La Fiscalía del Caso Lezo pide imputar a Gallardón y Aguirre

Los fiscales del caso Lezo han pedido imputar a Alberto Ruiz-Gallardón y de a expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre por su participación en la compra de la empresa Inassa a través del Canal de Isabel II en el año 2001. La información ha sido adelantada a La Sexta. De acuerdo al mismo medio, el informe con las dos propuestas está de momento retenido por el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien sustituyó a Manuel Moix, y todavía no se ha remitido al juez para que tome la decisión de citarles como imputados.

El juez que investiga la caja B del PP en el caso Bárcenas, José de la Mata, ha citado el pasado 24 de noviembre a declarar como testigos el 18 de diciembre al exministro Eduardo Zaplana y al expresidente madrileño Ignacio González, en relación con unos pinchazos del caso Lezo sobre presuntos pagos de comisiones al PP. El magistrado citó también ese día como testigos al empresario Javier López Madrid, yerno del presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; al exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel y al presidente del grupo Intereconomía, Julio Ariza.

Días antes, el 13 de diciembre, deberá también comparecer como investigado el expresidente de Dregemont Iberia José del Castillo por si «pudiera ser conocedor de la práctica verificada en la mercantil de abonar comisiones por adjudicaciones de obras, así como en materia de pagos al Partido Popular». En las conversaciones intervenidas en el caso Lezo, sobre corrupción en el Canal de Isabel II, y que han sido incorporadas a la causa de la caja B, González le cuenta a Zaplana que Ildefonso de Miguel «le sacó una grabación a un empresario» diciendo que «le daban pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy».

Según el expresidente madrileño, De Miguel le dio esa cinta a Ariza y este «se fue a ver a Mariano a chantajearle». Un abogado del caso Gürtel le dijo después que Bárcenas le había contado que tuvo que negociar con Ariza «y que le soltaron pasta por esa puta cinta, para taparlo todo». Con estas nuevas citaciones, solicitadas por la acusación que ejerce Izquierda Unida, De la Mata trata de «verificar si han tenido lugar las entregas anotadas en los denominados «papeles de Bárcenas» o «contabilidad B» del PP, aparentemente efectuada por «Gre. (Rafael P)», «R. Palenc», «Rafa Palencia» y «Rafael Palencia» en los ejercicios 1998, 2000, 2007 y 2008.

También «si ha existido una vinculación entre las citadas entregas y las adjudicaciones de contratos públicos de las que ha sido beneficiaria la empresa Degremont SA». El pasado 14 de noviembre, De la Mata tomó declaración como investigado al empresario Rafael Palencia, que supuestamente afirmó en una grabación que había pagado comisiones ilegales al PP, pero finalmente se acogió a su derecho a no declarar.

Ese día declaró también como testigo el que fuera director general y presidente de Degremont entre 2002 y 2005, Ángel Salado, quien aseguró que no sabía nada sobre el presunto pago de comisiones ilegales al PP, pero admitió la existencia de una «estrecha» relación entre Palencia y Plácido Vázquez, empresario al que el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, señaló como uno de los intermediarios en el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.

De la Mata explica que la citación a Del Castillo surge de lo declarado por Salado y «del silencio de Palencia», porque ello impidió «contrastar la veracidad y el alcance de las declaraciones de Correa», que en el juicio de Gürtel habló del pago de comisiones del 3 % al PP por parte de grandes constructoras a cambio de adjudicaciones públicas.

Dado que Del Castillo asumió la presidencia de Degremont en 2005, el juez entiende que podría ser «conocedor de la práctica verificada en la mercantil de abonar comisiones por adjudicaciones de obras, así como en materia de pagos al Partido Popular». El día que comparece José Manuel del Castillo, el juez ha citado también como testigos a Jesús Tavallo y Jaime Montaner, director financiero y consejero de Degremont SA, respectivamente, y a los que cree «conocedores, en función de las declaraciones de Salado Suárez, de las prácticas comerciales y financieras de la compañía en el periodo en que se produjeron los pagos antes referidos», informa Efe.