Acento propone que todos los grupos de interés publiquen su listado de lobistas

Acento, la agencia de asuntos públicos fundada por el exministro José Blanco y que actualmente tiene mayor facturación en España, presentó a los grupos parlamentarios cuatro enmiendas al Proyecto de Ley de Transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. Según el documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE el objetivo es «reforzar la trazabilidad, la integridad y la confianza en la actividad de lobby, mejorando la transparencia y la calidad de las políticas públicas». La idea del Gobierno es aprobar la norma antes de que finalice el año.

El Gobierno lleva desde 2022 intentando aprobar esta norma para definir los límites de los grupos de interés, pero las sucesivas convocatorias electorales han hecho decaer el proyecto. El último movimiento se realizó en enero con la aprobación en el Consejo de Ministros de la segunda vuelta del anteproyecto, que ya lleva algunos meses en el Congreso a la espera de su tramitación. En este proceso, los diferentes interesados pueden presentar a los partidos sus propuestas a la espera de que se incluyan en la negociación parlamentaria.

En esta línea, hace una semana el Gobierno trasladó a APRI (Asociación de profesionales de las relaciones institucionales), que quieren que la norma se apruebe este año, como una de las medidas principales de su Plan de Acción por la Democracia. Una noticia recibida con satisfacción en el sector que considera que se trata de una oportunidad histórica «para dotar a España de una normativa equiparable a los grandes referentes europeos en materia de regulación del lobby». 

Anteproyecto de enero

El proyecto de enero se presentó como el objetivo de regular «las relaciones entre los denominados lobbies y los titulares de puestos públicos en la AGE, susceptibles de recibir influencia, con el fin de garantizar una mayor transparencia, participación en la toma de decisiones públicas y prevención de conflictos de intereses». Desde entonces han estallado una serie de escándalos de supuesta corrupción –como el Cerdán o Equipo Económico del exministro Cristóbal Montoro– en los que se ha puesto bajo la lupa la relación entre políticos y empresas.

El anteproyecto incluía la creación de un registro de lobbies en el que habrá que registrarse para relacionarse con el personal público susceptible de influencia. El registro, público y gratuito, se podrá consultar en la web de la Oficina de Conflictos de Intereses y en el portal de transparencia, al mismo tiempo que todos los proyectos normativos deberán acompañarse de un informe de huella legislativa que detalle las actividades de los lobbies que han podido influir en la norma.

El Portal de Transparencia y el sitio web de la Oficina de Conflictos de Intereses albergarán un Registro de Grupos de Interés, que mostrará con detalle su actividad, especialmente qué reuniones mantienen con los altos cargos o los funcionarios que participan en el proceso de elaboración o diseño de las normas. Estas actividades también quedarán reflejadas en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo de cada norma para constituir una huella que permita comprobar quiénes, en qué momento y sobre qué materia han participado a la hora de diseñarla o elaborarla.

Registro único

En este contexto, la primera propuesta de Acento se centra en reforzar este registro con la obligación de que todos los grupos de interés publiquen un listado actualizado con los nombres y trayectorias de las personas que desarrollen actividades de lobby. Con esta medida «se busca reforzar la trazabilidad de la actividad, identificar responsabilidades y garantizar que la representación de intereses se ejerza de forma abierta y visible». Asimismo, propone que su experiencia pública previa se publique en su perfil en el registro de grupos de interés.

La consultora también plantea, como otras organizaciones del sector, la creación de un registro único nacional interoperable de grupos de interés, conectado con las administraciones autonómicas, locales y con el registro de la Unión Europea, que funcione como una auténtica ventanilla única electrónica. De este modo se simplificaría la inscripción y gestión, se eliminarían duplicidades y se mejoraría la coordinación, permitiendo un control más eficaz de la actividad de influencia.

Acento defiende que este registro debe estar gestionado por un órgano independiente con recursos suficientes para garantizar la verificación rigurosa de la información y la aplicación del régimen sancionador, asegurando un sistema moderno, accesible y transparente en línea con las mejores prácticas internacionales.

Procesos de participación

La tercera propuesta apunta a la profesionalización de la actividad mediante la creación de un programa formativo obligatorio en materia de ética y normativa, impartido directamente por la Oficina de Conflictos de Intereses. Esta formación, que deberían superar todos los representantes inscritos en el registro de grupos de interés, incluiría aspectos legales, así como los principios éticos que deben guiar la conducta de quienes ejercen el lobby. Con ello se pretende garantizar la igualdad de condiciones entre actores y reforzar la legitimidad del sistema, siguiendo ejemplos internacionales en países como Estados Unidos.

Finalmente, Acento propone reforzar la calidad normativa a través de procesos especiales de participación previa que permitan incluir a colectivos directamente afectados en la elaboración de leyes y disposiciones normativas. Este mecanismo, inspirado en recomendaciones de la OCDE, la Comisión Europea y en experiencias autonómicas como la de la Comunidad Valenciana, contribuiría a asegurar una mayor pluralidad de voces, prevenir desequilibrios y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Resultados de Acento

En una comunicación a los grupos parlamentarios, Acento, a través de su presidente Alfonso Alonso, ha querido subrayar también su apoyo inequívoco al espíritu de esta ley, que considera una oportunidad definitiva para dotar a España de un marco regulatorio sólido y eficaz en la actividad de los grupos de interés. La firma destaca que sus enmiendas nacen desde la experiencia práctica y técnica en el ámbito del lobby y se formulan con ánimo constructivo para enriquecer el debate parlamentario. El objetivo último, según la consultora, es avanzar hacia una regulación más clara, inclusiva y efectiva, que incremente la confianza ciudadana en las instituciones y eleve la calidad democrática del sistema.

Acento Public Affairs es la empresa de asuntos públicos de mayor tamaño en España. En 2024 cerró con unos ingresos de 9,57 millones, un crecimiento del 21,9% respecto de los 7,85 millones de 2023 y muy por encima de los 6,24 millones de 2022. De esta manera, vuelve a ser la agencia de consultoría española con mayores ingresos, puesto que ostenta desde 2021. También registró un beneficio de 2,83 millones de euros.