De Pablo Motos a Iker Jiménez: estos son los 'Jimmy Kimmel' que Moncloa ha vetado
El Gobierno defiende la libertad de expresión al mismo tiempo que acosa a los presentadores y medios críticos

De Pablo Motos, Jimmy Kimmel e Iker Jiménez | ILUSTRACIÓN: Alejandra Svriz
El anuncio de la cadena ABC de suspender Jimmy Kimmel Live!’ por las críticas de su presentador a la utilización política de Donald Trump, del Partido Republicano y del movimiento MAGA del asesinato del activista Charlie Kirk, generó una oleada de críticas sin precedentes en el mundo progresista español. Liderada por el presidente del Gobierno, comenzó una campaña en la que se intentó vincular lo que sucedía en Estados Unidos con lo que podría pasar en España si el Partido Popular o Vox estuviesen en La Moncloa. El propio Pedro Sánchez se refirió directamente a esta cancelación el pasado domingo acusando a la derecha y a la ultraderecha de «hipocresía» y de atacar la libertad de expresión, que considera «la libertad más importante». Además hizo una cerrada defensa de este principio en la Asamblea de la ONU este lunes.
El mismo día que se conoció la noticia (el jueves 18 de septiembre) el Telediario 2 de La 1, presentado por Pepa Bueno hacía una apología a la libertad de expresión entrevistando a Andreu Buenafuente, que ese noche estrenaba una nueva temporada de su late night semanal en la pública, Futuro imperfecto. La ex directora de El País presentaba al cómico como el Jimmy Kimmel español. Buenafuente, huyendo de las comparaciones -aunque reconoció que intentaba hacer algo parecido- respondía que esta cancelación «quizá nos da más fuerza para seguir defendiendo nuestra parcela, que es la del sarcasmo y la comedia de actualidad».
Al día siguiente y en una vuelta de tuerca que nadie imaginó, el presidente de Radio Televisión Española (RTVE) José Pablo López, –elegido por mayoría de la izquierda en un consejo de administración con diez votos asegurados para los socios de Gobierno de Sánchez– publicaba en sus redes sociales un corte del estreno de Buenafuente (que le cuesta 6,5 millones de euros a la cadena pública) acompañado con una reflexión: «En España, al contrario de lo que ha sucedido esta semana en EEUU, un humorista puede hacer un monólogo en la tele pública sin que le cancelen el programa. Por si no lo habéis visto. Son ocho minutos pero se pasan en un santiamén».
Buenafuente y Mariló Montero
En el monólogo que López vendió como un ejemplo de pluralidad, el cómico cargó contra miembros del Partido Popular y -aunque sin citarles- criticó a quienes «compararon lo que pasó en la Vuelta con Sarajevo», o recordó que no quiere estar en un país «donde se celebre que se llame hijo de puta al presidente». También dejó palabras para el «funambulismo de algunos» al no admitir que «en Gaza hay un genocidio». Y lo decía segundos después de celebrar que «se puede hablar en libertad» en la cadena pública, que recomendara ver los Informativos de TVE o que no debemos alimentar el odio por el odio. «No me da la gana», remató. Un ejercicio de libertad, sí. Pero, ¿podría haber dicho lo mismo criticando al PSOE y al Pedro Sánchez en la televisión pública? Probablemente no.
Lo decía además en una cadena en la que semanas antes Mariló Montero fue abucheada por el público de La revuelta, precisamente por pedir una televisión pública más ecuánime y que no representara solo el sentir de la izquierda. Un programa en el que un desencajado David Broncano intentaba explicar lo inexplicable reivindicando por enésima vez su libertad de ser progresista y negando cualquier directriz de la cadena o del Gobierno. Se trata de una cadena con 12 horas diarias de ‘infoentretenimiento‘ en la que los opinadores que defienden cualquier iniciativa, idea o argumento del Ejecutivo son una aplastante mayoría. Una cadena que precisamente ha expulsado progresivamente de sus tertulias a periodistas de medios críticos con Sánchez.
El monólogo de Buenafuente fue aplaudido por informadores, comentaristas y tertulianos que utilizaron sus redes, la propia cadena pública y los diarios digitales en los que escriben, para pedir la vuelta de Jimmy Kimmel y advirtiendo que lo único que impedía que en España se produjeran estas cancelaciones era el actual Gobierno. Por cierto, en una entrevista concedida a El País este lunes, Javier Ruiz -presentador de Mañaneros 360 en La 1 y muy criticado por su cercanía al argumentario oficialista- vaticinaba que cuando el PP llegara al Gobierno sería despedido. «Sé que me iré a la calle por salvar mis principios», decía en un texto en el que le calificaron como el «periodista del dato, el irreverente y el que ha revolucionado los mediodías de TVE».
Defensores de Jimmy Kimmel
Muchos de estos defensores de Jimmy Kimmel son los mismos profesionales de la información que a finales de abril de 2024 firmaron un manifiesto en el que pedían precisamente lo contrario: que cesara el «golpismo judicial y mediático», o lo que es lo mismo las investigaciones de la prensa crítica contra el entorno del Ejecutivo. «La campaña de bulos, falsedades y acoso contra los miembros de los dos últimos gobiernos de coalición y otras fuerzas progresistas e independentistas, coordinada y financiada por la derecha política, mediática, empresarial y judicial, atenta contra las bases mismas de la democracia parlamentaria, y deja inerme al Estado de Derecho», dijeron entonces quienes ahora se llevaron las manos a la cabeza por la cancelación del presentador estadounidense. Eran tiempos en que se acuñaron términos como la máquina del fango, las fake news y los bulos. La misma estrategia que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha resucitado esta semana para defenderse de las informaciones que denuncian los fallos en las pulseras antimaltratos.
