Hacienda salva a RTVE de pérdidas a la espera de maquillar su desequilibrio patrimonial

El presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), José Pablo López, presume estos días de que la cadena volverá a tener superávit (el equivalente a los beneficios en una empresa) después de tres años. El directivo, que le gusta liderar el relato en redes sociales, intenta demostrar que su gestión ha sido impecable y que ha logrado reducir los gastos y aumentar los ingresos, siempre «ajustados totalmente a la legalidad». No obstante, las verdaderas cifras indican que sin el salvavidas de 63 millones que el Gobierno aprobó hace unas semanas para paliar los gastos, hubiese sido imposible registrar estos números de los que presume el directivo designado por La Moncloa.

La última vez que José Pablo López se refirió al tema fue a finales de octubre ante la comisión de control parlamentario y en ella indicó que RTVE cerrará el ejercicio sin déficit y con un ahorro de 43 millones respecto de los 1.263 millones ejecutados en 2024. No dio más detalles, pero este diario ha podido confirmar que estará en torno a los dos millones, 600.000 en el primer cuatrimestre, el dato público más reciente. La última vez que la cadena cerró en esta situación fue en 2022 cuando tuvo un balance positivo de 17,2 millones, todavía con José Manuel Pérez Tornero como presidente. Una cifras que se transformaron en un desequilibrio de 4,3 y 12,8 millones en los años sucesivos.

«Producimos más, utilizamos mejor nuestros recursos internos, nos ve más gente y le costamos menos al contribuyente. Eso es así», dijo López en respuesta a una pregunta parlamentaria. Y detalló que en los primeros nueve meses del año el consumo de programas cayó un 28%, el gasto de explotación se redujo un 12%, el de personal aumentó un 0,9% —frente a la subida salarial del 2,5% pactada con los sindicatos— y los ingresos comerciales mejoraron un 26%, pese al retroceso del mercado del 7%. Sin embargo, frente a estas cifras hay que hacer al menos dos puntualizaciones.

Gastos de RTVE

La primera es que entre enero y octubre el gasto en programas se situó en los 213 millones, lo que implica que al cerrar el año se superen los 227 del curso anterior. Y la segunda es que la facturación comercial está disparada porque la operadora ha redoblado su agresividad comercial bordeando los límites legales en la emisión de publicidad. En total, se espera que superen los 80 millones bajo nuevas modalidades de contratación de anuncios que —denuncian en las cadenas privadas— vulneran los límites de la ley de 2006. Es verdad que RTVE gasta menos, pero no tanto como dice López, y, por otro lado, ha aumentado su facturación comercial bajo sospecha.

Tampoco hay que olvidar que RTVE disparó el gasto en deportes a 193 millones en los primeros seis meses del año y que cerró la compra del Mundial de 2026 por 60 millones. En el segundo semestre, el Ministerio de Hacienda inyectó 63 millones en la cadena para salvar las estrecheces y poder hacer frente a sus gastos en programas y en derechos. Coincidentemente, en septiembre anunciaron que se quedaban con el campeonato que este año se va a desarrollar en Estados Unidos, México y Canadá, además por un coste equivalente a esta inyección. Ya pasó en 2024 cuando se aportaron otros 105 millones adicionales para costear la Eurocopa y los JJOO. Unos eventos que además sirven a la cadena para engordar sus audiencias y para los que puja contra los privados… con dinero público.

López se defiende indicando que estas inyecciones son necesarias porque RTVE está infrafinanciada y que su presupuesto debería ser de al menos 1.500 y no de 1.200 millones. Recordemos que 1.000 millones entran por los Presupuestos Generales del Estado (prorrogados por tercer año consecutivo) y el resto por diferentes tasas que cobra a los privados. El caso es que en 2025 ingresó al menos 63 millones extra del Gobierno, los que se van directamente a su facturación. O dicho de otra manera, sin este dinero las pérdidas habrían sido de al menos unos 50 millones. Unos números que quizás no hablan tan bien de la brillante gestión económica de la que presume José Pablo López.

Deuda y desequilibrio patrimonial

Esto sin contar con el elevado endeudamiento. El pasivo financiero se situó al cierre de 2024 en los 748,1 millones, un nuevo récord para la corta historia de la corporación pública que apenas data de 2008. Del mismo modo, más de la mitad de este montante corresponde a deudas corrientes con entidades de crédito, un total de 348,9 millones y un 42% más. Recordemos que la ley de 2006 que transformó el ente público en corporación, el Estado ya asumió la deuda de 7.700 millones que por entonces tenía la cadena pública.

Pero la verdadera batalla no es ésta. RTVE está en serio riesgo de desequilibrio patrimonial, según un informe de mayo del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Este organismo dependiente del Ministerio de Economía indica que RTVE debe incluir como provisión el litigio de 606 millones (al 31 de diciembre de 2024) que mantiene con Hacienda por el impuesto sobre el valor añadido (IVA) que la corporación considera que no debe pagar (y que se le debe devolver) en su condición de televisión pública, basándose en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). RTVE incluye este montante como partida a cobrar, pero el criterio del ICAC dice que debe incluirse como pérdidas, ya que no hay visos de que un conflicto pueda resolverse a su favor.

Pleito por el IVA

Y si se incluye este montante como provisión irá directamente a pérdidas y —por tanto— podría generar un importante desequilibrio patrimonial, lo que haría entrar a RTVE en causa de disolución. Para solucionar esta situación los consejeros de RTVE del Partido Popular (PP) han sugerido que se haga una ampliación de capital de al menos 1.000 millones, pero el propio José Pablo López niega la mayor y dice que la compañía tiene sus cuentas en regla y —dice— así lo avala el informe de autoría de E&Y. El Mundo publicó a comienzos de año que la cadena pública está negociando un préstamo participativo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), socio mayoritario dependiente de Hacienda, la concesión de un préstamo de 700 millones para solucionar de raíz este riesgo patrimonial.

Aunque López dice que este préstamo no existe, este diario ha podido confirmar que las negociaciones son reales y que se está trabajando en la mejor fórmula para dar con una solución integral al problema. Y todas las opciones están abiertas, incluso la ampliación de capital sugerida por los consejeros del PP. Se incluiría en las cuentas de este 2026, las que se cerrarán previsiblemente en marzo del próximo año. Es así como se está allanando el terreno para la sentencia de la Audiencia Nacional que a partir del segundo trimestre podría fallar contra la cadena pública. Paradójicamente, la sentencia favorecería al Ministerio de Hacienda, organismo que supervisa a la SEPI, que es la que en principio debería aportar los recursos para este nuevo salvavidas. Una cruel paradoja que no hace más que confirmar la improvisación con la que se han manejado las cuentas de RTVE en el último lustro.