México: los desaparecidos dejan un vacío equivalente a toda la población de Salamanca

Para un lector en España, la magnitud de la tragedia mexicana puede resultar abstracta hasta que se le pone escala geográfica: imagine que, de la noche a la mañana, toda la población de Salamanca se hubiera esfumado. Esa es, con aproximaciones inevitables, la dimensión del horror en México: más de 122.000 personas desaparecidas y no localizadas en registros oficiales acumulados en las últimas décadas, particularmente desde el inicio de la crisis de violencia contemporánea hace un cuarto de siglo.

Se trata de una herida que, lejos de cicatrizar, supura con una velocidad escalofriante. De acuerdo con datos oficiales, casi 18.000 de esas ausencias han ocurrido en los últimos 18 meses, lo que apunta a una persistencia del fenómeno que desafía cualquier discurso de pacificación.

El pasado 20 de marzo escribí en estas mismas páginas de THE OBJECTIVE sobre el laberinto de dolor que recorren las familias buscadoras, sin saber que apenas unos días después la diplomacia mexicana se enfrentaría a un terremoto en Ginebra. El 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU decidió solicitar al secretario general de Naciones Unidas que remita urgentemente la situación de México a la Asamblea General.

La decisión, de una gravedad institucional inédita, se tomó en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional en la materia. El Comité concluyó que existen «indicios fundados» de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basados en ataques «múltiples, generalizados o sistemáticos» contra la población civil.

Este organismo, integrado por diez expertos y encabezado actualmente por el jurista ecuatoriano Juan Pablo Albán Alencastro, fue quirúrgico en su diagnóstico: la responsabilidad del Estado no se limita a la orden directa de un superior, sino que se configura por la omisión, la tolerancia y la incapacidad estructural para investigar. Sin embargo, la respuesta del Gobierno mexicano ha sido un repliegue hacia un nacionalismo defensivo que choca frontalmente con su pertenencia a organismos multilaterales. Desde el oficialismo se ha calificado la resolución como un acto «injerencista», bajo la premisa de que hoy, a diferencia del pasado, los agentes del Estado ya no tienen la instrucción de desaparecer personas.

Pero la realidad es terca y suele desmentir los decretos morales. Casi al mismo tiempo que la diplomacia mexicana negaba en la ONU la vigencia de estas prácticas, en el estado de Tabasco —epicentro político del actual proyecto de Gobierno— se concretaba una acusación formal por desaparición forzada contra Hernán Bermúdez Requena. No hablamos de un fantasma del pasado «neoliberal», que tanto critica el movimiento gobernante, sino de quien hasta hace muy poco era el máximo responsable de la seguridad pública en el lugar.

Esta crisis estalla, además, en un momento delicado para la política exterior, con un estreno en la Secretaría de Relaciones Exteriores que debe gestionar la contradicción de un país que busca proyectarse como socio moderno —a las puertas del Mundial 2026— mientras sus estructuras locales siguen contaminadas por la colusión.

La tragedia adquiere rostro en casos como el de Carlos Emilio Galván Valenzuela, un joven recién titulado, de 21 años de edad, que desapareció hace seis meses en Mazatlán tras levantarse de la mesa de un restaurante para ir al servicio. A medio año de los hechos, la autoridad no tiene una sola pista.

Ante esta parálisis, el Gobierno mexicano —que dice guiarse por las tesis del humanismo— operó, una semana antes de la resolución de la ONU, una polémica segmentación de las cifras. En un ejercicio de ingeniería estadística, se intentó reducir el padrón argumentando que a miles de registros les «faltaban datos» o que muchas personas habían dado «indicios de vida» basándose en cruces administrativos de vacunas o trámites fiscales. Esto ha sido señalado por los colectivos de búsqueda como un intento de borrar a los ausentes de los libros, en lugar de intentar encontrarlos.

El atrincheramiento del Gobierno frente a los señalamientos de inacción ha sido apoyado de forma insólita por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos —un órgano que niega su autonomía constitucional— y por su titular, Rosario Piedra Ibarra —hermana de un desaparecido de la Guerra Sucia de los años setenta—, dejando a las víctimas sin instancias de arbitraje ante las cuales recurrir.

En medio de este escenario de negación burocrática, el simbolismo se ha convertido en el último refugio de la memoria. Con motivo del lanzamiento de la misión Artemis II, un grupo de familiares de desaparecidos de Nuevo León —Estado del norte de México— envió a la NASA los nombres de 50 personas ausentes para que fueran incluidos en un chip con 5,6 millones de nombres de todo el planeta.

Es una imagen desoladora: ante un Estado que intenta segmentar su existencia para diluir la estadística y que acusa de intromisión cualquier esfuerzo de revisar desde fuera lo que acontece aquí, las familias decidieron lanzar esos nombres al espacio exterior. En un México que se dice soberano, pero se muestra incapaz de garantizar el derecho elemental a no desaparecer, los nombres de los ausentes viajaron hasta la Luna y de regreso, buscando en el vacío cósmico el reconocimiento y la luz que su Gobierno les niega en la Tierra.