La Asamblea Nacional opositora venezolana designa nuevos magistrados para el Supremo

Una plaza de Caracas, la Alfredo Sadel de Las Mercedes (Municipio Baruta) se convirtió este viernes en escenario para la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por parte de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Ese fue el único punto en el orden del día, informa el diario El Estímulo.

Este viernes fueron designados y juramentados 13 principales y 20 suplentes a pesar de que este jueves el Supremo emitió una sentencia en la que desconoce tal medida.

Antes de que comenzara el acto que se hizo al aire libre, el mayor misterio era la lista de los nombres de los magistrados que ya han sido amenazados por el Gobierno de incluso meterlos presos «por usurpación de funciones».

La Asamblea para la designación se basó en el artículo 264 de la Constitución, así como en el 8 y en 38 de la Ley Orgánica del TSJ.

Tomó la medida ya que desconoce a los magistrados designados de forma exprés por el Parlamento chavista en diciembre de 2015, luego de que la oposición ganara la mayoría en el Legislativo.

Cientos de ciudadanos se acercaron al lugar. La bancada oficialista no asistió a la sesión. Desde febrero no lo hace porque alega, al igual que TSJ, que está en desacato.

«Las dos terceras partes necesarias para la designación están en el recinto», expresó su presidente, Julio Borges antes de iniciar el evento. Habló de una «justicia fuerte y para todos los venezolanos».

Borges argumentó que la sesión fue hecha  al aire libre porque debe ser «transparente y ante el pueblo». «Lograr una justicia al servicio del pueblo, no de una parcialidad política», afirmó.

La AN que rechaza al gobierno del presidente Nicolás Maduro al que califica de «dictadura», mantiene su desconocimiento del TSJ al que acusa de ser un brazo del Ejecutivo.

La selección de los candidatos de hizo a través de un comité de postulaciones compuesto por un grupo de diputados (cinco) y personas (seis) de la sociedad civil. El proceso colleva un estudio de credenciales, formación académica -como ostentar un postgrado en materia judicial- y otros requerimientos dispuestos en la Ley.

Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo -acusado de ser un brazo del Gobierno- ordenó acciones de “coerción” (represión) contra los nuevos magistrados designados por la Asamblea tras acusarlos de los delitos de “traición a la patria” y de “usurpación de funciones”, contemplados en la justicia civil y militar.