Las plataformas como Uber o Airbnb deben ser reguladas "lo antes posible"

Las plataformas de intercambio de servicios, como Uber[contexto id=»383900″] y Airbnb, deben ser reguladas “lo antes posible” para evitar la creación de monopolios y proteger la igualdad de condiciones en sectores como el del transporte o el turismo, ha explicado este miércoles el Instituto Rethenau de Holanda en un documento.  Este es un problema que afecta a otros muchos países, incluido España, que este martes se vio afectado por un paro de los taxistas para protestar contra Uber y Cabify.

En el informe se asegura que el número de personas que hace uso de estas plataformas se ha cuadruplicado en Holanda y que una de cada cuatro personas dice haber usado uno de estos servicios.

“Es de interés público darle a estas plataformas el suficiente espacio para innovar, pero tenemos que regular esto antes de que sea demasiado dominante en su sector”, advierte el informe, que añade que “no hay garantía de la igualdad de condiciones con el sector del taxi normal o de un hotel”.

Aunque esta tipo de economía colaborativa, basada en compartir, “tiene efectos positivos y promueve la innovación”, el instituto recuerda que “la privacidad, la protección del consumidor y el orden público no deben ser olvidados”.

El informe subraya también que los empleos en la economía tradicional pueden verse perjudicados y que “las plataformas podrían terminar creando otros problemas en la sociedad”.

El caso de España

Los efectos perjudiciales de estas plataformas sobre los empleos tradicionales es el motivo por el que los taxistas españoles han convocado varias huelgas y manifestaciones en los últimos meses. En ellas, piden al Gobierno que regule la cantidad de licencias que se conceden, pues aseguran que se están entregando más de las que permite la ley. La última concentración tuvo lugar este martes en Madrid, a donde acudieron taxistas de toda España para pedir que se regule la actividad de plataformas como Uber y Cabify.

Respecto a Airbnb, el Ayuntamiento de Barcelona trata de regular su actividad desde el año 2015, cuando fueron multados por no registrar sus pisos para obtener una licencia como alojamiento turístico. En 2016, el ayuntamiento impuso una multa de 600.000 euros tanto a Airbnb como a Homeaway por reincidir en el motivo de la sanción. Actualmente, los enfrentamientos entre la plataforma y el gobierno de Ada Colau continúan a pesar de las proposiciones de Airbnb de reducir el número de pisos sin licencia que ofertan.