La Audiencia Nacional investiga a Caixabank por blanqueo de capitales

Economía y capital

La Audiencia Nacional investiga a Caixabank por blanqueo de capitales
Foto: Manu Fernandez

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir un procedimiento contra Caixabank SA como investigada por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de 10 de sus sucursales, informa la Audiencia. Estas oficinas de la entidad financiera supuestamente favorecieron, auxiliaron y ocultaron fondos de clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora. El juez considera que las sucursales investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente “como canales de blanqueo de dichas organizaciones” aun cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban”. El juez cita a la entidad el próximo 26 de abril a las diez y media de la mañana para que designe un abogado y un procurador.

El auto del juez explica que a raíz de la investigación a la entidad ICBC (Industrial And Comercial Bank Of China SA) por conductas de blanqueo de capitales al servicio de diversas organizaciones criminales de ciudadanos chinos, el Grupo de delitos Económicos de la Guardia Civil y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) detectaron una serie de comportamientos irregulares llevados a cabo por determinadas sucursales de Caixabank entre los años 2011 y 2015 para ayudar supuestamente a personas físicas y sociales de nacionalidad china a aprovecharse de las ganancias ilícitas de sus defraudaciones y contrabando de mercancía.

Estas organizaciones generaban unas remesas masivas de dinero en efectivo, procedentes de delitos contra la Hacienda Pública y, en menor medida, contra la Propiedad Industrial y Contrabando “en cuya bancarización sin riesgos de ser descubiertos, aprovechamiento y ayuda para transferir sus fondos a China han intervenido entidades bancarias como Caixabank e ICBC Sucursal España”.

El auto detalla las operaciones investigadas a las 10 sucursales implicadas, situadas en distritos cercanos al Polígono Cobo Calleja de Madrid. El auto analiza toda la información sobre los clientes investigados, de los que existía carencias de información y de control sobre su operativa. Los directores implicados permitieron, según la Audiencia, el uso de testaferros, actividades económicas no justificadas, con repetición de un patrón falsario de ingresos en efectivo para eludir a Hacienda, fraccionando facturas, con empresas instrumentales y sin controlar a los clientes. Los directivos de esas sucursales, según el juez, permitieron que otras personas distintas a los titulares firmaran operaciones de ingresos o transferencias.

A través de la banca online los líderes de la organización criminal también operaban, sin necesidad de desplazar a testaferros instrumentales a las entidades bancarias. El juez cifra en 50 sociedades de la trama y 16 personas físicas las que utilizaron la banca electrónica de Caixabank. Según la Audiencia, los directores de las sucursales investigadas permitieron a las organizaciones Snake, Chequia, Emperador y Juguetes que realizaran ingresos compartiendo direcciones IP y beneficiarios comunes. En el caso Emperador, por ejemplo, ordenaron 2.254 transferencias por valor de 41.648.140 euros, apunta la Audiencia.

Las organizaciones investigadas dividían las remesas de dinero procedentes de sus ganancias ilícitas en cantidades más pequeñas, entre 20.000 y 35.000 euros, según la misma fuente. A veces se producían ingresos de efectivo simultáneos en el mismo día, hora y cantidad entre varias sociedades aparentemente desvinculadas entre sí y realizadas por su administrador de perfil testaferro. Respecto a las transferencias a China y Hong Kong, el juez considera que los directivos y empleados de las sucursales investigadas “ eran conocedores de los saldos diarios que se transferían y que sus importes eran siempre inferiores a 50.000 euros, al objeto de eludir la obligación de declararlas conforme a la normativa del Banco de España y permanecer así los movimientos ocultos para el seguimiento de las operaciones de tráfico de divisas”.