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Jueces y fiscales exigen respuestas a la ministra Delgado en su segunda huelga este año

El 60,9% de los jueces y el 38,88% de los fiscales han secundado este lunes la huelga convocada para pedir mejoras salariales, más medios y mayor independencia de la justicia, según los datos suministrados por las organizaciones convocantes, que consideran que las cifras, algo inferiores a las del paro de mayo, suponen un «éxito» y un «buen punto de partida» para iniciar negociaciones con el Ministerio de Justicia. 

Jueces y fiscales exigen respuestas a la ministra Delgado en su segunda huelga este año

El 60,9% de los jueces y el 38,88% de los fiscales han secundado este lunes la huelga convocada para pedir mejoras salariales, más medios y mayor independencia de la justicia, según los datos suministrados por las organizaciones convocantes, que consideran que las cifras, algo inferiores a las del paro de mayo, suponen un «éxito» y un «buen punto de partida» para iniciar negociaciones con el Ministerio de Justicia.

Según las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales, hasta las 17:00 horas han comunicado su adhesión al paro 3.234 jueces y magistrados y 973 fiscales, cifras que contrastan con las suministradas por los Tribunales Superiores de Justicia y los órganos centrales al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que establecen que el número de jueces y magistrados que han comunicado a las presidencias de sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia su decisión de secundar la jornada de huelga ha sido de 2.559.

La anterior huelga fue el 22 de mayo, con Rafael Catalá como ministro de Justicia, y ahora se enfrenta a ella la ministra Dolores Delgado, que se sumó a la anterior movilización cuando era fiscal. “Las peticiones son las mismas que hacíamos al anterior ministerio”, ha explicado el portavoz de la Asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, a The Objective.

A pesar de haber reivindicado junto a sus compañeros una mejora de las condiciones laborales y una mayor independencia de la justicia, la ministra no ha mostrado intención de crear medidas para solucionar esta situación, explica Raimundo Prado.

Las asociaciones profesionales exigen que sean los jueces y fiscales quienes elijan a la mayoría del Consejo General del Poder Judicial, una decisión que ahora está en manos del Parlamento.

Respecto a las mejoras salariales, los jueces y fiscales piden “recuperar el poder adquisitivo” perdido en 2010 debido a la crisis financiera, explica Prado. Además, solicitan que se creen más órganos judiciales para atender el incremento de la litigiosidad y exigen derogar el sistema de plazos máximos de instrucción mientras no haya más medios.

Según las cifras facilitadas por los diferentes tribunales superiores de justicia, el seguimiento ha sido desigual en las comunidades autónomas y destaca el descenso en Cataluña, donde ha secundado al huelga de hoy el 37% de los jueces y magistrados, frente al 62% de mayo. En plantillas mucho más pequeñas, como la de La Rioja, se ha sumado al paro el 71 % de los jueces y magistrados,

La adhesión al paro se ha situado en el 40% en Madrid; mientras que en la Comunidad Valenciana se ha registrado un 52%; en Castilla y León, un 45,5%; en Canarias, un 50%; en Galicia, un 41,1%; y en el País Vasco, un 36%.

Pacto para elegir al presidente del CGPJ

Estas peticiones llegan el mismo día en que se han filtrado unos mensajes de WhatApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en los que justifica el pacto con el PSOE para elegir al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y asegura que “controlaremos la Sala Segunda desde detrás”.

Tras la publicación de esta conversación por el diario El Español, Cosidó ha negado que defendiera ante su grupo el pacto con el Gobierno para renovar el CGPJ para controlar «desde detrás» al Tribunal Supremo y ha pedido disculpas por el lenguaje «coloquial» usando en este mensaje, con el que ha asegurado que solo quería aclarar que la elección de Marchena facilitaría acuerdos unánimes en el CGPJ.

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