La profesora Laura Nuño asegura que no era necesario defender el TFM de Cifuentes

Laura Nuño, la exsubdirectora del Instituto de Derecho Público en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), ha asegurado este lunes ante la jueza del caso máster, Carmen Rodríguez-Medel, que la normativa vigente el año que cursó su máster Cristina Cifuentes no obligaba a los alumnos a defender el trabajo final ante un tribunal, sino que se dejaba a criterio del docente.

Nuño ha declarado esta mañana como investigada durante apenas 20 minutos ante la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, dentro de la pieza en la que se investigan las supuestas irregularidades en el máster de la expresidenta madrileña en el curso 2011-2012.

Durante su declaración, a la que no ha asistido ningún representante de la Fiscalía, Nuño ha querido dejar claro que ella no era la número dos del Instituto ni de su director y principal imputado, Enrique Álvarez Conde.

Tras dejar esto claro, Nuño ha explicado a la jueza que la normativa vigente en el curso 2011-2012 no obligaba a los alumnos a defender sus trabajos de fin de máster (TFM); algunos podían hacerlo y otros no, era algo que se dejaba a criterio del docente o, en su caso, del director de máster, Álvarez Conde.

Para demostrarlo, ha aportado documentación consistente en actas de evaluación de TFM de otras universidades en las que a veces aparecía la firma del alumno -lo que significa que había defendido su trabajo final- y en otras no.

En el caso de Cifuentes, la expresidenta madrileña aseguró ante la jueza el pasado 23 de julio que sí que presentó y defendió su TFM, si bien a Nuño no se le ha preguntado nada al respecto, según las fuentes.

Según ha explicado la exsubdirectora del Instituto, su actuación en el curso de Cifuentes se ciñó a la evaluación de tres de sus compañeros en sustitución de otra profesora, una labor por la que no percibió remuneración económica alguna ni supuso ningún mérito académico. De esos tres alumnos, solo uno defendió el TFM durante unos 45 minutos ante un tribunal, que también estaba integrado por Enrique Álvarez Conde.

Los otros dos alumnos que no lo defendieron también aprobaron porque lo obligatorio, ha continuado Nuño, era que los profesores se reuniesen y valorasen el trabajo a través de un acta académica, por lo que había ocasiones en las que se podía aprobar sin defender el trabajo ni pronunciarse al respecto.

Nuño, que dirigió el máster de la exministra Carmen Montón que la jueza ha comenzado a investigar en otro procedimiento diferente, ha explicado que por regla general todos los trabajos solían ser aprobados porque se presentaban tras un proceso de tutorización en el que si el profesor veía que el TFM no era válido, no le permitía al alumno presentarlo.

Según las fuentes, a Nuño no se le ha preguntado ninguna cuestión relativa a Cristina Cifuentes, ni tampoco sobre las actas de convalidación donde aparece su firma y en las que se da fe de una supuesta reunión donde se aprobó la convalidación de tres de las asignaturas a varios estudiantes, Cifuentes entre ellos.

Nuño, que fue la primera funcionaria de la URJC en dimitir debido a «la crisis de confianza» generada dentro del centro tras estallar el caso, ha contestado a todas las preguntas de la jueza y de su defensa ya que ningún otro abogado ha querido formularle ninguna cuestión y la fiscal del caso no ha estado presente.

Su declaración se produce tres días después de que la jueza reprochase a la Fiscalía que nunca se haya opuesto a la imputación de cuatro alumnos del máster de Derecho Público del Estado Autonómico, uno de la promoción de Cifuentes y las otras tres del curso del líder del PP, Pablo Casado. Lo hizo al conocer que la Fiscalía del Tribunal Supremo rechazaba abrir causa contra Casado por las supuestas irregularidades de su máster, cursado en 2008-2009, al considerar que el delito de cohecho estaría prescrito y que no hay indicios que avalen la prevaricación.

En el escrito en el que la jueza le hacía ese reproche a la Fiscalía de Madrid, Rodríguez-Medel le pedía también que se pronunciase sobre si debía o no archivar la causa contra esos cuatro alumnos, una decisión sobre la que por el momento no se ha pronunciado el ministerio público.