Bruselas alerta del contrato del Gobierno con Huawei: «Hay riesgo de injerencia extranjera»

La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha avisado este miércoles del riesgo de injerencia extranjera que plantea el contrato que el Ministerio del Interior suscribió con Huawei y cuyos detalles desveló en julio THE OBJECTIVE, en tanto que crea «potencialmente una dependencia» con un proveedor considerado por la UE como «de alto riesgo» en un sector crítico.

Así lo expone la comisaria finlandesa responsable de Telecomunicaciones en una respuesta escrita recogida por Europa Press a una pregunta del líder de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, quien pidió a Bruselas aclarar si la adjudicación a la tecnológica china está alineada con las recomendaciones de la UE para la seguridad de las redes 5G y la aplicación de la directiva europea SRI 2.

«El contrato celebrado por el Ministerio del Interior español con Huawei puede crear potencialmente una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera», indica Virkkunen en su respuesta, en referencia al contrato para el almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales del sistema SITEL.

La conservadora finlandesa recuerda que ya en junio de 2023, el Ejecutivo comunitario consideró que los teleoperadores chinos Huawei y ZTE presentaban «riesgos significativos mayores que otros proveedores de 5G», por lo que se comprometió a evitar la exposición de sus propias redes de comunicaciones corporativas a las redes móviles que utilizaran la tecnología de estas dos firmas y a restringir su acceso a financiación europea.

También entonces, explica Virkkunen, Bruselas consideró que estaba «justificado y conforme» a los instrumentos que permite la UE que los Estados miembros decidieran «restringir o excluir» a Huawei y ZTE de sus actividades e instó a los gobiernos a «adoptar medidas para mitigar los riesgos asociados a estos proveedores».

Es en este contexto que la comisaria concluye, en su respuesta al eurodiputado Buxadé, que la adjudicación del contrato de Interior a la compañía china puede aumentar el riesgo de injerencia extranjera en un sector crítico para la UE. Con todo, Virkkunen se limita a señalar el riesgo sin anunciar medidas y relega el examen «de manera más general» de la seguridad y la resiliencia de las cadenas de suministro de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y sus infraestructuras a la «próxima revisión» del reglamento sobre ciberseguridad para la que no pone fecha.

Bruselas se une a los recelos de Washington

La advertencia de Bruselas por este polémico contrato se une a los recelos de EEUU. A mediados de agosto hubo dos congresistas –Richard Hudson, republicano por Carolina del Norte, y Gus Bilirakis, republicano por Florida, ambos miembros del Comité de Energía y Comercio- que solicitaron al Departamento de Comercio que investigase el contrato de 12,3 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez con Huawei, desvelado por THE OBJECTIVE en julio, para gestionar las escuchas telefónicas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ambos congresistas enviaron una carta al secretario de Comercio, Howard Lutnick, en la que solicitaron una investigación formal sobre la decisión española y advirtieron de que el acuerdo representa una seria amenaza para el comercio digital y la seguridad nacional de Estados Unidos. Su decisión abre la puerta a sanciones tecnológicas y restricciones comerciales si el Departamento de Comercio concluye que España ha vulnerado la confianza de sus aliados.

Este contrato levantó enorme polvareda en Washington, donde los líderes de los comités encargados de la Inteligencia del Senado y del Congreso alertaron a la directora de Seguridad Nacional, Tulsi Gabbard, sobre la posibilidad de que el Partido Comunista Chino pueda tener «acceso encubierto al sistema de interceptación legal de un aliado de la OTAN», por lo que piden «revisar los acuerdos de intercambio de inteligencia con el gobierno de España».

El escrito elaborado por los líderes de los comités también tuvo como destinatarios al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, la fiscal general del país, Pamela Bondi, el director de la CIA, John Ratcliffe, y al director de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional), William Hartman. Toda la cúpula de seguridad e inteligencia que rodea a Trump.

«Le escribimos para instarle a revisar los acuerdos de intercambio de inteligencia con el gobierno de España», comenzó la carta, en la que se incidió de que tiene que «asegurarse» que «cualquier información compartida» con el Gobierno «no revele secretos de seguridad nacional de los EEUU al Partido Comunista Chino (PCCh)».

«Como usted probablemente sabe, el Ministerio del Interior de España supuestamente adjudicó 12,3 millones de euros en contratos a Huawei para proporcionar servidores y servicios de consultoría para los sistemas de interceptación telefónica de España», argumentaron los representantes tras leer la noticia de este diario. Este hecho implica, según esgrimieron, que debido a la legislación china, el Partido Comunista puede «tener acceso encubierto al sistema de interceptación legal de un aliado de la OTAN», lo que permitiría al Gobierno chino «monitorear investigaciones españolas sobre espías del Partido Comunista chino y una infinidad de otras actividades de inteligencia».

Además, recordaron en la misiva que la Administración de Donald Trump ha tratado de eliminar la presencia de Huawei de «las redes estadounidenses, infraestructura y privacidad», por lo que pidieron que hasta que España haga lo mismo, «el Gobierno de los EEUU debe asegurarse de que cualquier información compartida con el gobierno español esté redactada de detalles que no deban ser compartidos con el PCCh».