La Generalitat solo destinó el 0,59% para anuncios en castellano sobre las elecciones
Destinaron 2,7 millones a informar, a través de medios, redes o marquesinas, sobre el adelanto electoral
Alejandra Svriz.
El Gobierno de la Generalitat apenas usó el castellano para informar de las elecciones autonómicas del 12 de mayo, pese a ser una convocatoria anticipada y que la mitad de los catalanes con derecho a ir a las urnas tienen esta lengua como idioma principal en sus hogares. Según una respuesta de Transparencia a petición de la entidad Impulso Ciudadano, y a la que ha accedido THE OBJECTIVE, la Generalitat solo usó el castellano en el 0,59% del gasto en publicidad institucional sobre las elecciones al Parlamento catalán del 12-M.
El Ejecutivo de Pere Aragonès destinó un importe total de 2.722.883 euros en informar a través de medios, redes sociales o marquesinas sobre esta cita electoral. De esta cantidad, solo 16.281 euros se dedicaron a la contratación de acciones publicitarias en castellano. Es decir, el 0,59% del gasto total. Por lo que respecta a la lengua aranesa, que solo se habla en el Valle de Arán, el gasto fue de 8.467 euros.
De acuerdo con la entidad que ha solicitado esta información, «la marginación del castellano no afecta solamente al importe invertido, sino también al formato utilizado y al periodo de tiempo contratado». Impulso Ciudadano ha examinado el listado de todos los medios y el importe recibido por cada uno de ellos y concluyen que la administración catalana no se ha guiado por «las reglas de la objetividad», ya que han primado unos medios sobre otros sin haber atendido a criterios objetivos, como pueden ser las cifras de audiencia.
Televisiones nacionales
La Secretaría de Medios de Comunicación y Difusión, que depende del Departamento de Presidencia, ha ofrecido los datos requeridos por la entidad constitucionalista. En estos se observa que, en publicitar los comicios en las redes sociales, se gastaron un total de 84.118 euros (de los cuales 83.223 euros fueron publicidad en lengua catalana, y otros 895 euros en aranés). En castellano, no desembolsaron un euro.
En el único formato de publicidad institucional en el que emplearon el idioma castellano fue el que se dirigió a las televisiones nacionales, como Antena 3 o Telecinco. De los 128.564 euros invertidos en televisión, solo 16.281 euros fueron en la lengua de Cervantes.
Por lo que respecta a los medios digitales, el total de 844.670 euros empleados en la campaña fueron en anuncios en catalán. En la prensa escrita, sin embargo, se destinó una parte (7.572 euros) a informar en aranés. Pero nada en castellano.
En las radios o televisiones locales, también todo el gasto fue en lengua catalana: 364.000 euros en publicidad institucional en la radio, como Rac1 o Catalunya Ràdio, y otros 119.342 euros en las televisiones locales. En los OPI (Objeto Publicitario Iluminado) y marquesinas desembolsaron 306.483 euros en la lengua local y, siguiendo la misma dinámica, absolutamente nada en anuncios en castellano, pese a que se emitían por las calles y paradas de transporte público que utilizan mucha gente castellanohablante.
Por último, en «Connected TV», que son OTT, como Dazn o servicios que se conectan a internet, la Generalitat inyectó 12.720 euros en lengua catalana, y nada en aranés o castellano.
«Marginación del castellano»
Impulso Ciudadano ha dado a conocer estos datos porque consideran que hay una voluntad del Govern de «marginar el castellano» y de usar la publicidad institucional para beneficiar a los medios afines, lo que tiene también un impacto negativo en el pluralismo del panorama mediático catalán.
Esta entidad es también quien ha denunciado a los ayuntamientos que incumplen la ley de banderas y de neutralidad institucional al no tener la bandera de España colgada del consistorio, o por mantener símbolos partidistas en la vía o edificios públicos. Como informó THE OBJECTIVE, el pasado 12-M la delegación del Gobierno en la región no actuó y dejó que más de 700 ayuntamientos incumplieran la ley de banderas.
El artículo 9 de la Ley 39/1981, que regula el uso de la bandera nacional, dispone que «las autoridades corregirán en el acto las infracciones de esta ley, restableciendo la legalidad que haya sido conculcada». Asimismo, el Estatuto declara que corresponde a la Generalitat el control de la adecuación al ordenamiento jurídico de los actos y acuerdos adoptados por los municipios en el ámbito de sus competencias.
