La Justicia europea multa a España con 12 millones por la mala depuración de aguas residuales

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a España a una multa millonaria por tardar en adecuar a la normativa europea los sistemas para la depuración de aguas residuales urbanas en distintos municipios del país.

La sentencia dictamina que, además de la suma de 12 millones de euros, España deberá abonar a la Comisión Europea una multa coercitiva de casi 11 millones de euros por cada semestre que se mantenga el incumplimiento de la normativa, a partir de este miércoles 25 de julio.

La batalla legal comenzó en el año 2010, cuando el organismo internacional denunció la inexistencia de sistemas colectores y de tratamiento para las aguas residuales en distintas aglomeraciones urbanas. El TJUE falló a favor de la Comisión en una sentencia que se dictaminó el 14 de abril de 2011, en la que se alegaba que España no había adoptado todas las medidas necesarias para el cumplimiento de la normativa europea vigente.

El año pasado el organismo internacional volvió a llevar al estado español ante los tribunales porque continuaba sin cumplir la sentencia en 17 localidades. Por este motivo, se solicitó una multa coercitiva de 171.217 euros por cada día de retraso y una suma a tanto alzado de 19.303 euros por cada día que pasara entre la fecha de la sentencia de 2011 y la ejecución plena de la misma. En la sentencia que se ha publicado este miércoles, el TJUE recoge que España sigue sin cumplir su obligación de acatar la sentencia de 2011 porque a fecha del 31 de julio de 2013, cuando finalizaba el plazo fijado por la Comisión Europea para su ejecución, las aglomeraciones urbanas no disponían de los sistemas colectores y de tratamiento de aguas residuales adecuados.

Los territorios en los que se han detectado estas irregularidades son: Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja, Barbate, Gijón este, Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira, Vigo, Benicaró, Peñíscola, Teulada-Moreira, Valle Guerra noreste y Valle de Güímar.

El tribunal ha argumentado que al no acatar la sentencia se está perjudicando al medio ambiente, por lo que se trata de un «incumplimiento grave» y que, a pesar de los «significativos» esfuerzos de España, el carácter «especialmente prolongado» de la infracción constituye «una circunstancia agravante». Además, plantea que como no se trata del primer proceso judicial al que se enfrenta el país por este motivo, queda justificada «la adopción de una medida disuasoria» para evitar «que se repitan en el futuro infracciones análogas».

La plena ejecución de la sentencia no se producirá antes del año 2019.