Los notarios señalan que los contratos privados se usan para ocultarse tras un testaferro

El Consejo General del Notariado ha advertido de que la firma de documentos privados para comprar participaciones en empresas tiene como finalidad favorecer la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y ocultar al auténtico propietario de una compañía tras un testaferro.

Documentos privados como el hallado por la Guardia Civil en la empresa Servinabar -sobre la adquisición en 2016 por parte del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, del 45 % de esta empresa beneficiaria de adjudicaciones bajo sospecha. Tienen validez jurídica, pero ante terceros no transmiten la propiedad ni convierten a quien los firma en socio de la empresa.

Y eso es así porque la ley de sociedades de capital obliga a escriturar públicamente la transferencia de participaciones, lo que permite controlar que todo es correcto, tanto formal como materialmente, puesto que hay que identificar al propietario y a quien tiene el control real de la empresa.

Así lo explica en declaraciones a EFE el notario Ignacio Gomá, expresidente de la Fundación Hay Derecho y del grupo de trabajo para la lucha contra el blanqueo de dinero de la CNUE (Consejo de los Notariados de la Unión Europea). Gomá señala que los documentos privados de este tipo no transmiten la propiedad, pero sí tienen significado porque «cualquier pacto obliga», aunque desde el punto de vista técnico no se haya producido la transmisión.

La legislación impone un control público de la transmisión de participaciones de empresas, porque de lo contrario es fácil emplear sociedades interpuestas que acaban desembocando en empresas radicadas en jurisdicciones que no tienen obligación de transmitir información.

De hecho, cuando hay escritura pública la transmisión y adquisición de participaciones aparece en un índice único informatizado al que tienen acceso la Guardia Civil, la Policía Judicial o el servicio de prevención de blanqueo de capitales, a lo que se une la Base de Datos de Titular Real (BDTR), que contiene información de tres millones de personas jurídicas, como indica el Consejo General del Notariado.

Por tanto, no seguir el procedimiento formal correspondiente es una fórmula para «ocultar realidades que no quieres que aparezcan ante el fisco ni ante terceros», según explica Gomá. Dicha actuación puede ser útil para quien por ejemplo tiene una deuda, pero también para un político que no desee que sus propiedades o participaciones en empresas estén a la vista de todos.

Este «submundo jurídico» tiene riesgos porque todo lo que aparece en un documento privado puede discutirse, desde el contenido a la firma, al contrario de lo que pasa cuando se acude a un notario, explica Gomá.

Es lo que ocurre en este caso, en el que la defensa de Santos Cerdán discute el documento hallado por la Unidad Central Operativa (UCO), del que dice que no es una escritura, sino únicamente un contrato privado que no se llegó a elevar a público y que «no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno».