San Petersburgo, primera gran ciudad europea en vetar a los taxistas y 'riders' extranjeros

San Petersburgo es la última localidad rusa y la primera gran ciudad europea en preparar una nueva ordenanza para vetar a los ciudadanos extranjeros en dos profesiones en las que ya son mayoría: taxistas y repartidores de comida a domicilio. Una decisión que puede tener un fuerte impacto en la disponibilidad de mano de obra en la economía rusa y en la guerra de Ucrania, pero que también tiene implicaciones para el resto de Europa, en donde no se han visto todavía normativas tan agresivas (si bien riders y conductores son a menudo inmigrantes).

En ciudades como Madrid, buena parte de los repartidores de delivery proceden de Latinoamérica, mientras que en Barcelona, cerca del 70% de los nuevos aspirantes a taxistas son extranjeros, con un fuerte aumento del colectivo pakistaní. En la segunda ciudad de Rusia, son inmigrantes más de la mitad de riders y cerca del 70% de los taxistas vienen de Asia Central. Según informa Novaya Gazeta, el consistorio está contemplando esta drástica medida, cuya entrada en vigor estaba prevista para inicios de mes.

Tras posponer la tramitación, el ayuntamiento ha afirmado que la prohibición se encuentra en fase de aprobación y se sacará adelante próximamente. Las políticas propuestas por las autoridades raramente se topan con voces críticas que se hagan oír, pero en esta ocasión ha generado polémica por los riesgos que plantea: desde una crisis de escasez de mano de obra en la urbe hasta un encarecimiento del coste de vida para los residentes. Incluso algunos concejales y empresarios se han opuesto abiertamente: argumentan que lastrará la economía y la calidad del servicio, mientras otros destacan que beneficiará a los ciudadanos patrios.

La sorprendente propuesta levanta una serie de dudas. ¿Quién va a ocupar los puestos que dejan los inmigrantes vetados? ¿Ciudadanos rusos? ¿Eso no entorpecerá la intensa campaña de reclutamiento a filas por parte de Putin? ¿Y si de lo que se trata es de dejar a los extranjeros sin trabajo para presionarlos también a ir a la guerra? “Es una situación graciosa pero escalofriante. El Gobierno quiere que los inmigrantes vayan a la guerra con Ucrania, pero no quiere que trabajen en las ciudades en trabajos normales”, explica un activista del movimiento pacifista DCO que habla con THE OBJECTIVE bajo el pseudónimo de Artyom.

Las ‘brigadas internacionales’ de Putin

“El problema de la prohibición no afecta solo a los taxistas o riders, también hay escasez de trabajadores sanitarios”, añade este interlocutor, que cifra este déficit en unos 87.000 empleos. “Algunos migrantes o sus hijos podrían convertirse en enfermeros o doctores, pero no pueden por las nuevas leyes”, denuncia. Además, lamenta que los medios afines al Kremlin informen sobre Azerbaiyán desde la “ira” y la “enemistad”, lo que ha alimentado un “conflicto con los ciudadanos azerbaiyanos en Rusia y los rusos en Azerbaiyán”.

Este nuevo marco legal permite a Putin reclutar a inmigrantes como carne de cañón para su guerra contra Ucrania. Si están dispuestos a pasar al menos un año en las trincheras y sobreviven, a inmigrantes y apátridas se les concede la ciudadanía de forma más simple y ágil. Para ello, deben firmar un contrato con las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa u otras formaciones militares.

En paralelo, la campaña de reclutamiento se ha intensificado. Además del estricto control policial en Moscú y San Petersburgo para que no se escape ningún joven recluta, el presidente ruso ha decretado un fuerte aumento de las multas por escaquearse del servicio militar, que serán entre cinco y diez veces más altas que hasta ahora. No presentarse en el centro de inscripción o no comunicar un cambio de domicilio pueden ser motivos de sanción en un momento en que algunos jóvenes han optado por refugiarse en entornos más rurales y remotos.

Los pasos para vetar a trabajadores extranjeros son todavía más confusos si se tiene en cuenta la crisis del mercado laboral ruso. La guerra ha actuado como un motor industrial impulsando la economía, lo cual por sí mismo ya reduciría el paro, pero genera más tensiones si se tiene en cuenta que también la mano de obra debe dividirse entre el país y el frente. Mientras San Petersburgo prepara este veto, Nizhni Nóvgorod (literalmente Villanueva de Abajo), una histórica ciudad a orillas del Volga que es la sexta del país en población, ha tenido que levantar su prohibición de empleo para inmigrantes precisamente por la escasez de mano de obra.