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La juez Lamela notifica a Trapero y a sus exjefes políticos su procesamiento por sedición

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha notificado a primeras horas del lunes personalmente su procesamiento por los presuntos delitos de sedición y organización criminal al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y a los que fueran sus jefes políticos

La juez Lamela notifica a Trapero y a sus exjefes políticos su procesamiento por sedición

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha notificado a primeras horas del lunes personalmente su procesamiento por los presuntos delitos de sedición y organización criminal al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y a los que fueran sus jefes políticos, el exdirector de la Policía Autonómica Pere Soler y el exsecretario de Interior César Puig.

La comparecencia ante la juez de la Audiencia Nacional apenas ha durado unos minutos, en los que la Fiscalía ha declinado hacer preguntas y tampoco ha pedido la celebración de una vistilla para adoptar nuevas medidas cautelares, informa Efe citando fuentes jurídicas. Los procesados se han limitado a negar los hechos de los que se les acusa.

En su declaración, Trapero ha alegado que se desmarcó ante el Govern del referéndum del 1-O y que se puso a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y de la Fiscalía para cumplir sus «órdenes» tras la aprobación de la declaración de independencia.

En su recurso contra el auto de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Efe, el que fuera jefe de la policía catalana insiste en que los mandos policiales de los Mossos expresaron su «discrepancia» con la cúpula de la Consellería de Interior respecto a sus planes para celebrar el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional (TC), y su «compromiso» con los mandatos de los jueces y la Fiscalía, como demuestran los dos correos electrónicos que el mayor envió al presidente del TSJC y al entonces fiscal de Cataluña, José María Romero de Tejada el 27 de octubre. En ambos, Trapero se ponía a disposición de las autoridades judiciales.

La abogada del mayor, Olga Tubau, esgrime también en su recurso dos reuniones que la cúpula de la policía catalana -encabezada por Trapero y junto a los comisarios Ferran López, Joan Carles Molinero, Emili Quevedo y Manel Castellví- mantuvo los días 26 y 28 de septiembre pasados con el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y con los exconsellers Oriol Junqueras y Joaquim Forn.

Esas reuniones, que según Tubau se celebraron a petición del propio Trapero, pretendían «trasladar a los responsables del gobierno de la Generalitat la preocupación común» de todos los comisarios respecto a que se mantuviera el 1-O, «por los eventuales problemas para la seguridad ciudadana que podrían producirse», añade el recurso.

La cúpula de Mossos trasladó también al Govern que «no se compartía desde el cuerpo policial el proyecto independentista» y manifestó su «firme voluntad y decisión» de respetar la legalidad vigente y los mandatos judiciales y su discrepancia respecto a «determinadas manifestaciones públicas en las que se hacía referencia» a la policía catalana.

Trapero ha llegado a la Audiencia Nacional a las 8.45 horas; poco antes lo hacían Pere Soler y César Puig. Los tres han abandonado la sede de la Audiencia Nacional sobre las 9.00 horas.

La juez les había citado a las 8.30 horas a los tres y a la intendente de los Mossos d’Esquadra Teresa Laplana -procesada solo por sedición por el asedio en la Consellería de Economía el 20 de septiembre-, a quien se le ha notificado el procesamiento por videoconferencia.

Los cuatro, que hasta ahora se han presentado ante la juez cuando han sido citados, Trapero hasta en tres ocasiones-, cuentan ya con medidas cautelares consistentes en comparecencias quincenales, prohibición de salir de España y retirada del pasaporte; menos gravosas que la prisión o las fianzas que, en algún caso, había pedido sin éxito la Fiscalía durante.

En el auto de procesamiento, la juez cree que la excúpula de la Policía autonómica, liderada por Soler y Trapero, bajo el mandato del exconseller Forn y su segundo César Puig, condujo a «sus subordinados a una dejación auténtica de funciones» el 1-O durante la celebración del referéndum de autodeterminación, simulando un dispositivo «engañoso y fraudulento» que facilitó la votación del referéndum ilegal.

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