Vox pide enviar correos a González Pons para que el PP no haga comisaria a Ribera
La ministra española se examina este martes ante el Parlamento Europeo con tres querellas por inacción ante la DANA
Vox ha iniciado este lunes una campaña en redes sociales para que el Partido Popular Europeo (PPE) «impida» el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta y comisaria de Competencia de la Comisión Europea. La también vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica del Gobierno comparece este martes en la Eurocámara para recabar apoyos, y esto ha motivado a los de Santiago Abascal a facilitar el correo de Esteban González Pons para que los españoles manden mensajes al vicepresidente del PPE instándole a votar en contra de «la ministra de la ruina del campo y del desastre de Valencia».
«Teresa Ribera no puede ser comisaria y vicepresidenta de la Comisión Europea. Está absolutamente inhabilitada por su nefasta gestión como ministro en España», explica el eurodiputado Jorge Buxadé en declaraciones a THE OBJECTIVE. En su opinión, Ribera «ha sido la responsable de prohibir y paralizar las infraestructuras hídricas esenciales del Plan Hidrológico Nacional, especialmente las que afectaban a la Conferencia Hidrográfica del Júcar». Y también «ha sido la responsable, con su fanatismo climático, de prohibir la limpieza de los cauces de los ríos, que ha sido un detonante de los mayores daños producidos en las riadas, y ha desaparecido durante la crisis y la catástrofe de Valencia».
El eurodiputado de Vox denuncia que su «desaparición» se debe a que «su único objetivo es ocupar el sillón de vicepresidente de la Comisión Europea». También la señala como responsable del «desmantelamiento de la energía nuclear en España y de poner a los españoles en situación de dependencia energética respecto del extranjero y grandes multinacionales eléctricas». Por todo ello, lanza una «alerta nacional» para exigir al PP que «deje de lado sus acuerdos con el Grupo Socialista Europeo e impida el nombramiento de Teresa Ribera»: «Si esto supone la paralización de la actividad de la Comisión Europea, bien hecho está».
Aunque el PP no ha confirmado el sentido de su voto, González Pons ha dicho que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica «no merece representar a España en la Comisión Europea» por su ausencia en la gestión de la DANA que ha provocado más de doscientos fallecidos y decenas de desaparecidos.
«No estaba en el comité de crisis improvisado por Moncloa. El 28 de octubre estaba en París; 29 y el 30 no tuvo agenda pública. Este es su nivel de implicación en la catástrofe natural que afectó a nuestro país», denunció en un mensaje en su cuenta oficial de X. Este martes podrá pasar de las palabras a los hechos.
Cercada por la Justicia
La Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, llega a su examen ante el Parlamento Europeo con tres querellas pendientes en el Tribunal Supremo por su supuesta inacción frente a la DANA, aunque la Sala de lo Penal del Alto Tribunal tiene pendiente resolver sobre su admisión a trámite. Este lunes, Iustitia Europa ha ampliado su querella inicial para incluir a Ribera junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El abogado y líder de Iustitia Europa, Luis María Pardo, les atribuye delitos de omisión del deber de socorro, prevaricación, homicidio imprudente y lesiones. En el caso de Ribera, la incluye en la querella por «su responsabilidad directa como máxima autoridad» sobre la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ).
La querella se suma a las presentadas la semana pasada por Vox y por Manos Limpias. El partido que lidera Santiago Abascal señala también al presidente, a Ribera y a Marlaska, además de a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Su lista de querellados se extiende a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé García; la directora general de Protección Civil y de Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones Sanz; la subsecretaria de Interior, Susana Crisóstomo Sanz; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo; y la presidenta de AEMET, María José Rallo del Olmo.
La formación que lidera Abascal les imputa delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes y omisión del deber de socorro. También Manos Limpias ha pedido a la Sala Segunda del Supremo que abra una investigación contra miembros del Ejecutivo. En este último caso, además del presidente y los tres ministros mencionados, se añade al de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.