La deuda de RTVE marca un nuevo récord y acumula 689 millones en solo 18 años
El Estado ya asumió en 2007 la totalidad de la deuda histórica de 7.700 millones del entonces Ente Público
La situación financiera de Radio y Televisión Española (RTVE) ha empeorado durante el año 2023. Las cuentas anuales de la corporación cerradas hace pocas semanas, y a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, reflejan que la cadena pública disparó su pasivo financiero hasta los 689 millones -588 millones solo en deudas con acreedores y la banca-, lo que supone un aumento del 6,5% respecto de los datos de diciembre de 2022.
Es además la cifra más alta desde que se pusiera en marcha el nuevo sistema de financiación de la cadena pública sin publicidad y tras la condonación de la deuda histórica de 7.700 millones de euros que fueron asumidos por el Estado en 2006. Por tanto, estamos ante una deuda que se ha acumulado en solo 18 años, desde que existe la Corporación RTVE (operativa en 2007) tras sustituir al extinto Ente Público.
RTVE alega que parte de esta deuda se debe a los impagos del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que el Ministerio de Hacienda no ha devuelto a la corporación. Al cierre de diciembre de 2023, se encuentran pendientes de cobro 530,6 millones de estas liquidaciones reclamadas por la corporación que considera que -basándose en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)- no debe pagar este impuesto en su condición de televisión pública.
Presupuesto de 2023
Esta es la fotografía del cierre de 2023, pero en los seis meses que van de 2024 la situación ha ido a peor con problemas de liquidez que han obligado a RTVE a comenzar a computar gastos al ejercicio del próximo año. Unos números que a su vez están pendiente de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que se comenzarán a negociar en el último trimestre de este año y que deberían realizar una aportación de al menos 500 millones a la cadena pública.
Como reflejan las cuentas de 2023, la cadena ha vuelto a números rojos de 4,3 millones de euros tras disparar sus gastos en compra de programas externos (292 millones), adquisición de derechos audiovisuales (338 millones) y plantilla (473 millones). Unos costes que no se pudieron compensar, pese a que las aportaciones -del Estado, de la tasa radioeléctrica y de las televisiones– crecieron hasta los 1.066 millones. El presupuesto para la corporación se definió en 1.200 millones para este año y debería ser similar para el próximo.
Las cuentas anuales de 2023 indican que los 688,7 millones en pasivo se dividen en un pasivo corriente (que debe ser pagado en un plazo de un año) de 584,4 millones y un pasivo no corriente (a largo plazo) de 104,3 millones. Entre las obligaciones inmediatas, destaca una deuda con entidades de crédito de 244,5 millones, con acreedores comerciales de 198,6 millones y provisiones (pagos que se deben realizar, pero que no están completamente cuantificados) de 119,8 millones. En el caso del pasivo a largo plazo, 80,1 millones son deudas y otros 24,1 millones provisiones.
Pasivo de RTVE
Dentro de las provisiones, la partida más importante es la estimación de gasto en sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual por 104,7 millones de euros, seguida de las obligaciones por prestaciones del personal por 14,2 millones. Dentro del pasivo también se encuentran garantías comprometidas con terceros por valor de 89,5 millones, entre las que destacan avales con Caixabank por 72 millones y con BBVA por unos 17 millones.
En cuanto a las deudas con entidades de crédito, se deben 140,1 millones en préstamos a plazo, otros 61 millones en líneas de factoring y 43 millones en líneas de crédito. La particularidad es que se ha disparado el pago por intereses (gastos financieros) hasta los 8,1 millones en 2023, frente a los 140.000 que se abonaron el año anterior.
Por su parte, la partida de ‘otros pasivos’ corresponde a deudas a largo y corto plazo transformables en subvenciones, donaciones, legados y deuda de los proveedores de inmovilizado. De estos 101,4 millones, la gran mayoría corresponde a la subvención de explotación plurianual de carácter reintegrable por valor de 76,8 millones del Proyecto HAZ y de la subvención de 16 millones de Red.es para la sensibilización en materia de competencias digitales.
Acreedores comerciales
Las dos subvenciones nacen del Plan de Recuperación y Resiliencia y se sacan de los fondos europeos Next Generation. La ley indica que estos recursos son deuda hasta que se cumplan los objetivos de la subvención y que se demuestre que se han gastado con los objetivos establecidos. A medida que se vayan cumpliendo, se pueden ir traspasando a ingresos. Bajo esta modalidad, en 2023 se trasladaron 16 millones de esta partida a la cuenta de pérdidas y ganancias.
Finalmente, dentro de los acreedores comerciales (198,6 millones), la mayoría (171,5 millones) corresponde a acreedores varios y 24,5 millones a deudas con Administraciones públicas: 12,3 millones correspondientes al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y 12,12 millones a la Seguridad Social.