Las cárceles catalanas proponen el segundo grado para los presos del 'procés'

Las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas han propuesto que los nueve presos del procés[contexto id=»381726″] sean clasificados, de momento, en segundo grado penitenciario. Este régimen ordinario implica que no se prevé la autorización de salidas, aunque puede flexibilizarse con la aplicación de artículos del reglamento penitenciario que les permitiría ir a trabajar o ejercer voluntariado.

El Secretario de Medidas Penales de la Generalitat, Amand Calderó, ha anunciado en una rueda de prensa la propuesta de clasificación  de las prisiones de Lledoners, Mas Enric y Puig de les Basses, lo que ahora abre un plazo de dos meses para que la consellería de Justicia ratifique su resolución. La decisión se ha tomado «por mayoría» y «sin unanimidad», según ha aclarado Calderó.

Las tres juntas, integradas por técnicos y el director de cada prisión con voto de calidad y que se han reunido simultáneamente a las 09:00 horas de esta mañana para evitar «conjeturas», han coincidido en otorgar el segundo grado a los nueve presos del procés, en decisiones no unánimes que han sido objeto de un «intenso debate interno», ha explicado Calderó, que ha rechazado detallar cómo han ocurrido las votaciones.

Ahora, la ratificación de esa clasificación por parte de la Generalitat es clave para iniciar los trámites encaminados a flexibilizar el régimen de los reclusos, mediante la aplicación de artículos del reglamento penitenciario, como el 100.2, que les posibilitarían salidas diarias para trabajar o hacer voluntariado y regresar a la cárcel solo a dormir, en condiciones similares a las de un tercer grado. También urge la clasificación definitiva de los presos para acceder a los permisos penitenciarios puntuales, que se pueden disfrutar una vez cumplida una cuarta parte de la condena. Los ‘Jordis’, condenados a nueve años y los que más tiempo llevan entre rejas, podrían ser los primeros en hacerlo, a partir del próximo 14 de enero.

La clasificación de los presos llega casi dos meses después de la sentencia por parte del Tribunal Supremo, dictada el pasado 14 de octubre, que levantó una ola de protestas en Cataluña. Los nueve políticos independentistas han sido condenados a penas de prisión de entre nueve y 13 años por sedición y malversación.

Además, coincide de lleno con las negociaciones entre ERC y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, un proceso en el que no es descartable que los republicanos exijan un gesto al Gobierno para que la Fiscalía no obstaculice, por la vía de recursos, los beneficios penitenciarios que en un futuro puedan concederse a los líderes independentistas.