El pulso nacionalizador (I)
No tiene sentido económico, pero encaja con el ‘talante’ de Sánchez que el sector público tome posiciones en firmas
Fachada de Telefónica. | Europa Press
En 1997 terminó la privatización de Telefónica, con la venta del último 20,9% de la propiedad, que hasta entonces aún mantenía el Estado, en el marco del Programa de Modernización del Sector Público Empresarial impulsado por el Gobierno de Felipe González y el primer Gobierno de Aznar y por las recomendaciones europeas, orientadas para la apertura de sectores clave al capital privado. En el caso de España, esta «apertura al capital privado» se convirtió en una salida prácticamente total del Gobierno de las principales empresas públicas.
En el caso de otros países, como Alemania, Francia e Italia, mantuvieron una parte de sus participaciones en empresas de sectores estratégicos. 26 años después, el Gobierno de Pedro Sánchez ha autorizado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la compra de acciones de la compañía hasta alcanzar el 10% de la propiedad y superar por la mínima la anunciada entrada en el accionariado de Arabia Saudí, operación aún pendiente de formalización.
Una de las definiciones más extendidas sobre economía es la que dice que la economía es una ciencia que se ocupa de la asignación de forma eficiente de recursos escasos entre usos alternativos. Esta definición incluye algunos elementos a destacar. Habla de la economía como una «ciencia», pues la economía se incluye en el ámbito de las Ciencias Sociales. La observación de la realidad y el uso de datos objetivos permite la formulación de hipótesis que pueden ser contrastadas para su aceptación o refutación.
Hace referencia a los «recursos escasos», ya que, si los recursos de que disponemos fueran infinitos, no tendría sentido tratar de organizarlos y la economía no existiría. Para las personas, los dos principales recursos que determinarán nuestras decisiones serán el tiempo y el dinero. El papel de la economía empieza con la asignación de esos recursos, que son escasos, de una forma eficiente.
En el caso de la adquisición parcial por parte del Gobierno, que por el momento se cifra en un 10% de Telefónica, el valor estimado de la operación supondría un desembolso de 2.200 millones de euros por parte de la SEPI, aunque la cantidad final es difícil de especular. Con ese 10% el Estado será el mayor de los socios minoritarios, seguido por BBVA con el 4,87%, Blackrock con el 4,48% y Caixabank con el 3,5%. Además, el Estado mantiene un 17% en Caixabank a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Algunas personas afirman que el negocio del Estado primero nacionalizando y luego renacionalizando ha sido ruinoso. Resultaría así si tomamos el valor actual de Telefónica y analizamos la pérdida de dividendos que habría obtenido el Estado durante los 26 años transcurridos desde su privatización total, restándole el precio de esta adquisición ahora anunciada y el coste de las ampliaciones de capital no soportadas. La pregunta que hay que realizar es si Telefónica habría logrado ser la Telefónica que hoy conocemos sin este proceso de privatización.
Volviendo a la definición de economía antes citada, y teniendo en cuenta la escasez de recursos de que dispone el Estado (la deuda pública ha escalado del 40% del PIB en 2008 al 110% en 2023), y siendo el papel de los economistas el de organizadores de unos recursos escasos de forma eficiente entre usos alternativos, esos miles de millones de euros de inversión del Estado en Telefónica podrían ofrecer otras muchas opciones en beneficio de la ciudadanía.
No tendría sentido económico, aunque sí encajaría con el ‘talante’ del Gobierno de Pedro Sánchez, que el sector público empezara a adquirir posiciones en determinadas compañías, bajo pretexto de considerarlas estratégicas, donde se pudiera ejercer un control político de la actividad del sector privado. En economía importan las tendencias, y la entrada del Estado en Telefónica es la señal de una posible tendencia.
