Los sindicatos de la estiba irán a la huelga tras aprobarse el real decreto del Gobierno

El Gobierno tendrá que hacer frente a la huelga convocada por los estibadores después de que el Congreso haya aprobado este jueves el real decreto que regula la actividad de este sector de acuerdo con los requisitos exigidos por la Unión Europea. La reforma ha salido adelante con 174 votos a favor, 165 en contra y ocho abstenciones, después de que el 16 de marzo fuera rechazado un primer real decreto.

En esta ocasión, el Gobierno del Partido Popular (PP), que no tiene mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados, ha contado con los votos a favor de Ciudadanos y PNV y la abstención de los catalanes del PdeCAT. El resto de la oposición ha votado en contra, argumentado que la nueva norma no garantiza el mantenimiento del empleo en el sector. El sistema portuario español representa el 1,1 % del PIB.

Los sindicatos, por su parte, se han opuesto totalmente a la aprobación de esta reforma y denuncian que puede suponer el despido de unos 6.000 trabajadores, razón por la que han convocado ocho jornadas de huelga entre el 24 de mayo y el 9 de junio, con paros en los puertos en días alternos. Este colectivo acusa al gobierno de no contar con ellos y pone en duda el mantenimiento del 100% del empleo. La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar siempre ha exigido que este punto quede recogido en una norma con rango de ley, algo a lo que el Gobierno se opone por considerar que Bruselas jamás lo aceptaría.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que ha defendido el texto en la Cámara Baja, ha solicitado a los sindicatos y a la patronal del sector «sensatez, mesura y sentido común» y ha ofrecido diálogo a ambas partes.

Evitar la multa de la UE

España necesita aprobar esta reforma para cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, en la que se declara que la actuación de las empresas estibadoras españolas es contraria a la legislación comunitaria, ya que impide que operadores de otros países se instalen libremente en los puertos y contraten a quienes deseen. Si España no cumple con esa sentencia se enfrenta a una multa de 24 millones de euros.

Tras aprobarse la reforma, de la Serna ha afirmado que la mandará a Bruselas inmediatamente para que se desestime «lo antes posible» el procedimiento abierto a España y las multas pendientes.

En el sistema actual, las empresas estibadoras no pueden contratar a quién quieran, sino que están obligadas a captar a trabajadores puestos a su disposición por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep), que cuentan con 6.156 operarios, y en cuyo capital están obligadas a participar.