La hermana de Puigdemont fue el puente entre los CDR detenidos, el expresident y Torra
Algunos de los partícipes en esas conversaciones habían comenzado a adquirir productos químicos porque las noticias sobre los políticos presos avanzaban «desfavorablemente»
Los CDR detenidos el pasado lunes y que conformaron el Equipo de Respuesta Táctica (ERT) se reunieron en secreto en septiembre de 2018 con Anna Puigdemont, la hermana del expresidente catalán [contexto id=»381726″] para entregarle «documentación sensible» y establecer «comunicaciones seguras» entre éste y su sucesor Joaquim Torra.
Según consta en uno de los autos que llevó a prisión a los siete CDR detenidos y al que ha tenido acceso la agencia Efe, se entrevistaron con la hermana de Puigdemont el 15 de septiembre de 2018 «en un encuentro cuyas características exigían unas grandes medidas de seguridad que fueron asumidas y adoptadas por parte del ERT, consiguiendo llevar a término la misma».
«Tras un pormenorizado análisis de las intervenciones telefónicas», entre dos de los detenidos ahora en prisión, Ferran Jolis y Xavier Buigás, se supo que ese día el ERT «organizó, planificó y ejecutó una reunión secreta in itinere» con la hermana de Puigdemont «con la intención de entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras entre el expresidente huido» y Torra. En esa reunión, según el auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, participaron otros integrantes del ERT: Guillem Xavier Duch, Eduardo Garzón, Clara Borrero y David Budria.
La resolución hace también referencia a la existencia «de un plan de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña» en el día «D», «con el fin último de subvertir el orden constitucional».
Ese día «D» se cree que podría ser el próximo 1 de octubre, con motivo del segundo aniversario del referéndum ilegal del 1-O, o cuando se notificase la sentencia del «procés».
«El desarrollo del plan, encomendado por parte del denominado ‘CNI catalán’, se habría asumido y planificado por parte del propio ERT, estando implicados en varias de las iniciativas que conformarían dicho plan», relata el magistrado.
Hay además conversaciones -prosigue- en las que algún integrante de este grupo mostró «de manera expresa su plena disposición a participar en el asalto al Parlamento», entre ellos Guillem Xavier Duch, integrante del CDR Sabadell Centro.
Asimismo, en otra conversación telefónica entre Duch y Jordi Ros, al que el juez sitúa en el denominado «Núcleo productor» y que «ya había empezado a adquirir productos químicos», el primero le indica que «deberían empezar a mover las cosas porque las noticias avanzan desfavorablemente».
«Estas referencias, entre otras pruebas ya expuestas, son indicios racionales suficientes», señala el juez, de que éstos tenían «un conocimiento avanzado de la planificación terrorista que se estaba gestando en el seno del ERT». Según el auto, «las acciones realizadas por el ERT y documentadas por esta instrucción, han dotado de preparación, formación y medios a sus integrantes en cuanto al empleo de teléfonos clandestinos, securización de las comunicaciones, uso de lenguaje convenido y utilización de walkie talkies«.
El juez considera que esa formación ha sido puesta en práctica por sus integrantes en diversas ocasiones, como en los disturbios durante la celebración de un Consejo de Ministros en Barcelona el 21 de diciembre de 2018.
También destaca en este sentido otro episodio ocurrido el pasado 1 de febrero cuando cuatro miembros del ERT -Duch, Garzón, Budria y Ros- «participaron en un acto delictivo» que consistió en derramar gran cantidad de aceite en la calzada de la carretera C-55, al paso del convoy escoltado por la Guardia Civil que trasladaba a los presos del procés del centro penitenciario de Lledoners a Madrid. Esta acción, destaca el auto, «generó un grave riesgo para la seguridad vial y, por ende, para las personas que circulaban por la citada carretera».
A todos estos indicios, el juez añade la declaración prestada por Ferrán Jolis -uno de los dos CDR que admitió los hechos ante la Guardia Civil y el magistrado- y que atribuyó a Duch «un papel principal en la organización». Según dijo, Duch era «uno de los coordinadores de la organización» y estaba «al cargo de las infraestructuras de las telecomunicaciones».
De hecho, en el registro de su domicilio «se encontraron numerosos terminales telefónicos y walkie talkies, encargándose por tanto de la custodia de los terminales utilizados para las comunicaciones entre los miembros de la organización».
Anna Puigdemont niega ser el «enlace» entre los CDR detenidos, el expresident y Torra
Anna Puigdemont ha negado este lunes haber ejercido de «enlace» entre él, el actual presidente catalán, Quim Torra, y los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos la semana pasada.
A través de un comunicado, Anna Puigdemont ha querido desmentir así «las diversas e interesadas filtraciones que se vienen produciendo» sobre su supuesta «participación en una reunión el 15 de septiembre de 2018 con algunos de los detenidos».
La hermana de Puigdemont subraya que nunca ha sido una «persona pública», ni ha mantenido «ninguna actividad política», y asegura: «Es materialmente imposible que yo haya participado en aquella reunión por razones familiares perfectamente acreditadas y documentadas».
«Nunca he hecho de enlace entre mi hermano y el presidente Torra, ni con nadie más con ellos dos», señala, y añade: «No he tenido, ni tengo, ni tendré nunca ningún tipo de relación con actos violentos de ninguna clase, ni con las personas que los perpetren».
Según Anna Puigdemont, «esta campaña de criminalización y desprestigio tiene como objetivo final intentar perjudicar a mi hermano para, de esta manera, tratar de convencer a las autoridades belgas para que lo entreguen».
«Somos una familia profundamente convencida del derecho que nos asiste a anhelar y luchar por la independencia de Cataluña, pero este anhelo y lucha siempre los hemos planteado desde el más absoluto compromiso con las vías democráticas, cívicas y pacíficas», agrega Anna Puigdemont, que concluye advirtiendo de que se reserva «las acciones civiles y/o penales que llegado el caso considere oportunas».