Johnson & Johnson, condenada a pagar 572 millones de dólares por su papel en la crisis de los opiáceos

Economía y capital

Johnson & Johnson, condenada a pagar 572 millones de dólares por su papel en la crisis de los opiáceos
Foto: Murat Kula/Presidential Palace/Handout

El grupo farmacéutico estadounidense Johnson & Johnson tendrá que pagar más de 572 millones de dólares por su papel en la crisis de los opiáceos en el estado de Oklahoma que, según el Gobierno estatal, ha provocado más de 6.000 muertes en los últimos 20 años.

Así lo ha decidido el juez de distrito del condado de Cleveland, Thad Balkman, que ha afirmado que “la crisis de los opiáceos ha devastado al estado de Oklahoma y debe reducirse de inmediato”.

El fiscal general de Oklahoma, el republicano Mike Hunter, presentó una demanda en 2017 contra Johnson & Johnson, Purdue Pharma y Teva en la que las acusaba de causar un perjuicio público al inundar el estado con opiáceos sin informar con exactitud sobre el riesgo de adicción a estos fármacos.

Johnson & Johnson ha negado las acusaciones y su abogado, John Sparks, ha cuestionado la aplicación de la ley de perjuicio público hecha por los fiscales y ha argumentado que las autoridades “han malinterpretado” esta ley.

El fallo judicial en este caso era muy esperado por las grandes farmacéuticas, pues hay numerosas reclamaciones similares en más de 40 estados del país, además de una demanda federal suscrita por más de 2.000 ciudades y condados.

Las otras dos farmacéuticas acusadas por el estado de Oklahoma alcanzaron acuerdos extrajudiciales con las autoridades locales por 270 millones de dólares, en el caso de Purdue Pharma, y de 85 millones de dólares, en el caso de Teva, para evitar el juicio. Este dinero se destinará a financiar la investigación y el tratamiento de la adicción a los opiáceos en Oklahoma, así como al pago de los gastos legales de la contienda judicial.

Las sobredosis relacionadas con los opioides en Estados Unidos se saldaron con más de 47.000 muertes en 2017, de las cuales un 36% incluye drogas que habían sido suministradas con receta médica, según los datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.