En paralelo y a finales de la semana pasada, Pablo Motos -uno de los presentadores más críticos con el Gobierno de coalición- se sumó a la oleada de comentarios contra la cancelación de Jimmy Kimmel y recordó que él también había sido víctima de acoso y derribo por parte de los Ejecutivos en España. «A mí se me ha intentado cargar, tanto desde el PP como desde el PSOE, en eso no hay una diferencia», dijo. A lo que su habitual colaborador, Juan Del Val -otro de los que está en la diana de las terminales mediáticas de Moncloa- recordó que «llaman por teléfono y llaman manejando el dinero, diciendo dónde se invierte y dónde no». Unas declaraciones que pusieron sobre la mesa dos temas capitales. El primero, que el caso del presentador de la ABC no es patrimonio de la izquierda (probablemente ningún informador apoya este veto, independientemente de su ideología) y el segundo, que los Gobiernos en España -sea del color que sean- no están muy lejos del acoso que Donald Trump ejerce ahora sobre los medios críticos.
Felipe Gonzalez quiso vetar a Manuel Martín Ferrand y Luis María Ansón; José María Aznar intentó por todos los medios acabar con la Prisa de Juan Luis Cebrián y El País de Jesús Ceberio; José Luis Rodríguez Zapatero repartió su lucha contra los diarios El Mundo, ABC y -según Federico Jiménez Lonsantos- fue el responsable de su salida de COPE; mientras que Mariano Rajoy habría maniobrado para sacar a Pedro J. Ramírez de la dirección de El Mundo, tras la publicaciones de mensajes comprometedores del Caso Bárcenas.
Objetivos de Moncloa
Pedro Sánchez no se queda atrás, aventajando en tiempo récord a sus antecesores casi desde el mismo momento en el que llegó a Moncloa. Influyó para sustituir a la cúpula de El País a las dos semanas de ser presidente del Gobierno, puso como administradora única de RTVE a Rosa María Mateo a las tres semanas y ha cambiado hasta en tres ocasiones al presidente de la cadena pública por no ser lo suficientemente sanchista hasta llegar a construir La 1 que conocemos hoy en día, en la que empezamos las mañanas con Silvia Intxaurrondo, seguimos al mediodía con Javier Ruiz, continuamos después del telediario con Marta Flich y Gonzalo Miró, para dar paso a Jesús Cintora, Pepa Bueno, David Broncano y Xavier Fortes para cerrar la noche. Todo pilotado por un José Pablo López que todos los días presume de pluralidad en sus redes sociales.
Este Gobierno también ha acosado a diarios digitales críticos acusándolos de ser pseudomedios y de propagar bulos. Y no hablemos de las presiones con la publicidad institucional. Pero es que también ha presionado de manera directa a los grandes medios y a las cadenas de televisión para apartar a quienes le critican. Si nos centramos en figuras de la televisión, no solo Pablo Motos ha estado en el punto de mira -le pusieron a David Broncano en La 1 para intentar mermar sus audiencias- sino que también Vicente Vallés, presentador del principal informativo de Antena 3, ha sido víctima de estas llamadas del oficialismo. Algo similar pasó con Antonio García Ferreras que -pese a estar más cercano a la izquierda- no era lo suficientemente oficialista y se le puso como competencia primero Las cosas claras de Jesús Cintora y luego el Mañaneros 360 de Javier Ruiz.
El caso de Mediaset
En Mediaset las cosas no han sido distintas. Por sugerencia del Gobierno, en mayo del año pasado se nombró como presidenta a la exministra de Ciencia de José Luis Rodríguez Zapatero, Cristina Garmendia. Lo hacía en sustitución del díscolo Borja Prado que nunca ocultó su cercanía a la derecha. Meses antes se había nombrado a Francisco Moreno como director de informativos, un afín al PSOE, y se había fichado a Carlos Franganillo. Una giro que agradó a Moncloa, pero que no terminó de cuajar. Ana Rosa Quintana hizo un viaje de ida y vuelta a las mañanas consolidándose como una de las presentadoras más críticas e Iker Jiménez se hizo fuerte en las noches de Cuatro. El Ejecutivo también ha llamado para presionar, pero no ha logrado el efecto esperado. Al contrario, ahora se ultima el desembarco de Antonio Naranjo, otro de los críticos con la gestión de Sánchez.
En resumen, una larga lista de vetos e intentos de cerrar programas. Nada muy distinto que lo que ha hecho Trump con la ABC, pero con la diferencia que ha tenido éxito -aunque efímero, porque este mismo martes el programa ha vuelto a antena- y mucho eco mediático. Lamentablemente, ningún Gobierno deja de presionar a los medios (algo absolutamente reprobable en todos los casos) por lo que ninguno puede enarbolar la bandera de la libertad de expresión, ni menos un presidente que ha intentado controlarlos desde que desembarcó en La Moncloa. Tampoco uno que solo quiere preservar la libertad de expresión de quienes le defienden ni que acosa a quienes le critican y publican informaciones comprometedoras. Tampoco de quien ha colonizado la cadena pública casi exclusivamente con tertulianos cercanos al Ejecutivo.