La instrumentalización de Marruecos del conflicto del Sáhara Occidental

Tras los Acuerdos Abraham, Marruecos se ha consolidado como un actor de influencia en la estabilidad regional del Magreb y en el sur de Europa ante EEUU, Israel y otras naciones europeas, aprovechándose además los recursos económicos del Sáhara Occidental para consolidar su ocupación e instrumentalizar dinámicas –como la inmigración irregular, el terrorismo y el narcotráfico–, para condicionar relaciones internacionales, adquirir protagonismo e influencia en la seguridad regional ante la inestabilidad del flanco Sur de la OTAN. De todo lo cual España debería tomar buena nota.

Introducción

El estado actual del conflicto del Sáhara Occidental y su ocupación por parte del Reino de Marruecos encarnan el conjunto de transformaciones hacia la multipolaridad de nuestros días. La priorización de los intereses de Marruecos y sus socios estratégicos, vinculados con la explotación económica o el posicionamiento geoestratégico en el Norte de África, eclipsan el derecho a la autodeterminación del vulnerado pueblo saharaui y el respeto al derecho internacional. Esto se ha evidenciado en la reciente resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU), la cual permitiría la imposición del marco político desarrollado por Marruecos en las negociaciones para una solución al conflicto. Todo a pesar de la ilegalidad manifiesta que supone desde el marco jurídico internacional. Debido a esto, el análisis de las dinámicas del expolio marroquí a la excolonia española y de la relación con su red internacional de alianzas ayudará a esclarecer las motivaciones para este histórico giro en una problemática de largo recorrido y que afecta directamente a los intereses nacionales de España.

Valor estratégico del territorio e instrumentalización de recursos

La decisión de la resolución 2797 del CSNU, a propuesta de Estados Unidos, ha permitido establecer como base más creíble de las negociaciones del conflicto el Plan de Autonomía de Marruecos. Este, unilateralmente, asume la soberanía marroquí sobre el territorio, vulnerando los derechos del pueblo saharaui (Ruiz Miguel, 2008). Los incentivos económicos y geoestratégicos son un motor en la estrategia de Rabat, explotando los recursos del territorio, aunque el marco jurídico internacional (ICCPR, 1966; ICESCR, 1966) lo prohíba sin el consentimiento del pueblo saharaui. Sin olvidar tampoco la extensa jurisprudencia de la ONU que defiende el derecho inalienable a la autodeterminación para este pueblo y el reconocimiento de Marruecos como fuerza ocupante (véase, entre otras, AGNU A/RES/34/37). Esto evidencia la ilegalidad e ilegitimidad del persistente expolio marroquí mediante empresas estatales o las redes clientelares de la monarquía de Mohammed VI.

Con su actual control de facto de más de tres cuartas partes del Sáhara Occidental, Marruecos domina el 70 % de las reservas mundiales de fosfatos, de gran calidad y vitales para la producción global de fertilizantes agrícolas, situándose como segundo productor tras China (WSRW, 2025). La propia empresa estatal que concentra esta actividad, OCP S.A., declaró ingresos brutos en 2024 por valor de 6,3 mil millones de dólares (OCP S.A., 2025), con estimaciones de entre 150 y 655 millones anuales correspondiendo únicamente a la mina saharaui de Bou Craa (WSRW, 2025). En 2019, según datos del United States Geological Survey, la exportación de roca fosfórica alcanzó un 19 % del valor total de las exportaciones realizadas por Marruecos, siendo un importante generador de divisas. Esta misma fuente también afirma que, siendo los fosfatos los recursos mineros más abundantes y lucrativos, también encontramos otros recursos estratégicos como oro, plata, zinc, cobalto, cobre o níquel.

