El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha avanzado este martes que su departamento trabaja en la reforma de la Ley de protección integral a las víctimas del terrorismo para regular un régimen sancionador que permita acabar con los homenajes a etarras.
Lo más importante: con esta reforma, Interior trata de poner a fin a los ongi etorri, los recibimientos que en diversos municipios vascos se han brindado a presos de ETA. Según Marlaska, el cambio legal fortalecerá el reconocimiento a las víctimas y mejorará sus derechos, además de incorporar ese nuevo título para sancionar unos homenajes «incompatibles con el respeto a la dignidad de las víctimas».
El ministro ha explicado, en la sesión de control al Gobierno del pleno del Senado, que están trabajando en esta reforma con las distintas asociaciones de víctimas en respuesta a una pregunta del senador de UPN Alberto Catalán, quien le ha instado a poner fecha a unos cambios prometidos ya hace tiempo.
En una dura intervención, Catalán ha atribuido a Marlaska un «silencio cómplice y vergonzoso» al considerar que ha sucumbido a la «política de compadreo» del Gobierno con Bildu y le ha reprochado que sus únicas «prisas» hayan sido para acercar a presos etarras a cárceles de Euskadi o Navarra, sin que muestren un arrepentimiento real o colaboren con la justicia, ha asegurado.
«Estoy en la defensa de la ley», le ha respondido el ministro. «En el pasado luché contra el terrorismo y sigo luchando contra el terrorismo».
El Gobierno, ha subrayado, considera que cualquier acto de homenaje o apoyo a miembros de una organización terrorista constituye «una ofensa hacia sus víctimas y también hacia el conjunto de la sociedad española» y cree que merece «firmeza institucional» y el rechazo de todas las fuerzas políticas que comparten convicciones democráticas.
Marlaska ha recordado que el Código Penal tipifica como delito tanto el enaltecimiento del terrorismo como la humillación a las víctimas, pero también que los distintas resoluciones de los tribunales han militado el acceso a esa jurisdicción penal, por lo que se va a optar por la vía administrativa.