Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) han acordado acelerar el ritmo de la reducción de emisiones de CO2 para 2030, tomando como base la propuesta de la Comisión Europea (CE) de recortarlas un en un 55% respecto a los niveles de 1990 frente al objetivo actual del 40%.
Lo más importante: «Para alcanzar la meta de neutralidad climática en 2050, en línea con los objetivos del Acuerdo de París, la UE necesita incrementar su ambición en la próxima década y actualizar su marco de política climática y energética», dice el texto de conclusiones aprobado por los líderes.
La declaración de las capitales, que llega después de que el Parlamento Europeo fijara su posición en un recorte del 60%, no fija un porcentaje de reducción, pero traslada al Consejo de la UE las directrices para poder acordar una tasa precisa de reducción en la próxima cumbre europea de líderes prevista para los próximos 10 y 11 de diciembre, de forma que pueda enviarse antes de final de año a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático[contexto id=»381816″].
Las «acciones» requeridas pasan por que el nuevo objetivo sea alcanzado «colectivamente por la UE y de la manera más rentable posible» y con una «participación en el esfuerzo» de todos los Estados miembro «teniendo en cuenta las circunstancias nacionales y las consideraciones de equidad y solidaridad».
Por ello, el Consejo «invita a la Comisión a que celebre consultas en profundidad con los estados miembros para evaluar las situaciones concretas y proporcionar más información sobre las repercusiones a nivel de los estados miembros» de la reducción de emisiones. Eso supone que no se introducirán objetivos legalmente vinculantes para cada Estado miembro, como pedía República Checa para dar su visto bueno, siendo este uno de los países más reticentes a acelerar la transición energética, junto a Polonia, único país que no se ha comprometido aún con el objetivo de descarbonizar la economía en 2050.
«Cada país tiene un mix energético diferente. Si acordamos una media del 55%, está bien. Hay países que pueden conseguir más y la República Checa no», había declarado el primer ministro checo, Andrej Babis, a su llegada a la cumbre.
Las conclusiones aprobadas por los líderes agregan que «toda la legislación y las políticas de la UE pertinentes deben contribuir al nuevo objetivo de 2030 (…), respetando la igualdad de condiciones y previniendo la fuga de carbono». Es decir, evitando las importaciones contaminantes y la deslocalización industrial de empresas para producir en lugares con estándares más bajos, sorteando así la normativa europea y dañando la competitividad de las firmas afincadas en territorio comunitario.
Si bien los Veintisiete no describen qué porcentaje de reducción están dispuestos a aplicar, 11 Estados miembro (Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia) han firmado una declaración conjunta en la que abogan por incrementar «sustancialmente» y que ese recorte sea de «al menos el 55 %».
