internacionales y medios de comunicación han denunciado sistemáticamente las violaciones de derechos humanos cometidas contra los tártaros de Crimea. Informes de la ONU, la OSCE y organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional detallan abusos como detenciones arbitrarias, torturas, juicios injustos y restricciones a la libertad de expresión, reunión y asociación.
Activistas y miembros de la diáspora tártara en Ucrania continental y otros países trabajan para visibilizar la situación en Crimea. Utilizan plataformas internacionales y redes sociales para denunciar las injusticias y movilizar el apoyo global. Campañas como «CrimeaSOS» y eventos como el Día de la Resistencia de los Tártaros de Crimea buscan mantener la atención sobre su causa. Pero los tártaros se siguen quejando e imploran constantemente a la comunidad internacional para que se adopten medidas más firmes. Proponen incrementar las sanciones, apoyar financieramente a los medios independientes y proporcionar asistencia a los desplazados y víctimas de la represión.
El Gobierno ruso ha negado repetidamente estas acusaciones, calificándolas de propaganda occidental. Sin embargo, en algunos chats de Telegram se pueden ver vídeos de las detenciones arbitrarias sin demasiada dificultad. No lo esconden. Es una manera de aleccionar a los tártaros y mantenerlos callados. No obstante, la falta de acceso a los observadores internacionales y la represión de periodistas independientes dificultan la verificación de los hechos sobre el terreno.
La política rusa en Crimea busca eliminar la identidad tártara y asimilar a la población dentro de la cultura rusa dominante. El idioma tártaro de Crimea ha sido relegado en el sistema educativo. Las escuelas que ofrecían educación en tártaro han sido cerradas o han visto reducida su oferta. Los niños tártaros ahora están obligados a estudiar principalmente en ruso, lo que dificulta la transmisión de su lengua materna a las nuevas generaciones. Además, los materiales educativos y los programas escolares han sido modificados para reflejar la narrativa histórica y cultural rusa.
La mayoría de los tártaros de Crimea practican el islam sunita. Desde la anexión, las autoridades rusas han incrementado el control y la vigilancia sobre las prácticas religiosas musulmanas. Mezquitas y madrasas han sido objeto de redadas y registros bajo pretextos de buscar materiales extremistas. La prohibición de ciertos textos religiosos y la persecución de grupos considerados no tradicionales forman parte de una estrategia para controlar la vida religiosa de los tártaros. Imames y líderes religiosos han sido detenidos o reemplazados por personas leales al gobierno ruso, limitando así la autonomía de la comunidad en asuntos espirituales.
El patrimonio cultural y arquitectónico de los tártaros de Crimea también está en riesgo. Monumentos históricos, sitios arqueológicos y edificios emblemáticos han sido descuidados o sometidos a chapuceras restauraciones que alteran su carácter original. Un ejemplo destacado es el Palacio de Bakhchisaray, antigua residencia de los kanes de Crimea, donde las renovaciones han sido criticadas por expertos por dañar su integridad histórica. En respuesta a los supuestos daños, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania envió una notificación de protesta a la Unesco.
Alrededor de dos mil tártaros de Crimea están luchando en el ejército ucraniano contra el ejército ruso. No obstante, a pesar de la intensa represión, los tártaros mantienen una fuerte resistencia no violenta dentro de Crimera. La comunidad se esfuerza de manera heroica en preservar su identidad cultural y religiosa a través de prácticas cotidianas y la transmisión oral de sus tradiciones. Lia Motrechko, activista y periodista, destaca que «todo lo que la gente sabe de Crimea procede de Rusia y en su mayor parte es mentira». Subraya la necesidad de contrarrestar la propaganda rusa y difundir la realidad de la ocupación y sus efectos en la población local. Por si todo esto fuera poco, Vladimir Putin no solo ha intensificado las políticas contra los tártaros, sino que también la ha extendido contra todos los ucranianos étnicos. Mientras tanto, las democracias liberales occidentales esperan que algún día se restablezca la legalidad internacional en Crimea y en toda Ucrania. Muchas veces, con más fe que recursos.
