El juez Llarena dicta una orden de detención nacional contra Anna Gabriel

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha emitido este miércoles una orden de detención nacional contra la dirigente de la CUP Anna Gabriel después de que no se presentara a declarar en el marco de la investigación abierta relacionada con el procés catalán. La propia Gabriel, que se encuentra en Suiza desde donde había anunciado su intención de no comparecer ante el juez, ha pedido el archivo de la causa.

La ex diputada del Parlamento catalán no se ha mostrado sorprendida por la decisión judicial contra ella porque, en su opinión, la justicia española «no es imparcial», ha dicho en una entrevista concedida a TV3 desde Ginebra. Gabriel ha indicado que la situación creada tras la declaración unilateral de independencia y la consiguiente acción judicial contra sus defensores  «no es una lucha personal sino colectiva», por lo que «hay que seguir reivindicando que todos los presos, exiliados e imputados independentistas queden en libertad», ha añadido.

Gabriel se refería así al expresidente catalán, Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bruselas desde finales de octubre junto a otros cuatro ex consellers, además de a los políticos encarcelados, el ex vicepresidente Oriol Junqueras, el ex conseller de Interior, Joaquim Forn, y los ex presidente de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

La dirigente de la CUP ha confirmado también en la entrevista que su partido ha optado por una «estrategia compartida y desdoblada» ante los tribunales, lo que implica que mientras que la también exdiputada Mireia Boya compareció ante el juez, quedando en libertad sin cargos a pesar de haber defendido la declaración de independencia de Cataluña, ella ha optado por no hacerlo y «refugiarse» en Suiza al ver que otros dirigentes sí que están en prisión.

Una vez solicitada la orden de detención, el juez Llarena deberá iniciar los trámites de extradición a través de la Interpol mediante el convenio suscrito entre ambos países, informa EFE.

El Tribunal Supremo ha ordenado que se notifique esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes implicadas que habían pedido la detención de Gabriel, y añade que se puede interponer un recurso de reforma o apelación en el plazo de tres días.

La Fiscalía del Tribunal Supremo había solicitado horas antes al juez que emitiera una orden de detención y prisión para la dirigente de la CUP. La Abogacía del Estado se sumó a la petición del Ministerio Público, al igual que la acusación popular representada por el partido de extrema derecha VOX.

Los fiscales han señalado que Anna Gabriel «habiendo eludido la acción de la Justicia» y «a los fines de impedir que continúe en situación de fuga», interesa que se decrete la prisión provisional de Anna Gabriel para proceder a su posterior reclamación ante las autoridades competentes suizas.

Anna Gabriel tendría que haber declarado como investigada este miércoles por un delito de rebelión, después de el juez Llarena mantuiera la citación a pesar de que la exdiputado de la CUP ya había notificado que no acudiría por considerar que en España «no tendría un juicio justo».

A pesar de que Suiza y España mantienen tradicionalmente relaciones de cooperación, el Gobierno suizo avanzó el martes que probablemente rechazaría una solicitud de extradición o de asistencia jurídica, dijo Folco Galli, un portavoz del Departamento de Justicia de Suiza, a EFE.  El Gobierno suizo considera que el caso de Gabriel está ligado a delitos políticos que en Suiza no tienen base jurídica, motivo por el cual no aceptaría la solicitud de extradición.