La pesca es otro sector fundamental, siendo uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo, concentrando en sus aguas en torno a tres cuartas partes de las capturas totales marroquíes (WSRW, 2023). De igual modo, se ha impulsado la agricultura intensiva, explotando los escasos recursos hídricos en detrimento de la población local, para su posterior exportación a Europa principalmente. En conjunto, ninguna de estas actividades se traduce en mejoras para el pueblo saharaui, titular de la soberanía de estos recursos, puesto que es el aparato estatal de Marruecos quien canaliza los beneficios y los emplea para afianzar su presencia y usar los recursos como moneda de cambio a nivel internacional.

Como resultado, se persigue consolidar la presencia estatal e incentivar a colonos marroquíes a asentarse en el territorio, desplazando a la población nativa, que solo supone un cuarto de la población en su propio país (Norwegian Refugee Council, 2014). Además, Marruecos normaliza la ocupación ante la comunidad internacional a través de la integración en redes comerciales y económicas del Sáhara Occidental, lo que se traduce en una aceptación de su soberanía de facto. Vemos entonces cómo el régimen marroquí instrumentaliza el conflicto para extender su retórica irredentista y utiliza el expolio para tejer su red de apoyos. Todo esto es facilitado por el reconocimiento de Estados Unidos de su soberanía sobre el Sáhara Occidental en diciembre de 2020, lo que ayudó en buena medida a respaldar políticamente estos acuerdos pese a su flagrante ilegalidad. 

«Marruecos domina el 70 % de las reservas mundiales de fosfatos, vitales para la producción global de fertilizantes agrícolas, situándose como segundo productor tras China».

En esta línea, Marruecos ha logrado apuntalar sus intereses con acuerdos económicos con grandes actores, ofreciendo acceso a esta explotación ilegal a cambio de su silencio. El majzén, la élite política y económica del régimen marroquí, ha usado sus redes clientelares entorno a los recursos saharauis para estructurar las relaciones con otras potencias y tratar de consolidar su control de facto (López Canorea, 2025). Esto se observa claramente en los acuerdos pesqueros con Rusia, Japón (ODEH, 2019) o la Unión Europea. A pesar de la ilegalidad de la inclusión del Sáhara Occidental en los acuerdos pesqueros y agrícolas entre Bruselas y Rabat, declarada por el TJUE en 2017, el influyente lobby marroquí ha logrado recientemente que la Comisión renegocie el acuerdo agrícola para sortear esta prohibición (Comisión Europea, 2025). 

Otro interés estratégico de enorme importancia reside en la asunción de la soberanía de aguas saharauis, permitiendo la expansión de la zona económica exclusiva (ZEE) marroquí, disputando la ampliación de la ZEE española, la cual tiene como base legal la Convención del Mar de la ONU. Dichas ampliaciones permitirían la explotación de los recursos mineros del lecho marino a 350 millas náuticas de las costas de las Islas Canarias y el Sáhara Occidental, donde se especula que podrían existir bolsas de gas natural o yacimientos petrolíferos (López Canorea, 2025), así como tierras raras de gran valor estratégico alrededor del monte Tropic (CSIC, 2024), reclamado por Madrid y Rabat. 

«El régimen marroquí instrumentaliza el conflicto para extender su retórica irredentista y utiliza el expolio para tejer su red de apoyos».

Actualmente, Marruecos ha encargado dos prospecciones ilegales en aguas fuera de su soberanía en búsqueda de recursos energéticos a empresas israelíes (WSRW, 2024), evidenciando de nuevo la cooperación con otros Estados al margen de la legalidad. Este desafío a las reclamaciones españolas, amparadas por el derecho internacional, se sostiene sobre la ocupación del Sáhara Occidental. Dicha reclamación ilegítima constituye un elemento más dentro de la estrategia híbrida marroquí contra la soberanía e intereses españoles.

Instrumentalización interna y para el posicionamiento internacional

La ocupación del Sáhara Occidental sirve desde sus inicios a intereses internos de la monarquía. Tras su independencia en 1956 y la incorporación del protectorado francés y español, la cohesión nacional pierde fuerza ante diversas inestabilidades como la falta de justicia social, pobreza generalizada o el separatismo rifeño. Hassan II, predecesor del actual monarca, asumió en 1958 la narrativa irredentista del Gran Marruecos para aumentar el sentimiento nacionalista y la unidad nacional para así contrarrestar estos problemas (Ashford, 1962). Hoy se sigue usando el conflicto para potenciar el patriotismo frente a inestabilidades nacionales. De hecho, el reciente impulso estadounidense en el CSNU a la estrategia marroquí se produjo semanas después de las mayores protestas en décadas pidiendo mejoras sociales.

