La ONU acusa a las fuerzas del orden venezolanas de tortura y malos tratos generalizados

Las fuerzas de seguridad venezolanas han «maltratado» y «torturado» de forma «generalizada y sistemática» a manifestantes y detenidos, ha denunciado este lunes la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). «Hemos recibido informes creíbles de trato cruel inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos, que podrían ser definidos en varios casos como tortura», ha afirmado la portavoz de la Oficina, Ravina Shamdasani, en una rueda de prensa, y ha agregado que «estos no fueron casos aislados». Venezuela se encuentra inmersa en una gran crisis política que desde primeros de abril ha dejado más de 120 muertos.

Además, la ONU ha denunciado que la destitución de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, es una muestra más de la ruptura del estado de derecho en el país. «La destitución de la fiscal general está en la línea de lo que hemos estado denunciando, que el estado de derecho en el país se ha roto y la fractura se está ahondando», ha afirmado Shamdasani.

La portavoz explicó que tras intentar en vano que un equipo de investigadores pudieran tener acceso al país para poder pesquisar in situ sobre lo que está ocurriendo, el alto comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, decidió enviar a Panamá un grupo de expertos que hicieron su trabajo a distancia. «Las entrevistas realizadas a distancia sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes», se puede leer en un comunicado difundido por la ACNUDH.

UN human rights team’s findings indicate patterns of rights violations amid mass protests in #Venezuela https://t.co/3oEtBVS8RC pic.twitter.com/1LKOYfwrfZ

— UN Human Rights (@UNHumanRights) August 8, 2017

El equipo llevó a cabo unas 135 entrevistas a víctimas y familiares, testigos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos paramédicos y un funcionario de la oficina de la Fiscal General. También recibió información por escrito de la oficina del Defensor del Pueblo.

Según contaron los testigos, las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como los cuerpos de policía locales, «emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran». Shamdasani ha recordado que hasta el 31 de julio, la Oficina de la Fiscal General había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones.

Según el análisis del equipo de investigadores, «las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados ‘colectivos armados’, serían responsables de otros 27 fallecimientos». La Oficina de la Fiscal General investigaba también al menos 1.958 casos de heridos, aunque el número real de personas que han sufrido lesiones podrían ser mucho mayor.

Asimismo, Shamdasani ha denunciado que a pesar de no disponer de estadísticas oficiales sobre el número de detenciones, los cálculos más fidedignos indican que desde el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas han sufrido detención arbitraria.

Entre los métodos usados figuran choques eléctricos, palizas en las que han empleado hasta los cascos y las porras, mientras los detenidos estaban esposados, la práctica de colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte –y en algunos casos con la violencia sexual- a ellos y a sus familiares.