La industria del automóvil, en pie de guerra ante el fiasco del decreto 'ómnibus'
Todo el sector solicita la prórroga del plan MOVES III por la vía de urgencia
Imagen del proceso de fabricación de un modelo de Škoda. | Škoda
Ha sido un revés para el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque hay muchos afectados y de diversa índole. El pasado miércoles, Partido Popular, Vox y Junts, se negaron a aprobar el llamado decreto ‘ómnibus’ en el que el Ejecutivo impulsaba un paquete de medidas de una tacada. Pero el portazo en la cara del presidente se ha llevado por delante, entre otras cosas, las ayudas al coche eléctrico. En buena lógica, toda la industria relacionada ha puesto el grito en el cielo.
Las cuestas arriba le sientan mal a los vehículos a batería. Consumen en mayor medida su energía si la rampa está muy empinada, y ahora el Parlamento español le acaba de tirar un balde de agua aceitosa. El Gobierno quiso meter muchas leyes dentro de una jugada única con su propuesta ‘ómnibus’. Los 171 votos a favor fueron insuficientes contra los 177 en contra, y saltaron por los aires decenas de regulaciones, algunas ya establecidas y en funcionamiento, con un cierto grado de necesidad. Una era el Plan MOVES III.
El Gobierno español impulsa este programa, con subvenciones a los compradores de vehículos con bajas o nulas emisiones. La idea alberga varias intenciones: remozar un parque móvil que se acerca peligrosamente a los quince años de media, retirar de las calles miles de coches que pertenecen a otro tiempo y son mucho más contaminantes que los actuales, y actualizarlos de forma que su grado de accidentalidad por causas mecánicas se redujera.
De forma habitual y con pequeñas excepciones para vehículos comerciales o de muchos pasajeros, el MOVES III, tercera edición del primer protocolo de ayudas, cedía ayudas de 4.500 euros a todo aquel que comprase un vehículo con etiqueta ECO o Cero; 7.000 si además traía un coche para achatarrar. El sistema es lento, farragoso, confuso, el dinero tarda no meses, sino años en llegar, y luego hay que tributar por lo recibido porque Hacienda lo considera un incremento del patrimonio. En pocas palabras: es malo.
En otros países, como Portugal, han encontrado fórmulas que funcionan infinitamente mejor y con resultados espectaculares en cuanto a la electrificación, con una penetración que ronda el 20%. Sin embargo, el Gobierno aquí se ha enrocado en un bucle infinito de algo que se sabe es muy mejorable. El MOVES III acababa en julio de 2024, y se prorrogó durante al menos un año, hasta acabar junio de 2025. El problema es que esta medida se tenía que aprobar en el fallido decreto ‘ómnibus’, que queda ahora en suspenso.
Se espera que aquellos que comprasen su vehículo hasta el día de la votación recibirán su ayuda, pero solo aquellos que dieran la entrada o el pago antes de la fecha de publicación de este artículo, el 24 de enero. Hasta nueva orden, los que lleguen después no recibirán ayuda alguna a pesar de lo anunciado con anterioridad, lo que remite a concesionarios y vendedores a un limbo que con toda seguridad va a afectar a las ventas.
Es una nueva china en el zapato de una tecnología que se implanta a cámara lenta en nuestro país, a pesar de las directrices europeas. Se ha demostrado que en el momento en que las ayudas cesan, las ventas de coches enchufables, ya sean híbridos o eléctricos puros, caen en picado. Pasó en Alemania, donde los coches se empezaron a amontonar en los escaparates de las concesiones cuando cesaron las subvenciones. En el mayor mercado de vehículos eléctricos de la Unión Europea, rebajó sus ventas en un 27,4% cuando esto ocurrió, según la ACEA, la asociación de fabricantes.
En 2024, el mercado español del coche eléctrico puro creció un 4,21 %, pero su cuota de mercado sigue siendo casi testimonial; no llega al 6%. Si se le suma al híbrido enchufable —el grupo de los llamados por la industria china «coches de nueva energía»—, apenas llegan al 12%. Según la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam), necesitarían ser el doble para cumplimentar las previsiones de Bruselas con vistas a 2030. Para alcanzar los objetivos de descarbonización sería necesario que este tipo de vehículos se matricularan el doble, hasta alcanzar el 25% del mercado.
La noticia ha hecho saltar a todos los colectivos relacionados, fabricantes, marcas, proveedores, porque nadie se esperaba esto. Es de esperar algún tipo de reacción gubernamental para dar continuidad al programa MOVES, que aunque muy mejorable, ejercía de contrapeso al incremento de precios con respecto a los equivalentes de combustión.
Sin ayudas, no hay ventas
Por norma general, los mismos coches, mismos modelos, potencia equiparable, pero con motores híbridos o eléctricos, tiene una diferencia de precio de alrededor de un 20-25%. Ese salto se amortigua con las ayudas que, de momento y hasta que el Congreso tome medidas específicas, están congeladas.
La noticia remite al coche eléctrico al peor de los escenarios posibles, y para las marcas supone un castigo doble. Al coste de desarrollo, a la lenta acogida por parte del público, al cambio en sus líneas de producción, con algunas dando pasos atrás ante el poco éxito de sus modelos a batería. La nueva situación va a ralentizar las ventas en unos coches que, si no salen por la puerta, no compensarán las emisiones de sus hermanos de combustión, lo que elevará las multas de la Unión Europea a las marcas que se excedan de los imposibles 93,6 gramos de CO₂ y kilómetro recorrido impuesto.
Todos de acuerdo
Todas las asociaciones del ramo como ANFAC, Faconauto, o Ganvam, las marcas que producen en España, incluidas las de motos eléctricas, han dado la voz de alarma ante las graves consecuencias de la inédita situación. Por eso, todo a una, solicitan la prórroga del plan MOVES III para la compra de vehículos eléctricos por la vía de urgencia. Tremendo jarro de agua fría el recibido por la industria, que al menos merece claridad y que se cumpla lo prometido.