No obstante, el Reino de Marruecos también emplea el conflicto para afianzar su posicionamiento geopolítico internacional y fortalecer su posición regional, sobre todo durante la presente transición a la multipolaridad. Una de sus ambiciones sería consolidarse como puente entre el Mediterráneo y África Occidental. Mediante este expansionismo, Rabat no simplemente compensa su escasez de recursos, sino que trata de aumentar la proyección atlántica del país, cerrando la salida al mar de Argelia, gran aliado de la causa saharaui y su principal rival estratégico. Tras la derrota marroquí en 1964 contra Argelia en la Guerra de las Arenas, los argelinos afianzaron su control sobre Tinduf y Béchar, debilitando al incipiente expansionismo del Gran Marruecos. Para el autor saharaui Malainin Lakhal (2017), dicho expansionismo fracasó en sus intentos iniciales de integrar Mauritania o parte de Argelia en la época postcolonial. De ahí que Lakhal describa la ocupación del Sáhara Occidental como la depredación sobre el vecino más débil, favorecida por el vacío de poder tras la retirada española en 1975. 

El Sáhara Occidental tiene un elevado valor geoestratégico, pues concentra importantes reservas de recursos y tiene un posicionamiento clave en las rutas entre Europa, el Sahel y el Magreb. Ante la inestabilidad del flanco sur de la OTAN, su dominio se enmarca como fundamental para la proyección de intereses sobre el Sahel y el control de rutas migratorias, terrorismo y narcotráfico. En consecuencia, la instrumentalización marroquí de estas dinámicas le otorga una marcada influencia en la seguridad regional, tal y como ejemplifica el uso que hacen de la inmigración irregular como arma híbrida contra Europa y España, destacando el asalto a la frontera de Ceuta en 2021 (De la Corte Ibáñez y Torrens, 2025). Esta relevante influencia sobre los intereses de seguridad europeos es uno de sus pilares de su estrategia geopolítica.

Dicha influencia le permite mantener una actitud de intransigencia respeto de sus intereses respecto al Sáhara Occidental, pues, de no colaborar con sus objetivos nacionales, no dudan en impulsar acciones híbridas o diplomáticas para forzar concesiones. Esto se evidencia en el ya mencionado uso de la inmigración irregular contra España tras la hospitalización en 2021 del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. En los últimos años también se han generado incidentes contra Suecia y Alemania. Por una parte, la realización de un boicot a productos suecos para impedir el reconocimiento de la República Saharaui Libre y Democrática en 2016. Por otra, la suspensión en 2021 del contacto con la Embajada de Alemania en Rabat para forzar la apertura de un consulado en territorio ocupado (López Canorea, 2025). 

«El fin de la hegemonía liberal acentúa la anarquía del sistema internacional, posibilitando que el Sáhara Occidental quede bajo soberanía marroquí por la conveniencia de las potencias implicadas».

La coerción, junto con el interés europeo en acceder a las materias primas del Sáhara Occidental, consolida el lobby marroquí en Europa como uno de los más influyentes, logrando que países como España, Francia, Reino Unido y Portugal hayan acercado sus posturas recientemente al apoyo de sus planes de ocupación. Esta situación viene dada por la condición de Marruecos como socio estratégico clave para Washington, potenciando sus planes de ocupación como la base más viable, incluso en el marco de la ONU, pese a la consecuente violación de derechos humanos.

