La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha sido destituida este sábado de su cargo por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente. Su lugar será ocupado temporalmente por Tarek William Saab, actual Defensor del Pueblo y hombre de confianza de Nicolás Maduro.
Ortega había sido pocos minutos antes suspendida del cargo por decisión del Tribunal Supremo de Venezuela, que ha anunciado que la enjuiciará por supuestas irregularidades en su cargo. Ortega ha declarado que no «asume» las decisiones los magistrados porque «están al margen de la Constitución y la ley”. En cualquier caso, ha sido Diosdado Cabello, miembro de la Asamblea Nacional y uno de los hombres más influyentes del oficialismo, quien ha propuesta en el pleno de este sábado apartar definitivamente del cargo a Ortega. Cabello ha argumentado que no se debe a un «linchamiento personal o político, sino a cumplir con la ley».
Sala Plena del TSJ suspende a Luisa Ortega Díaz del cargo de fiscal general de la República https://t.co/4ShA5Xgwth pic.twitter.com/NEgTTm1ZeN
— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) 5 de agosto de 2017
La destitución de la fiscal general coincide con el «asedio» que la propia Ortega ha denunciado esta misma mañana de sábado y por la cual numerosos agentes de la Guardia Nacional se han personado en la sede del Ministerio Público y han bloqueado incluso con convoyes militares todos los accesos del edificio, impidiendo que los funcionarios que se encontraban en el lugar pudieran entrar o salir del mismo.
Ella misma ha podido comprobar que se le negaba el acceso a la sede y ha declarado a los periodistas allí presentes que «esto es una dictadura». Antes de marcharse en moto y escoltada, ha anticipado que seguirá luchando «al frente de la conquista de los derechos humanos» para «lograr el respeto a la libertad» y ha declarado que el Gobierno quiere esconder «la corrupción que hay en Venezuela» y tapar las «pruebas» de violaciones de los «derechos humanos».
En un comunicado publicado horas después de ser destituida, Ortega Díaz ratifica que está “en pleno desarrollo un golpe contra la Constitución” y nuevamente “desconoce” las decisiones del Tribunal Supremo.
Con su destitución, Nicolás Maduro acalla una de las voces más críticas con su mandato. Esta postura le costó a Ortega amenazas graves, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asignó el pasado viernes medidas cautelares de protección para Ortega al considerar que su vida e integridad «enfrentan riesgo inminente de daño irreparable».
La Constituyente, hasta 2019
La Constituyente ha adoptado este sábado otra medida polémica al decidir que su período de funciones será de hasta dos años. De abarcar este período, iría más allá del mandato de Maduro, que concluye, en principio, en enero de 2019. El dirigente chavista Diosdado Cabello, primer vicepresidente del partido de gobierno, ha informado que esta institución, integrada en su práctica totalidad por afines al Gobierno, ha aprobado extender su trabajo a este periodo “siempre y cuando se hayan cumplido las tareas encomendadas, las funciones para las cuales fue nombrada”.
En este sentido, el político oficialista ha matiza que «pudiera ser menos», pero que, en cualquier caso, no se van a «limitar». Asimismo, ha añadido que las decisiones que se produzcan en el seno de la Asamblea Constituyente no deben extrañar a la opinión pública, pues se trata de un dictamen emanado de un cuerpo con poderes ilimitados e incuestionables.
El constituyente Hermánn Escarrá, quien asesoró al presidente Nicolás Maduro para impulsar esta iniciativa, aseguró a la agencia EFE el pasado mes de junio pasado que el trabajo de la Constituyente duraría 12 meses, según estimaciones del Gobierno, y subrayó que las elecciones presidenciales están previstas para diciembre de 2018.
Escarrá también consideró entonces que una vez instalada la Asamblea su trabajo sería “difícil los primeros días” debido a que deberá funcionar bajo el estatuto que rigió el proceso en 1999 -cuando se sancionó la actual Carta Magna- hasta que surja un nuevo esquema de trabajo. Las normas de 1999, explicó el jurista, contemplan que la Asamblea podrá “limitar, decidir, cesar y sustituir” de sus actividades a los titulares de todos los poderes públicos pero, consideró, aplicar este apartado “en una sociedad polarizada como esta podría conflictuar [sic] más» el escenario político.
La oposición, que lleva cuatro meses exigiendo elecciones generales en sus manifestaciones y que definió como «fraude» el resultado de las votaciones para la Constituyente celebradas el pasado domingo, ha manifestado en boca de Julio Borges, presidente del Parlamento, que “lo que está sucediendo en Venezuela es el secuestro total de todas las instituciones». Por su parte, Maduro ha anunciado que la Constituyente, presidida por Delcy Rodríguez, activará una ‘Comisión de la Verdad’ que investigará lo ha que denominado «crímenes de la derecha» durante las protestas.