La emergente multipolaridad ha acelerado este giro. Nos encontramos ante un cambio de paradigma con el desmantelamiento del orden liberal basado en reglas. El fin de la hegemonía liberal acentúa la anarquía del sistema internacional, posibilitando que el Sáhara Occidental quede bajo soberanía marroquí por conveniencia de las potencias implicadas. Con esta transición, Marruecos gana peso como aliado estratégico y pragmático de EEUU para defender sus intereses en África, al mismo tiempo que se asienta como un socio más flexible que la UE, anclada en el liberalismo internacional, para navegar los complejos desafíos de la multipolaridad.

Un claro ejemplo de la firme alianza entre Marruecos y EEUU es la mediación estadounidense en los Acuerdos de Abraham en 2020. Estos establecen la normalización de relaciones con Israel a cambio de que, tanto este último como EE. UU., reconocieran la soberanía marroquí sobre el territorio saharaui. Este movimiento pone de manifiesto la instrumentalización marroquí del conflicto ante el posicionamiento internacional, consiguiendo aumentar el apoyo a sus planes y dar un gran golpe a la lucha de liberación saharaui. Asimismo, los Acuerdos de Abraham permitieron como compensación una intensa cooperación militar y tecnológica con Tel Aviv y Washington, además de ayudar a Marruecos en su carrera militar contra Argelia o desafiar el liderazgo español en el Estrecho de Gibraltar, así como reafirmar sus capacidades para el control del Sáhara Occidental. 

La asociación alauita con estadounidenses e israelíes se define como crucial en la multipolaridad, sirviendo a los intereses nacionales de todas las partes. EE. UU. afianza su presencia en el Magreb frente al auge revisionista ruso y chino, e Israel sienta un precedente favorable para negar la autodeterminación en Palestina, al igual que consigue un apoyo central en el mundo árabe. Pero, por encima de todo, fortalece la posición marroquí al dar alas a su narrativa irredentista y a sus tácticas híbridas como instrumento de presión al margen de la legalidad internacional. Es decir, Marruecos usa su alianza con estos actores como contrapeso geopolítico contra Europa, que no ve defendidos sus intereses frente a Rabat en Washington.

Por consiguiente, de culminar su ocupación, la monarquía alauita continuaría su narrativa del Gran Marruecos amenazando la soberanía española de Ceuta, Melilla y las plazas de soberanía en el Norte de África. Todo esto, con el posible amparo de potencias implicadas económica y estratégicamente con Marruecos. Las tensiones de la Administración de Donald Trump con Europa y España, con las relaciones comerciales o el debate del gasto en defensa en la OTAN como puntos de fricción, podrían animar a los sectores más agresivos marroquíes a incrementar sus presiones para seguir forzando concesiones y la asunción de un potencial rol neutral de Washington en una futura crisis. De igual forma, de seguir consiguiendo apoyos para su visión irredentista, con una nula base histórica y legal, podría eventualmente conseguir apoyos a sus reclamaciones ilegítimas sobre los territorios e intereses soberanos españoles en África.

Conclusiones

«De culminar su ocupación, la monarquía alauita continuaría su narrativa del Gran Marruecos amenazando la soberanía española de Ceuta, Melilla y las plazas de soberanía en el Norte de África».

En los últimos años Marruecos se ha consolidado como un actor de gran influencia en la estabilidad regional del Magreb y sur de Europa, actuando de bisagra entre la conflictiva región del Sahel y la UE en cuanto a flujos migratorios. Este impacto sobre la seguridad, sumado a su creciente influencia comercial, es aprovechado para forzar a países como España a aceptar repetidas concesiones a cambio de apoyar su ilegítima estrategia de ocupación del Sáhara Occidental. Así, la explotación económica del territorio se sitúa como un elemento vertebrador para reducir la oposición a sus intereses o promover su narrativa en la comunidad internacional. Esto significa que utiliza un expolio como moneda geopolítica de cambio para extender el reconocimiento de la ocupación. Por esta razón, la instrumentalización del conflicto es una fórmula de presión vital sobre su entorno estratégico, respaldado por el reconocimiento, cooperación en defensa y alineamiento de potencias como Estados Unidos e Israel.